La semana pasada, cientos de pobladores xinkas se movilizaron hacia la capital guatemalteca, exigiendo el cierre definitivo del proyecto minero El Escobal y el respeto a su identidad como pueblo originario. Se estarían utilizando 1253 m³ de agua al día para extraer minerales, que equivale a lo que una familia campesina promedio consumiría en 96 […]
La semana pasada, cientos de pobladores xinkas se movilizaron hacia la capital guatemalteca, exigiendo el cierre definitivo del proyecto minero El Escobal y el respeto a su identidad como pueblo originario. Se estarían utilizando 1253 m³ de agua al día para extraer minerales, que equivale a lo que una familia campesina promedio consumiría en 96 años.
El proyecto minero El Escobal, también conocido como Oasis, está ubicado en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, en la región sureste del país, en un área de 40 km².
En el 2006 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó, sin consultar a la población, una licencia de exploración a la empresa Entre Mares de Guatemala S.A., subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc.
En 2010 Goldcorp vendió los derechos mineros a Tahoe Resources Inc., con oficinas en Estados Unidos y Canadá, que a su vez constituyó la subsidiaria local Minera San Rafael.
Un año después, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aprobó un estudio de impacto ambiental que presentaba grandes falencias y poco rigor técnico.
Tampoco consideró los impactos al medio ambiente, sociales y de derechos humanos de las actividades mineras.
Resistencia comunitaria
Se desata la represión
Las comunidades xinkas afectadas por el proyecto crearon el Comité en Defensa de la Vida y la Paz de San Rafaél Las Flores. Junto al Colectivo Madre Selva y la asesoría jurídica del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), presentaron varios recursos de oposición ante el MEM y el MARN, pero nunca obtuvieron respuesta[1].
También se realizaron consultas en diferentes municipios de la zona en las cuales más del 90 por ciento de la población votó en contra de las actividades mineras, sin embargo eso no detuvo el proyecto El Escobal.
La licencia de explotación de plata, oro, plomo y zinc fue aprobada en 2013, en medio de fuertes protestas que fueron reprimidas por los militares tras la instalación de un estado de sitio y la suspensión temporal de derechos y libertades.
Durante los años sucesivos, la represión desatada por los cuerpos represivos del Estado y los guardias de seguridad privada de Minera San Rafael (Tahoe Resources Inc) dejó un saldo trágico de muertos y heridos.
El último ataque fue perpetrado en enero de este año, cuando Laura Leonor Vásquez Pineda, miembro del Comité en Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores, fue asesinada de varios disparos en la cabeza.
El Informe Final de la Tercera Misión Internacional sobre Derecho a la Alimentación en Guatemala[2], que integró la Rel-UITA, señalaba el acaparamiento y contaminación del agua, la deforestación, las afectaciones a la biodiversidad, así como la contaminación, acaparamiento y cambio del uso de la tierra como las principales afectaciones que sufren los pobladores de las comunidades afectadas.
De acuerdo con el Informe, la empresa estaría utilizando 1253 m³ de agua al día para extraer minerales, que equivale a lo que una familia campesina promedio consumiría en 96 años.
¡Cierre definitivo de El Escobal!
Movilización Xinka
A pesar de tanta violencia, las comunidades xinkas nunca se dejaron doblegar.
Con el apoyo del Calas presentaron nuevas acciones de amparo, alegando la violación del derecho a la consulta previa libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Según los pobladores, el MEM nunca los consultó antes de otorgar las licencias, en cuanto se niega a reconocer la presencia de indígenas Xinka en las zonas donde opera la minera.
Finalmente, el 22 de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en la que manda a suspender las licencias «El Escobal» y «Juan Bosco» de Minera San Rafael.
Como consecuencia del fallo judicial, la minera canadiense deberá detener de inmediato las plantas extractores ubicadas en Mataquescuintla, Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores.
Para exigir la salida definitiva de la minera de los territorios y reclamar el respeto a su identidad como pueblo originario, cientos de pobladores xinkas se movilizaron hacia la capital y se concentraron en las afueras de la Corte de Constitucionalidad.
«No necesitamos minas para vivir. Necesitamos agua. ¡Fuera la mina de San Rafael!», coreaban los manifestantes.
«El oro no vale una vida y su dinero no compra el futuro de nuestros hijos. La madre tierra no se vende. Vamos a seguir luchando y defendiendo nuestro territorio», manifestó el Parlamento del Pueblo Xinka en la convocatoria a la movilización.
Notas:
[1] Con informaciones de Environmental Justice Atlas
[2] http://www.rel-uita.org/pdfs/
Fuente: Rel-UITA
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