Este 19 de abril 2020 se cumplen dos años de la rebelión popular contra el régimen Ortega – Murillo, y su largo período de aferramiento al aparato estatal, que después de haber perpetuado una masacre, se complejiza aún más, por la llegada de una pandemia mundial que ha profundizado la violación de los derechos humanos y civiles en el país.
La represión gubernamental desde su herencia colonial
El proceso de desdemocratización del FSLN desde los años 90 se ancló en un caudillismo colonial arraigado en la cultura nacional, más allá de la ruptura que pareció implicar en su proceso inicial emancipatorio. Este hecho fue resentido no solo por las bases del partido, sino también por una sociedad que ha aprendido a poner límites a los excesos del poder por parte de la autoridad política en el espacio público, pero que aún le urge un cuestionamiento a las relaciones familiares autoritarias y a la idea del “Dios de la conquista”, para no continuar sumergidos en ciclos culturales de dictaduras y liberaciones.
En este sentido, el ejercicio de poder público autoritario de la familia Ortega – Murillo, llegó a su fin en la consciencia colectiva nacional, reflejándose incialmente en protestas masivas contra las reformas a la seguridad social, las cuales daban una estocada a la economía familiar de pensionados, pero posteriormente se convirtieron en una ola de repudio nacional que pasaba factura a todos los abusos y corrupción de la cúpula partidaria, y de funcionarios de Estado durante más de una década. Alguno de los hitos que aceleraron la ruptura fueron: la degradación ambiental en la Reserva Biológica Indio Maiz con incendios incontrolados y silenciados, la lucha del movimiento feminista para eliminar la mediación en la pareja cuando hay actos de violencia, y la defensa por el territorio contra el “Proyecto del Gran canal Interoceánico” que comprendía expropiación de tierras campesinas.
Ante el repudio nacional, la familia en el poder decidió mantener el control total del Estado y junto a la policía representando sus intereses, armaron a grupos paramilitares para sofocar las protestas ciudadanas, asesinando a más de 300 personas entre abril y mayo del 2018. La mayoría eran jóvenes, y muchos nacidos en la década de los 90, provenientes de familias que participaron en la Revolución Sandinista de la década del 80. Esta matanza ha quedado grabada en la consciencia nacional con la frase “vamos con todo” emitida por Rosario Murillo para ejecutar la masacre, limpiar las calles de manifestantes y así sostener a su familia en el poder.
La población en sinergia colectiva puso límites a una cultura de alienación sectaria que también atomizó el pensamiento y la práctica de izquierda en grupos que han sido perseguidos por generar consciencia crítica y contradecir al poder familiar despótico: educadores, estudiantes, trabajadores, teólogos de la liberación, movimientos campesinos, de la diversidad sexual, defensores de los territorios, indígenas y feministas. Todas y todos marginados, perseguidos, encarcelados, torturados, callados, o asesinados.
Aún con la narrativa gubernamental de un agresor externo, que en una sociedad fragmentada se vuelve un fantasma, existe un consenso nacional que fue el hartazgo de diversos grupos sociales con demandas diferenciadas, pero con un objetivo común, lo que explotó el 19 de abril del 2018. Fue esta acumulación de tensiones políticas por el abuso de poder, las humillaciones cotidianas, el acoso al tejido social organizado de forma autónoma, y una represión sistemática de 11 años, el resultado de un movimiento de masas sin liderazgo, ni conducción política.
Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, ambas dependencias de la Organización de Estados Americanos OEA, generaron informes que recogen el testimonio colectivo de barrios y comunidades que apunta a los responsables de la masacre con un minucioso nivel de detalles, que ha sido sostenido en el tiempo por cada una de las familias y actores que presenciaron los hechos (https://gieinicaragua.org). Del mismo modo madres de víctimas se organizaron en la “Asociación Madres de Abril” para fortalecer la construcción colectiva de la verdad y presionar el acceso a la justicia, en un contexto de persecución y represión gubernamental que encarcela y tortura cualquier tipo de disenso, lo cual ha empujado al exilio forzado a más de 100,000 nicaraguenses.
La Asociación Madres de Abril sostiene una lucha para mantener en agenda nacional e internacional, la crisis de derechos humanos en el país, y para que no sea relegada por la cultura nacional de pactos políticos que negocian la sangre por el poder. Entienden que la paz y la reconciliación emanan de los procesos de justicia y que a ésta, se accede por medio de pruebas y por la verdad pronunciada sobre los acontecimientos (http://www.museodelamemorianicaragua.org/). La paz actual depende del avance genuino de este proceso. Barrios y comunidades continúan denunciando asesinatos, hecho que el gobierno de Nicaragua no ha podido controlar, ni cambiar, a pesar de utilizar las armas para silenciar a la población.
La sociedad no acepta más, que los Ortega – Murillo, sus hijos, suegros, consuegros, yernos y nueras ocupen cargos ministeriales y de Estado con poderes traspasados y que se conviertan en una especie de dioses a quienes no se les discuten sus decisiones divinas. La vivencia de secta religiosa en la política no aguanta más. La unión sanguínea como forma de conservación del poder incuestionable alrededor de la familia, es algo monárquico y una confusión del quehacer familiar con el del Estado. Este modelo feudal del FSLN, está ya en una crisis agónica.
Lo que la pandemia devela de la dictadura
La pandemia del Covid-19 se inserta en la particularidad de cada contexto nacional develando y potenciando sus condiciones estructurales de probreza, las brechas económicas y sus crisis de derechos humanos. Nicaragua sobrelleva la pandemia con las mismas “autoridades” que utilizaron el aparato estatal para negar atención médica en los hospitales a heridos de la oposición, por parte de paramilitares y policías. Los mismos que utilizaron el sistema de justicia como arma política para criminalizar el disenso y encarcelar opositores. “Autoridades” que obstruyeron la justicia cambiando actas de defunción de las víctimas mortales y eliminaron pruebas periciales para quitarle fuerza al testimonio colectivo que los inculpa.
