Con el proceso de integración europea, el Parlamento no ha recibido las competencias que, sin embargo, sí han perdido sus homónimos nacionales
Desde su creación, el Parlamento Europeo ha ido ampliando competencias y reforzando su posición en cada tratado, hasta alcanzar el rango de colegislador (junto con el Consejo) en diversas materias. Sin embargo, las elecciones al Parlamento han tenido cada vez índices de participación más bajos. Inmersos, hoy, en diversas crisis simultáneas (económica, financiera, energética, ecológica, social y alimentaria), no parece muy atinado el argumento de sesudos analistas bien pagados para explicar este hecho: «El alto índice de abstención es una muestra de la buena marcha de la sociedad». El actual contexto debería obligar de una vez por todas a buscar otra lectura, más realista, del desinterés y desafección creciente de los ciudadanos respecto a los asuntos de Bruselas, frente a la interesada de las élites y a la siempre «crítica» (¿cómo no?) de respetables «progresistas» que concluyen dando apoyo a todo Tratado que permita a la UE seguir funcionando, al precio que sea.
¿De qué nos sirve el Parlamento Europeo? ¿Es posible comprender su papel con realismo sin atender a la arquitectura institucional de la Unión? ¿Y se puede examinar ésta sin preguntarse por el sentido que ha tenido desde sus inicios el proceso de integración existente? Creo que no.
Raíces mercantilistas
No hay que confundir el proceso de integración europeo con los mejores anhelos legados por la tradición ilustrada europea. En el código genético de la UE no cuesta hallar los rasgos mercantilistas y tecnocráticos que hoy algunos lamentan, como si de una degeneración se tratara. Desde mediados de los ’70 y, sobre todo, con el Acta Única y el Tratado de Maastricht, esos rasgos se agravaron y acentuaron. A partir de los ’80, las políticas liberalizadoras y de mercado han avanzado sin obstáculos mientras las políticas de carácter redistributivo se han excluido explícitamente del ámbito europeo o bien se han incorporado muy lentamente. Nada de ello pudo hacerse con una estructura institucional democrática. Nunca se abrió un proceso constituyente a escala europea. Las escasas consultas populares que se celebraron encendieron muy pronto la señal de alarma. El modelo institucional consagrado ha comportado una desdemocratización del poder político, en un doble sentido: por un lado, en el ámbito interno de los Estados, los ejecutivos, tratado a tratado, han ido vaciando de competencias a los parlamentos respectivos al tiempo que se liberaban de su tutela.
Por otro lado, en Bruselas, esos mismos ejecutivos han concentrado, a través del Consejo de Ministros y del Consejo Europeo, muchas de las facultades decisorias que deberían corresponder a un Parlamento merecedor de tal nombre.
Vistas así las cosas, las sucesivas ampliaciones competenciales del Parlamento, tras medio siglo de integración, se muestran del todo insuficientes para solventar la ausencia de los requisitos básicos de un Estado de Derecho, que de entrada exigiría una verdadera separación de poderes y otorgar al Parlamento la iniciativa legislativa. Como también, resultan insuficientes instrumentos, como la Carta de Derechos proclamada en Niza, que en aras de compensar la creciente falta de legitimidad se han ido incorporando al ámbito comunitario. De esos polvos, el lodazal en el que estamos. En estas condiciones, el Parlamento Europeo puede ser útil, en el mejor de los casos, para evitar una mayor degeneración antidemocrática y antisocial (casos como el rechazo de la directiva sobre el tiempo de trabajo se podría aducir en este punto), pero harto difícil resulta considerarlo un instrumento apto para refundar la UE en un sentido más social y democrático.
Xavier Pedrol es profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat de Barcelona