Entre escuchas telefónicas, correos electrónicos y mensajes sms, el Estado francés intercepta cerca de 100.000 comunicaciones al año. De 2001 a 2008, el número de intervenciones con permiso judicial ha aumentado un 440%.
Un estudio revelado por el conocido diario parisino «Le Figaro» hace unos días afirma que las intervenciones telefónicas en el Estado francés han aumentado un 440% en el periodo de 2001 a 2008. El trabajo en cuestión se denomina «Estudio de derecho comparado en materia de organismos de control para las intervenciones telefónicas» y ha sido realizado por Claudine Guerrier, investigadora y profesora de Derecho de Telecomunicaciones en la escuela Télécom et Management Sud-Paris, ha dejado de manifiesto que las escuchas telefónicas realizadas a petición de los jueces de instrucción han pasado de 5.845 en el año 2001 a más de 26.000 el pasado año.
Para el Ministerio de Justicia, esta expansión es la consecuencia lógica del «endurecimiento de la política penal» del Gobierno, que hace que también aumenten las intervenciones judiciales y por ende, matiza, «la tasa de casos resueltos».
Sólo para «crímenes y delitos»
El citado Ministerio asegura, asimismo, que las escuchas judiciales se ponen en marcha en el marco de un procedimiento penal «muy estricto» y que únicamente están «reservadas a crímenes y delitos susceptibles de ser sancionados con al menos dos años de prisión».
A pesar del significativo aumento, el Estado francés estaría todavía, según las alegaciones del Ministerio de Justicia recogidas en el informe, muy lejos de otros países europeos. Así, indica que en Alemania se practican tres veces más escuchas que en el Héxagono, en los Países Bajos doce veces más y en Italia quince veces más.
Además de las 26.000 escuchas ordenadas por los magistrados, en 2008 se efectuaron otras 5.906 intercepciones administrativas, aproximadamente el mismo número que en los últimos cuatro o cinco años juntos. Denominadas también «escuchas de seguridad», se practican a petición de servicios de información como la DGSE (Seguridad Exterior), la DCRI (Seguridad Interior) o la DNRED (Investigaciones Aduaneras). Aseguran que el objetivo de estos espionajes es detectar cualquier ataque a la seguridad nacional, prevenir las agresiones «terroristas» o resolver asuntos económicos.
Bajo un manto de confidencialidad extremo, unos treinta técnicos del Grupo Interministerial de Control (GIC), organismo que depende directamente del primer ministro, se ocupan en los subsuelos del macroedificio de los Inválidos en París del tratamiento de estas escuchas, interceptadas en su mayoría por la base de la DGSE situada en Domme (Perigord).
Aparte de las escuchas telefónicas, el estudio de Guerrier demuestra que el grueso de las intervenciones incumbe a mails y sms. «Dado que la mayoría de los mensajes entre ciudadanos se intercambian por móvil y, sobre todo, por sms es lógico que los jueces y los servicios de información estén interesados en tener conocimiento de estos mensajes», manifiesta la especialista en Derecho de Telecomunicaciones.
En consecuencia, los servicios secretos han redoblado esfuerzos para interceptar desde cientos de kilométros de altitud las comunicaciones realizadas por mail, fax y, por supuesto, los mensajes sms que se cruzan a través de los teléfonos móviles.
Más de 40.000 sms
A la espera de que la superplataforma de escuchas de la Justicia esté terminada, la miniplataforma de la Policía instalada en la Dirección central de Información Interior (DCRI) de Levallois-Perret funciona a un ritmo vertiginos. De hecho, las previsio- nes de los expertos cuando se puso en marcha en mayo de 2007 se han duplicado, ya que se admite que se captan más de 40.000 sms al año.
Oficialmente se indica que las intervenciones afectan solamente a los asuntos relacionados con el «terrorismo a título preventivo». Y los datos recogidos conciernen a la conexión, es decir, quién ha contactado con quién, donde y cuándo. Por el momento, según afirma «Le Figaro», no se comunican el contenido de los e-mails ni los textos sms a la Policía por problemas de compatibilidad técnica.
¿Quién controla?
Un decreto de noviembre de 2006 establece la creación del organismo que supuestamente se ocupa del control de todo los relacionado con las escuchas judiciales. Una denominada Delegación Interministerial de Intervenciones Judiciales (DIIJ) se encarga de «coordinar las acciones que conciernen la creación de un sistema nacional de tratamiento y gestion administrativa de las operaciones».
La delegación, bajo el mando del secretario general del Ministerio de Justicia, está dirigida por un magistrado nombrado por decreto por el primer ministro y que previamente ha sido propuesto por el titular de Justicia. El Comité de Orientación de dicha comisión se reúne anualmente pero, en consonancia con la cuestión de la que está encargada, su funcionamiento resulta también extremadamente discreto.
