La situación de conflictividad social que convulsiona a nuestro país con relativa frecuencia, nos debería llevar a reflexionar sobre las diferentes causas que la generan. En anteriores artículos [1] hemos ido centrando el análisis en la situación territorial de las comunidades campesinas y nativas; propietarios de casi un tercio (27,3%) [2] del territorio nacional. Llegando […]
La situación de conflictividad social que convulsiona a nuestro país con relativa frecuencia, nos debería llevar a reflexionar sobre las diferentes causas que la generan.
En anteriores artículos [1] hemos ido centrando el análisis en la situación territorial de las comunidades campesinas y nativas; propietarios de casi un tercio (27,3%) [2] del territorio nacional. Llegando a la conclusión que asistimos a un desorden alarmante en la tenencia de la tierra, donde la seguridad jurídica en los territorios comunales y de pequeños propietarios es muy precaria; cerca de la mitad (49,6%) [3] de la superficie territorial de comunidades campesinas esta superpuesta con concesiones mineras; además de conflictos por demarcación territorial entre un tercero o entre las mismas comunidades.
A esa situación hay que agregarle un nuevo intento por continuar reformas neoliberales inconclusas en periodos pasados (fujimorismo y aprismo) que se traducen en paquetes normativos (Ley 30230, Ley 30327, etc.) que desde inicios del 2013 han venido aprobándose de forma dispersa, bajo el supuesto fin de reactivar la economía e impulsar la inversión. Pero que en ese afán están desmantelando lo poco avanzado en protección de derechos territoriales, ambientales y sociales, evidenciando una estrategia perversa donde el Derecho es utilizado para legalizar lo ilegitimo.
Pero si intentamos indagar un poco más en las causas de esta situación de conflictividad, encontramos también un insostenible modelo de otorgamiento de concesiones en la mayoría de sectores; que se puede resumir en una falta de rumbo político, carente de planificación, regulación deficiente con ausencia de trasparencia y rendición de cuentas; es decir un histórico debilitamiento institucional.
Específicamente en cuanto a las actividades extractivas podemos señalar que desde siempre el Estado apeló a «desarrollarse» en base a la exportación de sus commodities [4] , respondiendo intermitentemente a las necesidades de la población, en función de algún boom exportador (minerales, salitre, guano, caucho) y cayendo irremediablemente en el empobrecimiento en épocas de vacas flacas. Un círculo vicioso que generó una pereza fiscal, conocida hoy como rentismo. Es decir, vivimos de vender las joyas de la abuela como si nunca fueran a acabarse o como si el crecimiento económico fuera ilimitado, pero el planeta y el territorio peruano empiezan a mostrar sus límites biofísicos [5] que se traducen en una crisis climática, energética y económica, donde cada vez somos incapaces de satisfacer necesidades elementales como la alimentación y la salud; la alta conflictividad en nuestro país es en cierta forma un síntoma más de problemas globales y locales irresueltos.
Lo cierto es que ante esa dependencia de materias primas se diseñó un modelo de concesiones que principalmente facilitara el acceso a los recursos naturales. Estos procedimientos se fueron simplificando cada vez más en todos los sectores, llegando a la actual situación. En el año 2002 se otorgaron 792 concesiones mineras, 10 años después, en 2011 la cifra aumentó a 6511 en solo un año [6] . Cada uno de estos procedimientos se fue realizando sin trasparencia y la mayoría de veces de espaldas a los poseedores y propietarios de territorios, sin importar sus derechos adquiridos, cuando de pronto un día cualquiera llega un tercero tratando de hacer efectivo su derecho de concesión sobre el su territorio. Hoy es tan fácil obtener una concesión minera que a mayo del 2014 suman un total de 59 926 concesiones [7] , a pesar que se hagan efectivos un pequeño porcentaje (6%) de los derechos de exploración y explotación, claro sin contar el caos de la minería informal; el hecho es que la inseguridad jurídica en los territorios está sembrada. Parecería ser que sumado a los impactos que produce la minería, esta desregulación va reduciendo las diferencias entre la calidad de un proyecto mineros formal e informal. El resultado es tan preocupante que hoy en día, hablar de concesiones no solo mineras, es hablar de un conflicto latente.
Éste, en parte, es el caldo de cultivo de la conflictividad social que registramos en diversas regiones del Perú. Pero si calibramos más el zoom, podemos ver que esta precariedad en la seguridad territorial de comunidades, se reproduce en la organización política y territorial del país. Nos referimos a los 1 497 distritos (76.8% de un total de 1 846) donde existen conflictos por límites territoriales y a las 174 provincias (89% de un total de 196) que tienen la misma situación [8] . En pleno siglo XXI, el Perú no cuenta con un mapa oficial debidamente georreferenciado donde su división política sea cierta y medible a luz de sistemas cartográficos modernos para que por ejemplo, sepamos respetar lo que no nos pertenece o para que la obtención de cuadriculas de concesiones mineras no se acaben convirtiendo en procedimientos de despojo territorial. El problema que tenemos es MAYÚSCULO puesto que este desorden territorial también es funcional en la urbe.
Paradójicamente la informalidad con la que convivimos juega su partido a parte con sus propias reglas. Somos el sexto país más informal del planeta, el 61% de nuestro PBI se genera en la economía informal, siendo un mecanismo que durante situaciones de crisis funciona como válvula de supervivencia y como estas épocas han sido las mayoritarias en nuestro país, la informalidad se ha acabado institucionalizando. A pesar de los intentos por erradicarla, lo cierto es que nuestra economía depende en gran medida de ella.
Esto hace que en cuanto a la tenencia de la tierra, esa informalidad también opere de manera perversa, incentivando por ejemplo que para la formalización de la propiedad se destruya el régimen de propiedad comunal, a pesar de que dicho régimen este protegido por las últimas constituciones políticas, pero que sin embargo nada se ha hecho en políticas pública que permitan impulsar una emancipación económica a partir de su riqueza. Sin duda la informalidad es un fenómeno complejo que al dejarla expandir a otros ámbitos nos ésta llevando a situaciones insostenibles, más aun cuando ese caos territorial es a costa de los derechos de una población invisible.
Y es que irracionalmente nuestras comunidades todavía hoy están olvidadas por un Estado, que en lugar de reconocer sus diferencias y hacerlos parte del bienestar común que persigue para todas y todos los ciudadanos; viene promoviendo mecanismos únicamente economicistas para ordenar el territorio, pero que además su fin último es la extracción de recursos naturales sin límites y la destrucción de territorios.
Notas:
[1] Ver artículos en Sociedad, Política y Derechos Humanos: http://
[2] La Seguridad Territorial en el Limbo: El estado de las comunidades indígenas en el Perú, Informe 2014, Instituto del Bien Común.
[3] Según el X Informe del Observatorio de Conflictos mineros en el Perú: http://www.cooperaccion.org.
[4] Mercancía para el intercambio comercial
[5] Nos referimos a los límites físicos y biológicos que como sistema tiene el planeta, este análisis se hizo en el informe The Limits to Grrowth del científico Dennis E. Meadows de 1972 que en el año 2012 fuera actualizado. Véase también en Riechman, Jorge Moderar Extremistán Sobre el futuro del capitalismo en la crisis civilizatoria, Díaz &Pons Editores 2014.
[6] Véase en Reporte de Concesiones Mineras de Propuesta Ciudadana: http://www.propuestaciudadana.
[7] Según el reporte citado de Concesiones Mineras en el Perú.
[8] Vea el artículo de José Matos Mar Perú país sin fronteras: http://elcomercio.pe/opinion/
Luis Hallazi, es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos. [email protected]
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