La destitución de cinco jueces peruanos por favorecer a exparamilitares demandaron hoy familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos al Consejo Nacional de la Magistratura. La petición fue presentada al consejo en medio de una manifestación de repudio a los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema que preside el polémico […]
La destitución de cinco jueces peruanos por favorecer a exparamilitares demandaron hoy familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos al Consejo Nacional de la Magistratura.
La petición fue presentada al consejo en medio de una manifestación de repudio a los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema que preside el polémico juez Javier Villa.
Ese tribunal redujo recientemente las penas a los acusados de matanzas, secuestros y otros crímenes cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), liberó a un paramilitar y dictaminó que sus delitos no son crímenes de lesa humanidad.
Familiares de los asesinados y dirigentes de activistas de organizaciones de derechos humanos entregaron la petición, en medio de una manifestación que demandó justicia para las víctimas de los criminales, exmiembros del Ejército.
El documento plantea que deben ser cesados Villa y los jueces que lo secundaron, Josué Pariona, Jorge Salas, Segundo Morales y Francisco Miranda.
El polémico fallo favoreció al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, al exjefe de las fuerzas armadas, Nicolás Hermoza, y a un grupo de exintegrantes del Grupo Colina, un escuadrón de aniquilamiento del Servicio de Inteligencia del Ejército que secuestraba y ultimaba a sospechosos de actividad terrorista.
La acusación contra los jueces señala que trataron mejor a los procesados que a la parte civil y sugirieron a los acusados argumentos para su defensa, y Villa hizo declaraciones públicas favorables a los acusados y hostiles a los abogados de las familias de las víctimas.
Adicionalmente, señala que el hijo de Villa ha trabajado como abogado del estudio que defiende al expresidente Fujimori -condenado a 25 años de cárcel por diversos crímenes- y a otros miembros de aquel régimen.
Los magistrados son acusados además de mentir para retirar la calificación de delito de lesa humanidad a las matanzas de Barrios Altos (de 15 civiles, incluyendo un niño) y El Santa (nueve campesinos) y retirar el agravante de asociación ilícita para delinquir.
El antecedente, según juristas, podría ser alegado para revisar la condena de Fujimori, aunque el presidente de la Corte Suprema, César San Martín, quien juzgó al exgobernante, asegura que la sentencia es cosa juzgada e inapelable.