Estamos relativamente acostumbrados en los últimos tiempos a escuchar y leer noticias sobre presos políticos en Venezuela. Sin embargo, al margen de que esto sea verdad o mentira, pues no tiene este escrito ese objetivo, pero si al hilo de estas informaciones, parece necesario y de cierta urgencia denunciar otras realidades ocultas en esta misma […]
Estamos relativamente acostumbrados en los últimos tiempos a escuchar y leer noticias sobre presos políticos en Venezuela. Sin embargo, al margen de que esto sea verdad o mentira, pues no tiene este escrito ese objetivo, pero si al hilo de estas informaciones, parece necesario y de cierta urgencia denunciar otras realidades ocultas en esta misma materia.
De hecho, los mismos medios de comunicación que en los últimos meses «bombardean» con su denuncia de la existencia de dichos presos políticos y los mismos políticos que realizan continuas declaraciones sobre este mismo asunto, ocultan sistemáticamente esa realidad en otros países del mismo continente. Esto, se constituye en evidencia clara respecto a la verdadera e interesada preocupación de unos y otros por la violación de los derechos humanos. Parece que éstos últimos siguen sin ser iguales para unos y otros, ni alcanzar a todos; luego, deberíamos de poder deducir que la denuncia principalmente responde a simples intereses políticos e ideológicos más que humanos.
Sin embargo, aunque sin ocupar portadas, hoy en día y desde hace ya alguna década, autoridades y militantes indígenas han sido, y son, criminalizados y encarcelados por sus actividades políticas. Acciones que no pretenden sino la defensa de los derechos territoriales, del derecho a la vida digna, a la identidad y a la existencia de estos pueblos. Son, además, actividades que cuentan con el respaldo de amplios y reconocidos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en general, y de los pueblos indígenas en particular. Éstos son los casos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Ambos instrumentos, ratificados y respaldados para su aprobación por la práctica totalidad de gobiernos latinoamericanos y europeos, establecen entre otros la protección al territorio y a la jurisdicción propia sobre los mismos, además de reconocer el derecho de autodeterminación. Pero también el derecho a la consulta y al libre consentimiento informado previo que las comunidades pueden ejercer ante cualquier actuación pública o privada que se prevea y que opere contra los intereses y derechos de estos pueblos; y los gobiernos están obligados además a establecer todos los mecanismos y condiciones necesarias para ejercitar estos derechos plenamente. En suma, hablamos de instrumentos internacionales que reconocen y protegen los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.
A pesar de lo anterior, países como Guatemala, Colombia o Chile, hoy encarcelan en sus prisiones a personas de pueblos como el q’anjobal, mam, nasa o mapuche. Obligado es hacer una mención especial a la existencia también de mujeres indígenas presas políticas y el agravamiento que la condición de género supone en estos procesos de criminalización y encarcelamiento para ellas.
Por otra parte, en este contexto de denuncia de los gobiernos de turno de estos países por la existencia de presos políticos, y de todos aquellos medios de comunicación que interesadamente ocultan esta realidad, es obligado también precisar que dicha denuncia debe incluir igualmente a las empresas transnacionales, auténticas coprotagonistas de esta situación.
Como ya señalamos antes, en la mayoría de los casos estas personas están presas por la lucha constante, bajo mandato colectivo de sus comunidades, por la defensa de los territorios. Sin embargo, el motivo de esta lucha radica en el hecho de que en el sistema neoliberal dominante hoy en estos países, los gobiernos entregan, sin consulta ninguna a las comunidades y pueblos (tal y como obligan los instrumentos internacionales) dichos territorios a empresas transnacionales o nacionales para su explotación y esquilmación. Empresas de sectores como el minero, energético o forestal que destruyen y contaminan de forma sistemática estos espacios llenos de biodiversidad y condiciones para la vida y que han sido, en la mayoría de los casos, territorios donde estos pueblos han generado las posibilidades para su susbsistencia, sabiendo perfectamente manejarlos y conservarlos durante cientos de años. Sin embargo hoy, se les criminaliza, se les expulsa, se les encarcela o se les obliga a vivir en condiciones de miseria y empobrecimiento en esas tierras que siempre fueron suyas. Señalar que la inmensa mayoría de estas transnacionales son norteamericanas o europeas y todas ellas respaldan ciegamente sus actuaciones en aras del desarrollo contando con el respaldo, también ciego, de los respectivos gobiernos. Apoyo que ahora se verá multiplicado por medio de tratados recientemente firmados, o por firmar, como son los de libre comercio (TPP, TTIP…), facilitando aún más si cabe el descontrol absoluto respecto a la explotación y destrucción de la naturaleza, además de la violación de derechos laborales, sociales o políticos. Todo en beneficio del mercado.
Pero, volviendo a centrar el tema de este texto, es ahora importante clarificar cómo definen estos pueblos la figura de preso político en este contexto de ataques públicos y privados. Para ellos, preso político es toda persona privada de libertad por su participación en acciones por la recuperación y defensa de sus territorios y/o por el ejercicio del control territorial sobre espacios recuperados o bajo amenaza de ser invadidos. Así mismo, quienes realizan acciones de resistencia ante la violencia del estado o de otros actores armados, así como por participar en movilizaciones que reivindican los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de estos pueblos.
Pues bien, pese a la declaración oficial de ser estados democráticos que han ratificado convenios internacionales que reconocen el derecho a estas actuaciones, o pese a estar en procesos de conversaciones de paz que acaben con conflictos armados de décadas, los gobiernos neoliberales y/o socialdemócratas de Guatemala, Colombia y Chile tienen en sus cárceles varias decenas de presos políticos (muchos con carácter preventivo), así reconocidos por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, o por la Relatora Especial para Pueblos Indígenas, o el Relator para los Derechos Humanos, ambas figuras del sistema de Naciones Unidas.
Como señalábamos al principio de este texto, se han escrito ríos de tinta, se han hecho infinidad de crónicas sobre el gobierno venezolano y la existencia de presos políticos. Sin embargo, ni una décima parte se ha escrito o contado sobre los presos indígenas con esta misma caracterización (políticos) en América Latina. Es la lucha silenciosa y la criminalización de la misma por defender la tierra y el territorio, por promover el respeto a la madre tierra, por pretender una vida en plenitud para estos pueblos. Pero es también la lucha constante contra los intereses de las élites económicas (transnacionales) y políticas que sostienen y desarrollan este injusto sistema de dominación. Por eso, la mayoría de los medios de comunicación y de la clase política tradicional, tanto en ese continente como en el europeo, nos seguirán «bombardeando» con sus crónicas y declaraciones sobre Venezuela; pero, al mismo tiempo, seguirán invisibilizando, ocultando, la existencia de presos políticos indígenas en América Latina por defender los derechos humanos individuales y colectivos. No interesa al sistema dominante, a los mercados, luego no debe de ser noticia ni motivo de declaración o acción política.
Jesus González Pazos, Miembro de Mugarik Gabe
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.