Panamá, pequeña república centroamericana, más conocida por el canal que une los oceános Atlántico y Pacífico, saltó a las primeras páginas de los diarios del continente durante el pasado mes de junio, cuando una dura huelga general de 29 días enfrentó los intentos de reformas neoliberales a su sistema de Seguridad Social. Seguridad Social y […]
Panamá, pequeña república centroamericana, más conocida por el canal que une los oceános Atlántico y Pacífico, saltó a las primeras páginas de los diarios del continente durante el pasado mes de junio, cuando una dura huelga general de 29 días enfrentó los intentos de reformas neoliberales a su sistema de Seguridad Social.
Seguridad Social y pensiones, nuevas víctimas del neoliberalismo
Las reformas neoliberales a la Seguridad Social y a los sistemas de pensiones constituyen la última moda de la política neoliberal en todo el mundo. Desde Estados Unidos hasta Europa, pasando por Latinoamérica, el capital financiero imperialista, capitaneado por el FMI y el Banco Mundial, intenta pasar los fondos públicos de pensiones a la banca privada. A la vez se pretende limitar los servicios y derechos que brindan los sistemas de seguridad social de los asalariados, incluyendo: aumentos de la edad de jubilación, ruptura del esquema solidario, imposición de cuentas de ahorro individuales, recortes en la cobertura de salud y del número de beneficiarios.
En Estados Unidos, por ejemplo, uno de los principales objetivos de la segunda administración de George W. Bush consiste en la privatización total de los fondos de pensiones, pasándolos al esquema de cuentas individuales, por la cual los jubilados sólo cobrarán el monto ahorrado más el interés devengado, y el aumento de la edad de jubilación hasta 70 años.
La razón evidente de la nueva ola reformista del neoliberalismo contra los sistemas de pensiones es enfrentar la crisis crónica del capitalismo mundial, sometiendo a la especulación del mercado los miles de millones de dólares que representan los sistemas de pensiones. Pese a que reformas anteriores impuestas, desde los años ochenta, prácticamente han depredado otras áreas del sector público (con las privatizaciones), los sistemas de pensiones en muchos países han escapado hasta ahora del saqueo financiero gracias a la resistencia de los sectores laborales. Tal es el caso panameño.
Banco Mundial tras la reforma panameña a la Seguridad Social
Desde el quinquenio anterior, bajo el gobierno de Mireya Moscoso, se firmó una Carta de Intenciones al Banco Mundial un compromiso para proceder a la reforma del sistema de pensiones panameño, bajo el supuesto falso de que el aumento de la esperanza de vida y el número de los beneficiarios, llevaría en pocos años a una crisis actuarial de la Caja de Seguro Social, organismos público encargado tanto de proveer servicios de salud como de administrar los fondos de pensiones, los cuales, por ley sólo pueden estar depositados en el Banco Nacional.
Sin embargo, la expresidenta Moscoso no pudo enfrentar la resistencia sindical en este tema y, para evitar una crisis política, transó con el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), instancia coordinadora de todas las centrales sindicales, que la administración de la Caja de Seguro Social quedara bajo la dirección del economista Juan Jované, prestigioso docente universitario y feroz oponente del esquema neoliberal.
De manera que el asunto de la reforma quedó congelado, hasta 2003, cuando el gobierno presionado por los organismos finacieros y el sector empresarial, destituyó a Jované e intentó proceder. Pero fuertes movilizaciones, una huelga general de una semana y la proximidad de las elecciones presidenciales volvieron a congelar la reforma. Quedando el tema para ser resuelto por el nuevo presidente, el socialdemócrata Martín Torrijos, hijo del general Omar Torrijos, militar populista de los años setenta que se hiciera conocido por la lucha por la soberanía panameña en la Zona del Canal contra la presencia colonial norteamericana.
