Primero, por las formas. No es de recibo en sociedades democráticas que un asunto de este calibre, la suscripción de un Tratado Estados Unidos y la Unión Europea de libre comercio e inversiones, por parte de las mayores potencias comerciales, de inversiones, etc., del mundo, que abarcará rebajas aduaneras y sobretodo unos cambios en las […]
Primero, por las formas. No es de recibo en sociedades democráticas que un asunto de este calibre, la suscripción de un Tratado Estados Unidos y la Unión Europea de libre comercio e inversiones, por parte de las mayores potencias comerciales, de inversiones, etc., del mundo, que abarcará rebajas aduaneras y sobretodo unos cambios en las normas regulatorias que influirán decisivamente en el ámbito de la producción y prestación de bienes y servicios, afectando a sus calidades, reglas de emisión de contaminación, a las inversiones, derechos de propiedad, capacidad legislativa de los estados y otros muchos etcéteras, que no tengan un escrutinio y participación pública lo más extensa posible. Este Tratado por su envergadura y sus resultados provocará, sin ninguna duda, alineamientos de normas productivas e inversiones a escala mundial.
Los negociadores, no puramente tecnócratas, están rodeados de más de 600 lobbysde las diferentes corporaciones multinacionales y patronales. Los documentos y negociaciones son opacos y secretos para el común. No se ha dejado participar a los sindicatos y a otros grupos de la sociedad civil. Incluso, en algún caso extremo, los goteos de información interesados, se hacen exclusivamente a empresarios previamente seleccionados.
Después de las negociaciones, por supuesto, habrá la posibilidad de hablar. Ya los diferentes ‘gobiernos’, las patronales y corporaciones habrán decidido. Y eso no se puede consentir. Y no basta que después de la cuarta ronda de negociaciones la Unión Europea haga una encuesta.
Segundo, por razones de estricta libertad laboral y para evitar la degradación de las normas laborales y sociales, evitando el dumping social y por apoyo al trabajo digno. Efectivamente, cuando los sindicatos en las reuniones de la Organización Mundial de Comercio mostrábamos nuestras reticencias a que fuera sólo el precio de las mercancías el único patrón de medida de las mismas, ya señalábamos los peligros de incentivar un comercio basado en las desiguales condiciones de trabajo y las normas sociales porque provocaban un dumping social y erosionaban la base sociolaboral de aquellas economías con mejores estándares.
Pues bien, Estados Unidos es un campeón de los incumplimientos de las normas laborales. Mayor que, por ejemplo, Colombia. No ha ratificado 6 de las 8 principales convenciones de la OIT, entre ellas las que conciernen a la libertad sindical (nº 87) y a la negociación colectiva (nº 98). Sólo ha ratificado 14 de los 189 actuales convenios. Por el contrario, todos los países de la Unión Europea han ratificado los 8 convenios fundamentales, y en el caso de España, por ejemplo, se han ratificado 133 de los 189 vigentes.
Hay ejemplos continuos en Estados Unidos de restricciones a la libertad sindical y de escasez de negociación colectiva. Constatamos que hay una falta de vacaciones remuneradas, asistencia sanitaria y prestaciones previsionales universales. Si estamos en tiempos de crisis y golpes a los trabajadores europeos, los trabajadores estadounidenses tienen un brazo atado a la espalda.
Tercero. Europa se ha dotado de unos compromisos relevantes de reducción de emisiones de CO2 y otros contaminantes. Esto significa una adaptación industrial y normas de producción y calidades de los productos con los costes iniciales que eso supone. Pero tomar medidas contra el cambio climático es una cosa de todos. Si Arcelor-Mittal, General Motors, u otro industrial deslocalizan la producción europea, para realizarla en otro país con normas ambientales laxas, no se conseguirá que se luche contra el cambio climático eficazmente y se producirá un perjuicio para la economía europea. Por lo que sabemos, parece que las intenciones de ese Tratado son invalidar las normas más rigurosas y fortalecer la falta de normas o dejarlas más laxas
Cuarto. Esa erosión calculada de las normas más rigurosas, sean europeas -las más- o estadounidenses -las menos-, en lo que respecta al medioambiente, que parece pretenderse de estas negociaciones opacas del Tratado, se repite en asuntos fitosanitarios, alimentación, el comercio de servicios públicos, etc.
Quinto. La competencia vía precios de las mercancías y la búsqueda incesante de localización productiva e inversiones trae, si no hay más criterios, una competencia fiscal a la baja. Se podría producir una continua disminución de los ingresos fiscales, sobretodo de los impuestos sobre el capital, un traslado bascular parcial a los impuestos indirectos y a una menor presión fiscal, donde la falta de un impuesto sobre las transacciones financieros y la elusión fiscal propician el olvido, en la agenda política de los negociadores, de los paraísos fiscales. Estados Unidos, donde sus corporaciones como Amazon, Google,…eluden los impuestos con el beneplácito de su Gobierno, tiene una presión fiscal del 24 por ciento significativamente menor que la de los países de la Unión Europea, incluyendo a Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Austria o España donde también se hacen pinitos para que sus grandes empresas y personas multimillonarias dejen de pagar impuestos.
Sexto. El capítulo dedicado a la protección de las inversiones (o corporaciones), sus normas de arbitraje, por lo que sabemos, deja en preeminencia a éstas sobre la capacidad legislativa. Y de la democracia. Parece basarse más en una ‘democracia’ censitaria exclusivo de las multinacionales.
En resumen del porqué no, ese Tratado favorece una globalización de menos derechos laborales y sociales. Favorece a las grandes corporaciones y personas propietarias. No busca una armonización al alza de derechos y regulaciones ambientales. ¿Se imaginan un tratado de discusión pública al servicio de la ciudadanía y cuya prioridad fuera la protección social por encima de los intereses económicos?. Quizá lo único coherente es la opacidad de los negociadores y los gobiernos que no quieren desvelar a quien sirven.
Santiago González Vallejo es economista.