En 3 sorbos – “Please send help”, dice un cartel en un lujoso hotel de la capital panameña. 299 migrantes de distintas nacionalidades fueron trasladados y confinados en una prisión dorada, bajo estricta vigilancia policial.
1. LA NUEVA ERA DE LAS DEPORTACIONES EN EE. UU.
El regreso de Trump a la Casa Blanca está marcado por el inicio de duras medidas de repatriación forzada de migrantes, prometidas durante su campaña electoral. En la historia de Estados Unidos, las políticas de repatriación se han aplicado con frecuencia: según un análisis del Migration Policy Institute , durante la presidencia de Clinton fueron repatriadas más de 12 millones de personas, y durante la de Obama, alrededor de 5 millones. Ahora, la nueva presidencia pretende superar las cifras de las políticas anteriores, gracias también a los cambios normativos que amplían el número máximo de personas deportadas, a pesar de las restricciones impuestas por los tribunales locales.
2. LOS “PAÍSES TRAMPOLÍN”
Además de recibir desde hace tiempo a sus propios ciudadanos expulsados de Estados Unidos, actualmente los países de América Central se ven obligados por la administración Trump a aceptar también ciudadanos de otros países. Estas medidas de expulsión, en las que los migrantes son trasladados a refugios aislados sin un destino claro, han desviado inevitablemente la atención hacia estos “países trampolín”, como Panamá y Costa Rica. Unos 300 migrantes procedentes de países asiáticos, árabes, africanos y otros más llegaron el mes pasado a Ciudad de Panamá en tres vuelos, y fueron aislados en el hotel Decapolis de la capital bajo custodia policial. Algunos de ellos pintaron o colgaron carteles con mensajes de auxilio en las ventanas del edificio. Días después, un vuelo con 135 personas aterrizó en Costa Rica.
Hasta ahora, el número de migrantes expulsados a América Central sigue siendo bajo, aunque se espera un peligroso aumento. Los líderes de estos países afirman estar simplemente cooperando con el ejecutivo estadounidense, minimizando el alcance de las deportaciones. Analistas advierten que los presidentes han sido amenazados con aumentos arancelarios en caso de no colaborar, y que probablemente otros países de la región también se sumen a la recepción de ciudadanos expulsados, como lo demuestran las señales de apertura de El Salvador y Guatemala . El presidente guatemalteco anunció : “Hemos decidido aumentar en un 40% el número de vuelos con personas deportadas, tanto de ciudadanos repatriados como de expulsados de otras nacionalidades”, durante una rueda de prensa junto al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.
Pero ¿por qué el ejecutivo estadounidense está utilizando a estos países para llevar a cabo sus medidas de repatriación? Los analistas sostienen que estas expulsiones permiten al nuevo presidente deshacerse de problemas que surgieron durante su primer mandato, en un intento por bloquear la migración legal . Las nuevas medidas de la presidencia Trump permiten resolver el problema del hacinamiento en las cárceles, ya que la deportación de ciudadanos de países con los que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas tensas –como China, Irán o Afganistán– acelera los procedimientos. Además, mediante estas medidas, Estados Unidos puede eludir sus obligaciones jurídicas internacionales de ofrecer la posibilidad de solicitar asilo a personas que corren riesgo en sus países de origen. Las deportaciones rápidas también permiten evitar otro obstáculo especialmente espinoso: según la legislación estadounidense, las autoridades no pueden retener a menores durante más de 20 días, estén acompañados por sus padres o no. La mayoría de los migrantes deportados a América Central hasta ahora han sido familias con niños.
3. LA AMENAZA A LOS DERECHOS HUMANOS
Juan Navarrete, abogado de derechos humanos de Amnistía Internacional, considera que la mayoría de los migrantes necesita protección internacional, ya que en muchos casos provienen de países afectados por conflictos armados o gobernados por regímenes autoritarios que no respetan los derechos humanos.
Muzaffar Chishti, investigador del centro de estudios Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, explica cómo el gobierno estadounidense se ha desentendido de sus responsabilidades hacia los deportados, debido a la inaplicabilidad de sus leyes: “Una vez que trasladas a estas personas, las leyes, la Constitución y los reglamentos estadounidenses ya no se aplican. Si estas personas tenían algún derecho según la ley estadounidense, al llegar a Panamá o a Costa Rica ese derecho desaparece”, declaró Chishti a BBC Mundo.
Pero esta no será la parte más difícil del proceso para los dos países, considerando que aún deben negociar con los llamados estados “recalcitrantes”. Se trata de países que no están dispuestos a colaborar en la acogida de migrantes, lo que obligaría a buscar nuevos destinos.
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