El socialdemócrata Torrijos impone la reforma neoliberal
Martín Torrijos, electo por una votación sin precedentes (47% del electorado), nunca dijo claramente cómo pretendía resolver este problema. Pero a poco de iniciar su mandato, en enero de 2005, quedó claro su apego al neoliberalismo con una primera reforma fiscal que aumentó los impuestos, en especial a las clases medias. Mientras, gastó millones en publicidad estatal para convencer a la población de que la Caja de Seguro Social estaba en quiebra y que una reforma era necesaria.
Finalmente, a fines de mayo de 2005, presentó su proyecto de ley, elcual contenía todo lo malo que se puede esperar: aumento de la edad de jubilación para hombres ( de 62 a 65 años) y para mujeres (de 57 a 62 años), aumento de las cuotas (del 7.25% del salario para el 9%), aumento de la densidad de las cuotas necesarias para cobrar la pensión (de 180 cuotas o 15 años de aportes a 300 cuotas o 25 años continuos de aportes), privatización de los fondos de pensiones mediante depósitos directos en la banca privada, nacional y extranjera, hasta compra de acciones, bonos e incluso títulos de la deuda externa, etc.
El único aspecto que se omitió fue el de las cuentas individuales, no por respeto a la «solidaridad» (mecanismo mediante el cual cada generación de trabajadores sostiene las jubilaciones presentes), sino porque significaría descapitalizar la banaca estatal, lo cual afectaría su otro gran proyecto, la ampliación del Canal de Panamá, el cual requerirá al menos 8,000 millones de dólares en empréstitos que asumirá el estado panameño.
Pese a la falsa promesa presidencial de consultar y proceder mediante el consenso, la bancada oficialista de la Asamblea de Diputados forzó rápidamente la aprobación de la ley, en menos de 10 días y Martín Torrijos sancionó la llamada Ley 17 el 1 de junio en medio de la huelga y una enorme movilización popular de 50,000 personas en la ciudad de Panamá, a la que hay que sumar decenas de miles movilizadas en las capitales de provincias.
Una huelga general sin precedentes en Panamá
Gremios docentes, obreros de la construcción, trabajadores de la salud, médicos y estudiantes protagonizaron una de las jornadas de lucha más impresionantes que recuerde su historia nacional. Hace 10 años que no se producía en Panamá una huelga obrera tan importante, desde la reforma al Código de Trabajo de 1995; y hace casi 20 años (dede 1986) que no se daba una huelga con carácter general y de alcance nacional contra una reforma neoliberal. Marchas tan grandes, que superaban las 50,000 personas, en un país de 3 millones de habitantes, no se recuerdan desde la lucha contra el régimen de Noriega, a mediados de los años 80. Pero las movilizaciones simultáneas en todas las capitales de provincia no tienen precedentes.
Es la primera vez en la historia del país que coinciden en una huelga y bajo una misma dirección sectores tan disímiles como obreros de la construcción, educadores, médicos, trabajadores de la salud y estudiantes, apoyados por algunos sindicatos de industria que se movilizaron y pararon parcialmente. Probablemente el único precedente de una unidad tan grande de los asalariados panameños sea el Movimiento Inquilinario de 1925 (!).
El marco de la unidad lo dio la constitución del Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social (FRENADESSO), una coordinadora gremial de funcionamiento asambleario, casi de tipo «soviético», para emplear la terminología clásica. Una vez por semana, a lo sumo cada quince días, unos 500 dirigentes gremiales a nivel nacional se reunían para seguir el curso de la lucha y decidir acciones. Allí se encontaban obreros de la construccióm docentes, empleados públicos, líderes estudiantiles eincluso médicos, quienes hasta ahora nunca habían participado de este tipo de organismos y luchas.
Génesis de una crisis política y oportunidad para un partido clasista
La huelga, que se inicia poco antes del 1 de junio, cuando el gobierno sanciona la Ley 17, aunque no fue total y no paralizó completamente la economía, gracias al papel traidor jugado por la burocracia sindical de corte socialdemócrata del CONATO (sindicatos de industria) y FENASEP (gremios del sector público), tuvo importantes consecuencias económicas y políticas. El balance de los técnicos de INDESA (Chapman) es que la economía en el mes de junio creció un cero por ciento (0%), sumando pérdidas superiores a los B/. 150 millones.
