El pulso entre Bruselas y Budapest continúa. El gobierno húngaro se lamenta desde hace meses de que ha sido «condenado sin juicio», de que la comunidad y la prensa internacional les ha sentenciado «sin tener toda la información», como denunció el propio primer ministro, Viktor Orbán, ante el Parlamento Europeo. Pero ni siquiera con una […]
El pulso entre Bruselas y Budapest continúa. El gobierno húngaro se lamenta desde hace meses de que ha sido «condenado sin juicio», de que la comunidad y la prensa internacional les ha sentenciado «sin tener toda la información», como denunció el propio primer ministro, Viktor Orbán, ante el Parlamento Europeo. Pero ni siquiera con una investigación a fondo -como la iniciada por la Comisión Europea, que le abrió en enero tres procedimientos de infracción por algunas de sus reformas legales- las explicaciones de Budapest son suficientes para aplacar las preocupaciones europeas.
Budapest auguró que Bruselas daría rápidamente carpetazo a sus pesquisas, pero se equivocó. El gobierno húngaro sólo ha satisfecho a medias las dudas de la Comisión Europea en lo referente a la independencia del Banco Central de Hungría. Y si en un mes no toma medidas para asegurar la independencia de sus sistema judicial y de su autoridad nacional de protección de datos, Bruselas lo denunciará ante el Tribunal de Justicia de la UE, donde los conflictos podrían tardar al menos dos años en resolverse.
Analistas y políticos vaticinan que, pase lo que pase con estos expedientes de infracción europeos, va a haber Orbán para rato en Hungría. Sea o no reelegido en las urnas, su influencia -y la de su partido, Fidesz- en la vida política del país va a ser muy difícil de diluir. «Realmente quieren hacer historia, trazar una línea simbólica entre los 20 años anteriores y el actual gobierno», afirma Peter Kreko, analista de la consultora Political Capital.
«No fue casualidad que el presidente firmara la nueva Constitución el día que se cumplía el primer aniversario de la victoria electoral de Fidesz. Dicen que ellos son la nación, que cada paso que dan es por voluntad del pueblo… Pero aunque tuvieron muchos votos (53%) no representan a todos». La polarización del país – y el auge de la extrema derecha– ha ido en aumento desde el fin del comunismo. Lo reflejan los vuelcos electorales de los últimos años, la prensa (abiertamente pro Orbán o radicalmente en contra) y la dinámica política de las instituciones.
Hungría, recuerda a menudo el gobierno, era el único país del Este que no había podido pactar una nueva Constitución post-comunista, sólo enmendar la anterior. Ahora tiene una nueva Ley Fundamental pero no porque al fin haya habido consenso sino porque Fidesz la ha adoptado por su cuenta, valiéndose de su control del 68% de los escaños del Parlamento.
«La oposición se negó a colaborar», explicaba en enero en Budapest el eurodiputado de Fidesz Jozsef Szajer, que participó en la redacción de la nueva Constitución. «Dejamos la puerta abierta hasta el último momento» pero, añadía, «no podíamos renunciar a esta oportunidad histórica porque los otros partidos, por razones tácticas, bloquearan el proceso. Llevamos 20 año esperando, la gente quiere que hagamos grandes cambios».
Más allá de su misión nacional, la agenda de Orbán tiene una dimensión oportunista, advierten sus críticos, entre ellos algunos que lucharon con él por la llegada de la democracia a Hungría y que en enero firmaron una carta abierta para denunciar la deriva autoritaria del antiguo disidente. De ser un partido de ideología liberal, recuerda Bálint Magyar, ex ministro del partido liberal, el Fidesz de Orbán ha pasado a ser profundamente conservador e intervencionista en la economía con el fin de ampliar su base electoral. También ha renegado de la separación entre Iglesia y Estado que antes defendía y abrazado, en cambio, el populismo social.
Magyar, ex ministro y sociólogo de formación, dice no sorprenderse de nada, «salvo de los que ahora se sorprenden» porque Orbán «esté aplicando al Estado y a la sociedad las mismas técnicas que usa en su propio partido para que le obedezcan». No descarta que Orbán opte en el futuro al puesto de presidente para seguir dirigiendo la política nacional sin la responsabilidad de gestionar la economía. «Igual que (Vladimir) Putin en Rusia», apunta.
También sin consenso, el gobierno de Orbán ha decidido nombramientos en instituciones de control democrático como el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía general o el Consejo de Medios y ha ampliado su mandato en varios años. En el futuro, además, sólo se podrán renovar con el voto a favor de tres cuartas partes del Parlamento y en caso de que no haya acuerdos sobre la renovación, sus titulares permanecerán en el puesto de forma interina, en lugar de dejarlo vacante. El gobierno afirma que la reforma evitará la parálisis en instituciones clave del Estado, mientras la oposición cree que es una forma más de Fidesz de extender sus tentáculos a todas las esferas del poder y consolidar su poder.
Otra de las reformas de Orbán más polémicas – sobre la que la UE no tiene competencia- afecta al sistema electoral. «Está diseñado para que les ayude a seguir en el poder al menos cuatro años más. No digo que vaya a ser imposible echarlos, pero va a ser mucho más difícil. Los cambios sirven al objetivo de Fidesz de seguir en el poder», afirma el analista de Political Capital. Y en el caso poco probable de que pierda las elecciones, Fidesz podrá hacer la vida imposible al nuevo gobierno: «Han reformado algunas leyes para que ya no baste con una mayoría simple para cambiarlas», por ejemplo la fiscalidad. «Fidesz podrá paralizar la acción del próximo gobierno si no cuenta con esa mayoría», señala Kreko.
Fuente: http://blogs.lavanguardia.com/bruselas-navarro/?p=151