La corrupción del poder judicial y la falta de honradez de los magistrados siguen siendo los principales problemas de la administración de justicia en el Perú. Esta situación es percibida en porcentajes más altos por las mujeres y por los estratos socioeconómicos medios, reveló una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica. […]
La corrupción del poder judicial y la falta de honradez de los magistrados siguen siendo los principales problemas de la administración de justicia en el Perú. Esta situación es percibida en porcentajes más altos por las mujeres y por los estratos socioeconómicos medios, reveló una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica.
En ese sondeo, realizado en noviembre entre más de 500 personas de Lima, los abogados tampoco salen muy bien parados, ya que la población los considera, más o menos, «un mal necesario», a los que se debe acudir aún cuando no se les tenga confianza.
Ese recelo se traduce en el alto porcentaje de personas que declaró preferir arreglar sus problemas «por las buenas», sin la intervención de las autoridades o, a lo sumo, con participación policíaca.
Para el abogado Marcial Rubio, vicerrector Académico de la Universidad Católica, «arreglar por las buenas» significa «mantener al Estado lo más alejado posible de la pacificación de la vida cotidiana».
«Son cifras que demuestran que el Estado peruano no da seguridad a las personas en la vida diaria (más de la mitad no quiere verlo interviniendo) y, asentado eso, se nota también que la Policía Nacional tiene mucha más relevancia a ojos de la población para la solución de los conflictos que todo el aparato judicial», comentó.
Según el destacado jurista, la encuesta demuestra que el aparato judicial del Estado necesita una reforma sustantiva, tanto en su organización como en sus procedimientos.
En efecto, los resultados de la pesquisa son alarmantes: más del 60 por ciento cree que los jueces no son independientes del poder político ni del económico, el 92 considera que los jueces «no miden con la misma vara» y administran justicia dependiendo de quién se trate, mientras que el 94 siente que la justicia no es igual para todos los sectores sociales y un 38 dice que para ganar el juicio hace falta pagar a jueces y secretarios más allá de tener o no la razón.
Una de las mayores críticas que se le hace al poder judicial peruano, además de la poca confiabilidad de los jueces, es al tiempo que demoran los procesos judiciales. Por ejemplo, un juicio de alimentos puede tardar hasta cinco años y, cuando finalmente se emite la sentencia, ya no hay forma de hacerla cumplir porque el sentenciado, varón en casi el 95 por ciento de los casos, ha desaparecido.
Ese malestar también se refleja en la encuesta, en la que más del 53 por ciento declaró sentirse insatisfecho con el proceso (no necesariamente con la sentencia). Resulta significativo que el mayor porcentaje de insatisfacción (56 por ciento) se dé entre las mujeres y en los sectores socioeconómicos más pobres (58 por ciento).
Pero quizá lo más significativo de este sondeo sean las pobres expectativas de la población respecto a una mejora de la administración de justicia: a la pregunta ¿cómo estará el poder judicial dentro de cinco años?, un 44 por ciento opinó que o permanecerá igual (34 por ciento) o empeorará mucho (10 por ciento).