La huelga tuvo también un efecto político: arrasó con la alta popularidad del presidente Matín Torrijos y su gobierno, cuyo índice de aceptación cayó, desde el 58% en marzo para un 21% en junio, un desplome de 33.7% (La Prensa, 9/6/05). En este sentido, la huelga ha producido un tremendo avance de la conciencia de las masas, las cuales han roto todas sus ilusiones de que el gobierno del PRD significaría un real cambio en un país marcado por la corrupción y el neoliberalismo.
Estando todavía fresca en la memoria la repudiada actuación de la alianza de gobierno encabezada por Mireya Moscoso, el desprestigio del gobierno del PRD, marca el inicio de una crisis política difícil de capitalizar por los partidos patronales de «oposición». Si hoy hubiera elecciones presidenciales, ninguna de las alternativas de la burguesía sacaría más del 20% de los votos: Martinelli 16.6%, Endara 15.8%, Torrijos 6.7%, J.C. Navarro 9.7%, A. Vallarino 5.8% (Encuesta de Dichter & Neira, La Prensa 11/7/05).
La magnitud de esta lucha, como sus efectos políticos, colocan a Panamá en el mismo camino que atraviesan otros pueblos del continente en su enfrentamiento a las políticas neoliberales y a los regínemes democrático burgueses que los aplican siguiendo los dictados del imperialismo norteamericano. Con diferencia de matices y ritmos, Panamá se ha acercado en estas semanas a la experiencia de pueblos como el ecuatoriano, boliviano y venezolano.
Los hechos demuestran que existe un espacio político para construir un movimiento o partido popular, obrero y de izquierdas, como ha señalado reiteradamente el Movimiento Popular Unificado (MPU), organización política de izquierda socialista, en sus cinco comunicados semanales durante la huelga. Idea que fue bien acogida en el proceso de la lucha por los activistas.
Pero la crisis y el desprestigio no sólo abarcan al Ejecutivo encabezado por Torrijos, y al conjunto de los partidos políticos de gobierno y «oposición», sino que llega a la médula de todos los órganos del Estado, incluyendo a la Asamblea de Diputados y al sistema Judicial. Por ello, la consigna de Asamblea Constituyente está a la orden del día.
El golpe asestado por la huelga al gobierno es de tal magnitud que amenaza al resto de los principales proyectos de Torrijos: la ampliación del Canal y el TLC con Estados Unidos. Chapman, que es uno de los cerebros económicos de la burguesía panameña, ya ha propuesto postergar para fines del 2006 lo del TLC con EEUU y para el verano del 2007 el referéndum sobre la ampliación del Canal, que estaba proyectado para noviembre de este año.
El gobierno retrocede y maniobra con la Mesa del Diálogo El 25 de junio, Martín Torrijos presionado por la persistente huelga y las movilizaciones nacionales, que no habían decaído pese a la feroz represión que hizo pasar por las cárceles a más de 1,500 activistas, se ve obligado a suspender los efectos de la Ley 17 por 90 días y establecer una Mesa del Diálogo Nacional sobre la Seguridad Social, invitando a FRENADESSO,organismo al que había intentado desconocer.
Sin embargo, el Movimiento Popular Unificado (MPU) advertía en su volante del 26 de junio, que el resultado de la huelga era un triunfo, en la medida en que el gobierno tuvo que suspender la Ley 17 y abrirse a un diálogo con FRENADESSO, pero era una victoria parcial y momentánea, dado que la ley no ha sido derogada y persiste la voluntad del gobierno de imponerla.
La misma Mesa del Diálogo sobre la CSS, si bien es una conquista del movimiento, es también un arma de doble filo, pues este es un terreno en que el gobierno y la burguesía se mueven mejor, además tienen mayoría (sumados los mediadores Iglesia y Rectores, CONATO, CONEP y el Ejecutivo) pudiendo maniobrar para dividir a los sectores populares, como de hecho ya está pasando.