Los nicaragüenses enfrentan la pandemia con un grupo fanatizado ocupando el aparato estatal, que niega la agresividad del virus, y que desde un oscurantismo sobre el conocimiento científico, aducen a través de sus funcionarios, que el Coronavirus “no es más fuerte que una gripe común”. En un extremo fundamentalista, una de las voces de los medios oficiales de propaganda partidaria, expresó que “el Covid-19 es el ébola de los blancos y ricos” dando a entender que la población nicaraguense estaba excenta de su padecimiento (https://100noticias.com.ni/nacionales/99610-coronavirus-nicaragua-william-grigsby/). Así mismo, médicos que atienden hospitales públicos han denunciado bajo anonimato que tenían prohibido el uso de mascarillas y guantes para no causar alarma en la población, dejándolos desprotegidos para enfrentar el virus. También han llamado a marchas, concentraciones masivas en playas, parques, actividades deportivas y de ocio, para imponer una normalidad a costa de la salud de los estratos más bajos de la población, mismos que fueron los mayores afectados durante la masacre de abril 2018 por parte de fuerzas estatales.
Organismos como la OPS/OMS y la CIDH/OEA se han pronunciado ya con preocupación sobre el manejo erroneo de la pandemia por parte de la dictadura familiar Ortega-Murillo, lo cual puede engrosar la lista de cargos penales (crímenes de lesa humanidad), si llegase a ocurrir una calamidad sanitaria.
Población autoconvocada y fractura en la dictadura
La población ha comprendido que no puede esperar un accionar distinto en un contexto de crisis pandémica, de los mismos actores que perpetuaron una masacre y que con impunidad se siguen imponiendo como legítimos, al ocupar el aparato estatal.
Como en abril de 2018 que la población se protegió de la matanza estatal, hoy se ha autoconvocado para el cuido colectivo frente a la pandemia, informándose, tomando medidas de higiene y de distanciamiento social contradiciendo las órdenes de la dictadura. A como en el 2018, la población se protege de un gobierno opresor que lo llama al contagio para sostener su poder autoritario familiar. A como en las barricadas de abril, que la población las utilizó para protegerse del paramillitarismo y de la policía, hoy se encierran en sus hogares protegiéndose de la negligencia gubernamental. A como en abril la población denunciaba los asesinatos en los barrios, hoy se denuncian los malos procedimientos sanitarios y hospitalarios que casi convierte a los hospitales en cárceles y a los pacientes en presos, en un contexto de secretismo sobre la verdadera dimensión nacional de la pandemia. Callar a los pacientes es silenciar la verdad, ocultar el error, y con ello mostrarse como un gobierno eficiente y en control.
El Covid-19 devela en Nicaragua el fundamentalismo creciente del grupo en el poder que impone nuevamente a costa de vidas, su modelo sectario de gobierno y su verdad particular. Devela la ausencia de una política de protección a los sectores informales ante la crisis de la economía mundial y nacional generada por la pandemia. Hace evidente la ruptura del contrato social y la inexistencia de un Estado de derecho que deja desprotegida a la sociedad y sobre todo a los sectores más vulnerables, que ante el vacío de poder, han tenido que autoconvocarse nuevamente, ahora para el cuido mutuo frente a la pandemia y declarar con ello, el desgobierno. Hoy mismo, el “Plan Verano 2020” de Rosario Murillo que empujaba al contacto masivo, ha sufrido una estrepitosa derrota al no ser atendido por la población, que de forma apabullante se quedó dentro de sus hogares. La Cruz Roja Nicaraguense, cierra su informe de semana santa con 91% de atenciones menos que el año pasado.
Las medidas preventivas sociales frente a la enfermedad, pueden más que un gobierno que desde la soberbia autoritaria, llama a sus bases al contagio y a la posibilidad de la muerte para defender su visión estrecha de Estado. El virus mantiene a las bases orteguistas en distanciamiento social dentro de sus hogares, y desde una creciente consciencia silenciosa, se comienzan a distanciar también del gobierno familiar que está dispuesto a sacrificar sus vidas por mantener el poder. El covid -19 ha redimensionado el fundamentalismo de la familia gobernante y con ello la fractura dentro de la reducida base que los defiende.
La dictadura se sostendrá únicamente por medio de las armas y sin ideas, frente a una población que con entereza ha escogido de manera masiva, el camino cívico para restablecer al Estado nacional y el cumplimiento pleno de los derechos humanos y civiles conculcados por la familia Ortega – Murillo. Queda el reto a la sociedad nicaragüense de continuar organizándose para la denuncia que rompa la impunidad. El reto de no expiar sus responsabilidades en la dictadura de turno, identificando dónde se cultivan los valores autoritarios que no acepta en la superestructura estatal, y así reflexionarlos, trabajarlos y poder construir el anhelado Estado nacional moderno e inclusivo desde los espacios inmediatos.
Queda el reto de la salud y la sobrevivencia como posturas políticas, al tejer redes de seguridad sanitarias, alimentarias y de intercambio en nuestros barrios, frente a la pandemia y frente a los actos criminales del desgobierno.
A la izquierda le queda el reto de sobrevivir reconociendo el error de la matanza, y resignificando sus prácticas desde la óptica de derechos humanos y civiles. Como proceso interno le queda el reto de de explicar su experiencia de poder cuestionando cómo después de tener luchas durante décadas para construir el “poder popular” de manera dialéctica, han terminado en la defensa de un ejercicio de poder conservador y metafísico. Freire les da luces.