Tras las elecciones generales portuguesas del pasado mes de octubre parecía improbable que el fruto de las mismas pudiera tener tanto recorrido. El Partido Socialista, dirigido por António Costa, tenía que elegir entre su total rendición ante el centro derecha o un giro a la izquierda, presionado por la mayoría relativa de la coalición de […]
Tras las elecciones generales portuguesas del pasado mes de octubre parecía improbable que el fruto de las mismas pudiera tener tanto recorrido. El Partido Socialista, dirigido por António Costa, tenía que elegir entre su total rendición ante el centro derecha o un giro a la izquierda, presionado por la mayoría relativa de la coalición de centro derecha que ha gobernado en Portugal durante los años de la troika por un lado, y una izquierda emergente por otro. La presión del Bloque de Izquierda para tumbar el gobierno de centro derecha y apoyar un gobierno del Partido Socialista con ayuda del Partido Comunista y los Verdes dio sus frutos cuando los socialistas, con el 28 % de los votos, y la izquierda, que representaba cerca del 20 %, se unieron en el parlamento y votaron en contra del programa del gobierno de coalición de la derecha, forzando al derechista presidente de la República a encargar a Costa la formación del gobierno en contra de su voluntad.
Los acuerdos multilaterales establecidos por el Partido Socialista con cada uno de los demás partidos han determinado una parte importante del programa del nuevo gobierno: los socialistas se comprometieron a no seguir recortando el Estado de bienestar, a compensar las rebajas de salarios y pensiones, a incrementar el salario mínimo, a detener las privatizaciones y a restablecer la negociación colectiva para los trabajadores. Además, se acordó combatir la precariedad laboral, prohibir los desahucios, poner fin a los exámenes estandarizados para los niños, otorgar plenos derechos de adopción a las parejas gays y lesbianas, revertir las restricciones del gobierno anterior al derecho al aborto y a dar marcha atrás a muchas de las políticas impulsadas por el gobierno anterior de Passos Coelho.
Desde que asumió el poder, el 26 de noviembre, el gobierno del Partido Socialista, apoyado en el parlamento por la izquierda, se ha atenido a lo acordado con el Bloque de Izquierda, el Partido Comunista y los Verdes. La reversión de la privatización de la compañía aérea pública TAP (cuya privatización fue acordada por el consejo de ministros del gobierno anterior en el breve periodo en que estuvo en funciones) está sobre el tapete, mientras que las concesiones del transporte público a empresas privadas en Oporto y Lisboa han quedado completamente anuladas. Las parejas homosexuales pueden ahora adoptar, las restricciones al aborto han sido levantadas, se han promulgado nuevas leyes que protegen a las familias acosadas por las deudas frente a las ejecuciones judiciales y los desahucios, los niños de 8, 10 y 12 años ya no tendrán que someterse a exámenes obligatorios de matemáticas y lengua portuguesa, el impuesto suplementario que había establecido el gobierno anterior se reducirá en dos tercios para la mayoría de asalariados de renta media y eliminado para quienes ganan menos de 801 euros.
Se ha negociado el aumento del salario mínimo y, en contra del parecer de las asociaciones empresariales, se ha acordado subirlo a 600 euros para 2019 (era de 485 euros en 2015, ha ascendido a 505 euros en 2016 y se incrementará como mínimo un 5 % cada año). Esta fue una de las primeras disputas en el seno de la alianza, pues los comunistas y también el Bloque deseaban un aumento inmediato en 2016. Un comité para combatir la precariedad laboral ha iniciado su labor, centrándose principalmente en los trabajadores autónomos.
El Bloque de Izquierda ha nombrado al antiguo portavoz del partido, Francisco Louçã, para representarlo en el Consejo de Estado, un órgano que asesora al presidente de la República (la elección presidencial tendrá lugar el 24 de enero). Es la primera vez que el partido está representado en el Consejo. El Partido Comunista, el Partido Socialista y los partidos que conformaban la coalición de derechas -ahora disuelta-, el Partido Socialdemócrata y el Partido Popular, han nombrado a su vez a sendos consejeros.