Sin embargo, Guerrier no está segura de que el control funcione. La experta considera que el hecho de que las intervenciones sean tan numerosas y, en realidad, «poco controladas» representa una «amenaza para la vida privada».
No es la única en inquietarse por estas prácticas secretas. Michel Tubiana, presidente de la Liga de Derechos Humanos, comparte la preocupación de la investigadora: «La cuestión es que no se escucha únicamente a la persona sospechosa, sino también a sus círculos más cercanos. En definitiva, cualquiera puede tener sus comunicaciones interceptadas por un asunto que no le concierne en absoluto y terminar implicado en un sumario judicial aunque no tenga estrictamente nada que ver con el asunto».
Desconfianza creciente
Los reparos respecto al control efectivo son aún mayores en lo que respecta a las intervenciones administrativas efectuadas por la DGSE (Seguridad Exterior) y la DRM (Información Militar) a demanda de los ministerios de Defensa, de Interior o de Hacienda, que deben ser inspeccionadas por la Comisión Nacional de Control de Intervenciones de Seguridad (CNCIS).
«En teoría la información recogida está dirigida a la defensa nacional con el fin de prevenir conflictos, terrorismo y proliferación de armas nucleares, aunque se sospecha que también se ocupa de espionaje económico» declara Guerrier, apostillando que estas intervenciones no son objeto de ningún control externo e independiente. Un añadido que no hace más que aumentar la desconfianza respecto a la utilización de estas informaciones obtenidas en nombre de la «razón de Estado».
A las escuchas telefónicas efectuadas a petición de órganos oficiales (ministerios, Policía, jueces…) hay que añadirles las realizadas por empresas privadas, que son imposibles de cuantificar y controlar.
El 70% de las 100.000 intercepciones globales que se realizan al año, sean por orden judicial o administrativa, se refieren a las comunicaciones ligadas con Internet y nuevas tecnologías, es decir, mails, sms y hasta fax.
El 16 de abril un carpintero de Abbeville (Somme) fue detenido como sospechoso de estar relacionado con los sabotajes al TGV. Luego se supo que un amigo le había enviado este sms en broma: «¿Tienes una solución para hacer descarrilar un tren?».
«Cerise» y «Clémentine» son dos de los microsatélites-espías que, bajo estas denominaciones de frutas, fueron puestos en órbita entre 1995 y 1999 con el objetivo de interceptar información desde el espacio para el Ministerio de Defensa. El sistema, cuya existencia nunca ha sido reconocida oficialmente, fue completado a partir de 2004 con el programa Essaim, que dispuso otros cuatro artilugios de 120 kilogramos capaces de captar datos en franjas de territorio de 5.000 kms. de anchura.
Todos estos dispositivos secretos formarían parte de «Frenchelon», nombre con el que los anglosajones se refieren a la red de escucha francesa. Hacen así un símil con «Echelon», el sistema de intercepción de comunicaciones públicas y privadas puesto en marcha a nivel mundial por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Muchas de las bases técnicas de intercepción de Frenchelon están situadas dentro del Héxagono, pero los téntaculos de la red espía francesa se despliegan también en varios continentes, en particular en territorios de Ultramar (La Reunión, Papeete, Mayotte, Nueva Caledonia…) o en ex-colonias francesas (Djibouti). La estación de escucha más importante se encuentra en Domme (Périgord).
La ubicación estratégica de todas estas bases, junto con la estructura existente en los locales de la DGSE en región parisina, permite a los servicios franceses captar y analizar información en prácticamente todo el planeta.
El Estado francés dispone, además, de otros sistemas del mismo tipo como «Emeraude», que antes era confundido con Frenchelon, pero que es uno de los componentes del sistema móvil de escucha y búsqueda automática de emisiones del Ejército.
El sistema de escuchas se completa, a nivel interno, con las instalaciones existentes en los departamentos del Estado, situadas normalmente en prefecturas o locales policiales. La DCRI (Seguridad Interior) se encarga de su gestión y administración. A.M.
Las escuchas de líneas telefónicas y otras intervenciones de comunicaciones tienen un coste considerable. Por cada línea fija intervenida, el Estado debe abonar 497 ¤ (más impuestos) a las empresas operadoras de telefonía por el periodo que dure la intervención, en concepto de los gastos originados por «los análisis, la ingeniería y el despliegue de los sistemas precisos». Si se trata de un teléfono móvil, por contra, el coste es bastante menor (88 ¤ más impuestos), porque es mucho más sencillo. En 2005, los gastos de las intervenciones solicitadas por el Ministerio de Justicia alcanzaron 92 millones de ¤, el 20% de los gastos de Justicia.