El ministro del Interior italiano y líder de la xenófoba Liga, Matteo Salvini, celebraba como una victoria que la embarcación Aquarius, con 629 migrantes rescatados, pusiera rumbo a España después de la prohibición de atracar en puertos italianos y del posterior ofrecimiento de acogida por parte del nuevo gobierno español de Pedro Sánchez. Una vergonzosa […]
El ministro del Interior italiano y líder de la xenófoba Liga, Matteo Salvini, celebraba como una victoria que la embarcación Aquarius, con 629 migrantes rescatados, pusiera rumbo a España después de la prohibición de atracar en puertos italianos y del posterior ofrecimiento de acogida por parte del nuevo gobierno español de Pedro Sánchez. Una vergonzosa decisión, la de Salvini, contraria al derecho marítimo internacional, y un loable gesto, el de Sánchez, que vuelven a poner la cuestión de la política migratoria europea en el centro del debate.
La emergencia del Aquarius evidencia, una vez más, la dejadez e ineficacia de los gobiernos europeos ante la crisis de refugiados. Tres años después del naufragio de Lampedusa, donde murieron 900 personas, el nefasto sistema de acogida europeo, donde cada estado defiende sus propios intereses, sigue sin abordar decididamente la situación y deja a las personas migrantes en manos de las mafias y de los intereses electorales nacionales. En este sentido, el derecho internacional al refugio y la política migratoria europea no pueden depender de buenos gestos, sino que hay que articular una verdadera política de acogida donde el respeto al derecho a la vida sea el eje central, empezando por articular una política común y solidaria para abrir vías legales y seguras de entrada, rescatar a las personas y acogerlas dignamente. No se puede olvidar que las personas refugiadas huyen de cruentas guerras, como la de Siria, pero también del hambre, la miseria y la precariedad en busca de una vida digna.
La política de la Europa fortaleza de externalizar la gestión de las fronteras exteriores continúa. Al acuerdo de la UE con Turquía, de marzo de 2016, hay que sumar el pacto con las milicias libias, de febrero de 2017, sin olvidar el papel de Marruecos. Un claro desplazamiento del control fronterizo a terceros países donde, como en el caso de Libia y tal como han denunciado organizaciones internacionales, se vulneran los derechos humanos más básicos con documentados casos de torturas, secuestros, detenciones arbitrarias, violaciones y, incluso, subastas de personas migrantes como esclavos que la cadena CNN difundió en un vídeo -de mucho impacto mediático- el noviembre de 2017. Así mismo, la creación del sistema de reubicación de refugiados por cuotas fue un fracaso por el incumplimiento sistemático de los estados miembros de sus compromisos de acoger, donde España destaca a la cola de Europa con sólo un 13’7% de las llegadas previstas. Un sistema que pretendía corregir, en parte, el Reglamento de Dublín que establece que el estado miembro responsable de la acogida de un solicitante de asilo es el primer país donde hayan quedado registradas sus huellas dactilares, lo cual suele significar que la responsabilidad recaiga sobre los principales países de entrada a la UE, como Italia, Grecia o España. Hace falta, por lo tanto, la creación de un sistema vinculante de reparto basado en indicadores más solidarios. No se trata de compartir una carga, sino de compartir una responsabilidad. Estas políticas migratorias de la UE y la falta de voluntad política para resolver una situación de emergencia humanitaria, es el caldo de cultivo para el auge de la extrema derecha nacionalista y racista, como en el caso de Salvini en Italiano o de Viktor Orban en Hungría -entre otros-. Unas políticas europeas xenófobas que vulneran los derechos humanos, incumpliendo la Convención de Ginebra y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. En el caso de Italia, el discurso ultraderechista -que ha calado en el país- proviene de la sensación de abandono en cuanto a la acogida de migrantes por parte de la UE. En este sentido, el operativo de salvamento y rescate, Mare Nostrum , que el gobierno italiano articuló después de la tragedia de Lampedusa no tuvo el apoyo de la UE y se tuvo que suspender, todo y el éxito del mismo.
Cada año miles de personas mueren en el Mare Mortum en que se ha convertido el Mediterráneo. El 2015 se contabilizaron 3.783 muertos, el 2016 la cifra aumentó a 5.143 y el 2017 fueron 3.039 personas ahogadas, cifras escandalosas de cuerpos rescatados, dejando fuera los desaparecidos. A toda esta situación inmoral hay que sumar la criminalización de las organizaciones del sur que defienden el derecho de las personas a migrar, como la persecución de las ONG del norte que solidariamente rescatan a los migrantes, como es el caso, por ejemplo, de la ONG catalana Open Arms, acusada por supuesto tráfico ilegal de personas.
Ni la trágica historia del niño Aylan, ni el naufragio de Lampedusa, ni la situación del Aquarius, ni los miles de muertos en el Mediterráneo parecen suficientes para concienciar a las instituciones europeas de un imprescindible cambio de rumbo. La UE tiene que acometer urgentemente una nueva política migratoria para garantizar los derechos de las personas migrantes, en la que las obligaciones de los estados no se sustituyan por el voluntarismo de algunos gobiernos.
Jesús Gellida es politólogo y escritor
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