De allí que, en cuanto a la metodología, hayan surgido las primeras diferencias, ya que el gobierno ha impuesto el voto de mayoría, mientras que FRENADESSO, correctamente, exige que, de no haber consenso, sea el pueblo el que decida en base a un Referéndum.
En la medida en que la Mesa de Diálogo puede convertirse en un pantano, el MPU ha dicho que no debemos abandonar del todo la movilización en las calles. Que hay que continuar con piqueteos y marchas periódicas que den fuerza a los negociadores de FRENADESSO.
Otro problema del Diálogo es que ha permitido al gobierno recuperar en alguna medida las ilusiones de muchos sectores del pueblo, que creen que de allí saldrá la solución al problema de la Caja de Seguro Social. Por supuesto, la gente común siempre prefiere que las soluciones salgan sin confrontación, aunque la vanguardia de la lucha sabe de antemano que un acuerdo consensuado entre dos visiones completamente opuestas del problema es casi que imposible.
En este sentido, FRENADESSO ha propuesto discutir el problema de la Seguridad Social con el objetivo de hacer un nueva ley, pero el gobierno y sus aliados han impuesto que se discuta sobre la Ley 17. De modo que, en el mejor de los casos, lo que saldrá del diálogo serán modificaciones parciles a la Ley 17, la versión atenuada, pero en esencia la misma ley.
Un aspecto a denunciar es que el gobierno y su partido (PRD) están maniobrando para dividir a todos los gremios que pueda e imponer como voceros en el diálogo a sus títeres. Esta situación ya se ha expresado en la Coordinadora Magisterial, donde se ha impuesto al Prof. Carlos Baltazar, miembro del PRD, en desmedro de los dirigentes reales de la huelga. Otro tanto hace el PRD en la Federación de Asociaciones de Profesionales (FEDAP), donde maniobró, con la ayuda de la Iglesia, para sacar a Lic. Luis Chen, con una clara trayectoria antineoliberal, e imponer a una persona vinculada al oficialismo.
Para modificar la relación de fuerzas dentro de FEDAP a favor del gobierno, se procedió incluir Asociaciones fantasmas, e incluso una persona de apellido Adames pagó las cuotas atrasadas de varios gremios para que votaran contra Chen. También en la AMOACSS, gremio médico de la Caja de Seguro Social, se maniobra para desconocer a la actual dirigencia, que participó activamente en la huelga, encabezada por el Dr. Amado Samudio, imponiendo al expulsado Dr. Pérez Silva, primo de Torrijos.
Los retos del movimiento gremial panameño: movilizar y construir una alternativa política
Dos tareas se imponen a FRENADESSO para que no haya un retroceso: mantener la unidad de los sectores en lucha y acompañar la experiencia de la gente con la Mesa de Diálogo, sin cometer errores sectarios, usando los medios para explicar bien su posición. Más que dicutir sobre cosas secundarias, hay que ir al grano: publicitar la propuesta popular sobre la CSS y limitar el problema metodológico a una idea, que el pueblo decida mediante un Referéndum, porque es evidente que no habrá consenso.
Pero el gran reto histórico del movimiento sindical y popular panameño consiste en reflexionar con los activistas de base y los dirigentes populares la realidad de que la lucha contra la Ley 17 puede ganarse o perderse en la Mesa del Diálogo, dependiendo del grado de conciencia y movilización que logre mantener nuestro pueblo. Pero aunque el gobierno logre imponer su criterio neoliberal en la Caja de Seguro Social, el pueblo saldría ganando si la vanguardia construye una alternativa política popular que en las calles y en el terreno electoral presente esperanzas de futuro. De lo contrario, estaríamos regalando todo el esfuerzo para que sea canalizado por nuevas propuestas oligárquicas que ya se perfilan, como los empresarios Alberto Vallarino y Ricardo Martinelli
A Juicio del Movimiento Popular Unificado (MPU) les corresponde a ponerse al frente de este proyecto político de los sectores populares a dos prestigiados dirigentes de FRENADESSO, el Prof. Juan Jované y al dirigente obrero Genaro López