Los ataques virulentos de la derecha contra el nuevo gobierno se han reducido prácticamente a cero, especialmente desde que estalló el escándalo de un nuevo desastre bancario. El gobierno anterior había inyectado 1 100 millones de euros en BANIF, un banco privado con sede central en Madeira y dirigido por Luís Amado, ex ministro del Partido Socialista. En 2012 recibió un «préstamo» de la troika de 1 100 millones de euros, de los que solo ha devuelto 275 millones (y todavía debe 125 millones de euros desde diciembre de 2014). En diciembre de 2015, las acciones del banco se hundieron a un valor casi nulo cuando finalmente se supo que la entidad estaba en quiebra. Estaba en quiebra y era insolvente desde el programa de «salida limpia» de la troika, anunciado a bombo y platillo por el anterior primer ministro, Passos Coelho.
En colusión con el jefe del Banco de Portugal (el banco central portugués), la situación se ocultó por razones electorales hasta que finalmente saltó a la luz pública tres semanas después de que se constituyera el nuevo gobierno. El Banco Central Europeo presionó abiertamente al gobierno, de manera que hubo que rescatar el banco (menos de un mes antes de que se pusiera en práctica la nueva política de recapitalización interna de las entidades en quiebra por parte de la UE) por 2 200 millones de euros. Después de esto, la Comisión Europea forzó la entrega de la entidad al macrobanco español Banco de Santander a cambio de tan solo 150 millones de euros, con una amnistía fiscal de 289 millones más. La Comisión Europea ordenó al gobierno portugués que diera dinero al Santander, rechazando su propuesta de incorporar el BANIF a la Caixa Geral de Depósitos, el banco público (y más grande) de Portugal. En el parlamento, el Bloque de Izquierda, los Verdes y el Partido Comunista votaron en contra del nuevo rescate. Fueron el «sí» del Partido Socialista y la abstención de los diputados del derechista Partido Socialdemócrata los que aprobaron una vez más la política del euro de salvar bancos de la manera habitual, con dinero público, en vez de mantener el banco en manos públicas después de haber pagado por él con dinero público. Esta primera grieta importante en el apoyo al nuevo gobierno es muy relevante, y también ha marcado el final de la coalición de derechas con la dimisión del antiguo dirigente del CDS-PP (el socio menor de la coalición) y ex viceprimer ministro Paulo Portas, lo que supone el fin de un ciclo para la derecha.
Cuando se trata de la banca y las finanzas, el Partido Socialista muestra su coherencia en el apoyo a las normas europeas de aplastar a la gente mientras se rescata a los bancos. De nuevo sobre la cuestión de otro banco anteriormente rescatado (el antiguo Banco Espírito Santo, ahora Novo Banco), que estaba en manos del gobierno, se decidió liquidar sus activos tóxicos nuevamente constituidos (esta vez con dinero privado) antes de devolverlo a manos privadas. La UE presiona permanentemente a favor de la entrega del sistema financiero portugués a los grandes grupos financieros europeos. El Bloque de Izquierda manifestó su oposición a esta decisión, apoyado por algunos diputados rebeldes del Partido Socialista.
Las primeras semanas del nuevo gobierno portugués han permitido algunos avances importantes en cuestiones sociales, poniendo freno temporalmente a las políticas de empobrecimiento e incluso mejorando algunos aspectos, pero la presión ejercida por la UE -esta vez no desde el Eurogrupo, sino a través del BCE y la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea- demuestra lo lejos que estamos todavía del final de los años de la troika. La aceptación por el Partido Socialista de las dañinas políticas europeas seguirá poniendo de manifiesto las contradicciones entre la normativa europea, el bienestar social y la constitución portuguesa. Sin duda estas contradicciones provocarán, pronto o tarde, un choque de trenes con el acuerdo suscrito con la izquierda, con lo que los socialistas deberán afrontar la misma situación que el día después de las elecciones de octubre. Esperemos que antes de que esto ocurra veamos cambios importantes en España e Irlanda, donde las elecciones pueden acabar con la hegemonía del Partido Popular Europeo y los intereses del 1 % que representan.
João Camargo, militante del Bloco de Esquerda, electo municipal en Amadora y animador del movimiento Que se lixe a troika (Que se joda la troika) y de Precários Inflexíveis
Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article10871
Traducción: VIENTO SUR