Las políticas de austeridad aplicadas en Grecia y en otros países europeos socavan las prerrogativas individuales, especialmente de los sectores más vulnerables, sostuvo ayer el Comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Nils Muiznieks. Durante la presentación del informe «Salvaguardar los Derechos Humanos en tiempos de crisis económica», Muiznieks denunció que muchos gobiernos […]
Las políticas de austeridad aplicadas en Grecia y en otros países europeos socavan las prerrogativas individuales, especialmente de los sectores más vulnerables, sostuvo ayer el Comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Nils Muiznieks.
Durante la presentación del informe «Salvaguardar los Derechos Humanos en tiempos de crisis económica», Muiznieks denunció que muchos gobiernos europeos anteponen las medidas de ajuste a sus obligaciones con los derechos humanos, al igual que los prestamistas que no los consideran en muchos de sus programas de asistencia.
Igualmente señaló que «la falta de transparencia, participación pública y la rendición de cuentas» condicionó en algunos casos que los gobiernos atendieran programas esenciales de protección social, salud y educación, responsabilizando a la Unión Europea de estas carencias.
Con respecto a Grecia, el informe recoge que ya en 2012 el Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) denunció el incumplimiento de la Carta Social Europea en su artículo primero, en lo que respecta al derecho al trabajo y a las políticas de pleno empleo.
Igualmente, el Comité de Libertad Sindical encontró un «déficit importante en el diálogo social», así como un preocupante deterioro de las condiciones laborales que ocasionó una mayor vulnerabilidad de los trabajadores y un aumento de la explotación, tanto con trabajadores migrantes como con menores.
Otra de las vulneraciones observadas hace referencia a la reforma de la ley de las pensiones, que en consideración del ECSR «pone en serio riesgo de empobrecimiento a gran escala, a una parte significativa de la población».
El comisario europeo demandó un mayor compromiso por parte de los gobiernos en el cumplimiento de sus obligaciones con los derechos humanos y una mayor atención a la hora de planificar políticas y presupuestos, para medir mejor su impacto sobre la población.