La manipulación mediática ha conseguido fijar en la mente de la ciudadanía la idea de que el panorama está dilucidado y que el próximo presidente será el general de mano dura, Otto Pérez Molina. La población guatemalteca mayor de 18 años ha sido convocada para asistir a las urnas electorales el 11 de septiembre, dentro de […]
La manipulación mediática ha conseguido fijar en la mente de la ciudadanía la idea de que el panorama está dilucidado y que el próximo presidente será el general de mano dura, Otto Pérez Molina.
La población guatemalteca mayor de 18 años ha sido convocada para asistir a las urnas electorales el 11 de septiembre, dentro de un proceso marcado como pocas veces por la incertidumbre acerca de la participación de algunos candidatos y, en particular, por un agitado clima de violencia que, no obstante, solo en casos aislados ha tenido como protagonistas a personas vinculadas con el quehacer político.
Y aunque en el escenario hay 9 candidatos haciendo propaganda, lo cierto es que a menos de 45 días de la fecha sólo cinco han sido legalmente inscritos y dos han sido rechazados pero esperan la resolución de recursos legales que podrían autorizar su participación.
Las encuestas pagadas por medios de Prensa escrita (a los que se atribuye vínculos cada vez menos disimulados con la oligarquía guatemalteca) anticipan que los dos candidatos con más posibilidades de victoria son el general Otto Pérez Molina y la ex Primera Dama, Sandra Torres. Sin embargo, la participación de esta última, al igual que la de otro aspirante, el pastor protestante Harold Caballeros, han sufrido tropiezos al ser denegadas sus respectivas inscripciones por parte de la dependencia rectora del proceso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Torres es postulada por una coalición de centro izquierda formada por el partido oficialista, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la organización Gran Alianza Nacional (Gana), que en el pasado respaldó al ex mandatario, Oscar Berger. Caballeros tiene el apoyo de su partido, Visión con Valores, de centro derecha, el cual participa por primera vez en elecciones.
Sandra Torres se divorció del Presidente Álvaro Colom, según afirma, para disipar cualquier sombra de duda acerca de la prohibición constitucional (Artículo 186), que impide a los parientes del Presidente postularse a dicho cargo. A Caballeros se le imputó otra prohibición, también de rango constitucional, y es la que tiene dedicatoria para quienes se desempeñen como ministros de religión o culto.
Pese a que ambos alegan que no se encuentran dentro de las limitaciones mencionadas, la decisión de marginarlos ha avivado la polémica, con el agravante de que generó una fuerte estela de desconfianza hacia los magistrados electorales. Se dice, por ejemplo, que la resolución negativa le fue dictada al TSE por abogados vinculados con esos grupos empresariales. En otros casos se ha mencionado que su Presidenta, María Eugenia Villagrán tiene vínculos con el Partido Patriota, vía su esposo, ex compañero de armas del presidenciable Otto Pérez Molina. Incluso, se ha recordado que la funcionaria actuó irresponsablemente en el año 2009, cuando en compañía de representantes de la cúpula empresarial acudió a Honduras a darle un espaldarazo a Roberto Michelleti tras encabezar el golpe de Estado contra el ex Presidente Manuel Zelaya.
Cada una de las organizaciones políticas afectadas ha emprendido acciones ante otras instancias, como la Corte Suprema de Justicia, y sus dirigentes no descartan acudir ante la Corte de Constitucionalidad, como última opción en la búsqueda de revertir el fallo para que Caballeros y Torres aparezcan en las papeletas.
Mientras, los seguidores de Torres han emprendido manifestaciones pacíficas de protesta en varios puntos de la ciudad, hecho satanizado por la Prensa escrita al comparar estas actividades con los disturbios públicos protagonizados en el año 2003 por seguidores del militar acusado de genocidio, Efraín Ríos Montt, y que concluyeron con la autorización, pese a impedimento constitucional, para participar en las elecciones generales de aquel entonces. No obstante y pese a los agoreros, las protestas de las huestes de Torres hasta hoy no han dado lugar a incidentes violentos.
Este viernes 29 de julio, la Corte Suprema de Justicia celebrará una vista pública en el caso Torres, una de las últimas acciones que permite el sistema antes de que los magistrados se pronuncien a favor o en contra de la solicitud de inscripción pero, dependiendo de la respuesta, la ex Primera Dama aún puede apelar ante la Corte de Constitucionalidad.
Disyuntivas
La manipulación mediática ha conseguido fijar en la mente de la ciudadanía la idea de que el panorama está dilucidado y que el próximo presidente será el general de mano dura, Otto Pérez Molina. Como parte de la estrategia, la Prensa ha minimizado las denuncias presentadas ante tribunales contra este militar, por su presunta corresponsabilidad en delitos de lesa humanidad durante el pasado conflicto armado interno.
Aunque Pérez Molina ha contado con el respaldo cómplice del embajador de Estados Unidos, Stephen Macfarland (removido de su cargo por sus reprochables vínculos con personajes de la oligarquía nacional), es un hecho que en su calidad de mayor y director de inteligencia militar en plena guerra, necesariamente debió participar en acciones de tierra arrasada contra poblaciones indígenas, toda vez que perteneció a un ejército de inequívoca inspiración represiva.
¿Qué ocurrirá si Torres y Caballeros, finalmente no son inscritos? Esta es una pregunta que ronda entre los analistas y expertos. Algunos políticos que les siguen en las encuestas apuestan a que los seguidores de ambos verán en ellos una opción a sus aspiraciones. En el caso de Torres aún no está claro si tomaría partido a favor de alguna opción distinta, pero lo que sí es cierto es que al ser su partido uno de los pocos que presenta candidatos a alcalde en todos los municipios del país, ello le otorga una fuerza poderosa que deberá cultivar con miras a una eventual participación dentro de cuatro años.
Pero si fuera inscrita, y aunque la Prensa ha manejado la especulación de que su sola participación le facilitaría las cosas al candidato Pérez Molina, hay estudios de opinión que demuestran que sería precisamente lo contrario y que, hoy por hoy, ella sería la única candidata con capacidad para impedir el ascenso del sombrío militar.
Fuente original: www.suramericapress.com