El dramaturgo comunista alemán Bertolt Brecht escribió una vez que «el hambre no simplemente ocurre, sino que es la consecuencia del comercio de granos.» Una observación similar puede hacerse acerca de Puerto Rico. Basta con reemplazar «hambre» por «desastre natural», y «comercio de granos» por «colonialismo estadounidense», y se tiene un resumen sucinto de la […]
El dramaturgo comunista alemán Bertolt Brecht escribió una vez que «el hambre no simplemente ocurre, sino que es la consecuencia del comercio de granos.»
Puerto Rico se tambalea como consecuencia de los efectos de dos grandes huracanes, Irma y María, en el espacio de unas pocas semanas. Cuando se redacta este artículo, la mayor parte de la isla está sin electricidad, y 70.000 residentes podrían estar en peligro si la dañada presa de Guajataca cede. Toda la gente de la isla está sufriendo las inundaciones y la escasez de alimentos: la malnutrición y las epidemias son posibilidades reales.
Cualquier área que sufra el azote de dos poderosos huracanes seguidos se enfrentaría a grandes retos.
Pero Puerto Rico no es cualquier área. Es una colonia de los Estados Unidos, la más antigua, de hecho.
Durante las dos últimas décadas, la economía de Puerto Rico se ha degradado de forma sistemática mientras que Wall Street y el capital europeo han transferido a su sector público más de $ 70 mil millones de deuda impagable.
Como resultado, la infraestructura básica de la isla -sus sistemas sanitarios, de agua y electricidad- ya atravesaban una crisis desesperada antes que los huracanes golpeasen. Para los puertorriqueños de a pie, la vida bajo los regímenes de austeridad sucesivos se había vuelto cada vez más intolerable – y lo será aún más ahora.
¿Qué tiene que ver con todo esto la relación colonial entre los EEUU y Puerto Rico? Hay que comenzar con el hecho básico de que los puertorriqueños no tienen voz ni voto en las grandes decisiones económicas y políticas que afectan sus vidas.
Desde 1917, los puertorriqueños han sido ciudadanos de los Estados Unidos. Pero sus derechos siempre han estado restringidos. No pueden votar en las elecciones federales, mientras vivan en la isla, por ejemplo. Y aunque pueden votar por el gobernador local y la Asamblea, el gobierno estadounidense puede revocar cualquier decisión que los funcionarios elegidos tomen. Puerto Rico es gobernado actualmente por una Junta de Control Fiscal no electa de siete miembros designados por el Congreso de Estados Unidos en 2016.
Uno de los pilares de la relación económica colonial, la Ley Jones de 1920, requiere que todo el comercio enviado a la isla llegue en barcos con bandera estadounidense con origen en un puerto de Estados Unidos. Así, la carga internacional con destino a Puerto Rico tiene que ser descargada primero en EEUU y, a continuación, volver a ser cargada en un barco de Estados Unidos. Como consecuencia, los bienes de consumo ordinarios, desde comida a los coches, son más caros en Puerto Rico que en EEUU, y que en muchas otras naciones insulares del Caribe.
Como Nelson Denis, autor de La guerra contra todos los puertorriqueños: Revolución y el terror en la colonia de los Estados Unidos, señala, la Ley Jones «tiene tanto sentido como cavar un agujero y llenarlo de nuevo. Cualquier buque de bandera extranjera que llegue directamente a Puerto Rico deben pagar tarifas, cuotas, derechos e impuestos altísimos, que, de nuevo, se cargan al consumidor puertorriqueño. Esto no es un ‘negocio’. Es una extorsión, una red chantajista de protección de la mafia».
Desde que conquistó Puerto Rico de España en 1898, los EEUU siempre lo han tratado como un laboratorio de experimentación económica y una avanzada militar para proyectar el poder de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.
La operación «Manos a la Obra» de EE UU en los años 1940 y 1950 ayudó a transformar a Puerto Rico que era un país predominantemente agrícola. Se basaba en la creación de zonas francas industriales para la exportación, similar a las maquiladoras que surgieron en México, sobre todo después de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entrase en vigor.
En 1976, el Congreso de Estados Unidos aprobó la sección 936 del código fiscal de Estados Unidos, que ofrecía enormes subvenciones fiscales a las empresas que se instalan en Puerto Rico. Esto llevó a muchas multinacionales, en particular compañías farmacéuticas, a localizar sus operaciones en la isla.
Si bien esto ayudó a mantener un sector industrial en Puerto Rico, la naturaleza de capital intensivo de la industria significaba que el desempleo se mantuvo por encima del 10 por ciento, incluso en los años buenos.
Cuando acabó la Guerra Fría, los EEUU dejaron de necesitar utilizar Puerto Rico como un escaparate para América Latina, escribió José Nicolás Medina Fuentes, en un artículo de junio sobre la crisis de deuda de Puerto Rico.
El Congreso derogó la sección 936, eliminándolo gradualmente durante la siguiente década, y luego firmó acuerdos de libre comercio con países de América Latina y el Caribe. La economía de Puerto Rico perdió así su «ventaja comparativa» con respecto a otros países de la región. Su economía se contrajo en más del 10 por ciento. Medina Fuentes resume lo que sucedió:
«Desde 2006, se iniciaron los siguientes procesos: una depresión / recesión de 11 años, la salida del país de 500.000 puertorriqueños, la disminución de los ingresos fiscales, la degradación del crédito del territorio, recortes en las aportaciones y los pagos de los planes de jubilación, y la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo. El gobierno de la isla, con la aprobación del gobierno federal, se vio obligado a pedir préstamos al triple de la tasa de interés normal, sólo para cubrir el gasto corriente, y para refinanciar y pagar la deuda.
La deuda pública creció hasta los $ 24 mil millones a finales del 2000 … Entre esa fecha y 2014, la deuda pública aumentó el 195 por ciento, es decir, $ 48 mil millones en solo 14 años, alcanzando un total impagable de $ 72 mil millones».
A lo largo de este período, los gobiernos neoliberales de Puerto Rico -ya fuese bajo el Partido Popular Democrático (PPD), que tiene vínculos con el Partido Demócrata en los EEUU, o el Partido Nuevo Progresista (PNP), que está relacionado con los republicanos- solo tuvieron una respuesta ante la crisis: austeridad.
Cualquiera que esté familiarizado con el programa de «ajuste estructural» del Fondo Monetario Internacional reconocerá el menú de las políticas llevadas a cabo por la clase política de Puerto Rico: la privatización de los bienes públicos, como el aeropuerto internacional; aumentos en las tarifas de los servicios públicos y los impuestos sobre las ventas; despidos masivos de trabajadores del sector público; restricciones a los derechos laborales y sindicales; y recortes de los servicios públicos, de la sanidad a la Universidad de Puerto Rico.
La Junta de Control Financiero PROMESA quiere ir aún más lejos, recortando el salario mínimo federal, Medicaid y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas para reducir los costes laborales en la isla.
Mientras los trabajadores de Puerto Rico están pagando la crisis económica con despidos, recortes en el gasto social y el colapso de los sistemas básicos, los fondos buitres de Wall Street, que poseen más de la mitad de la deuda, actúan como auténticos bandidos.
La industria financiera estadounidense e internacional presiona a los sucesivos gobiernos locales de Puerto Rico para que asuma mayores cantidades de deuda, y los fondos buitres se reparten los bonos.
En la mayoría de las situaciones de quiebra, los tribunales pueden imponer «perdidas» a los acreedores -obligándolos a aceptar menos de lo que se les debe- para permitir que una entidad insolvente pueda seguir funcionando.
Pero tal es el desequilibrio política entre Puerto Rico y sus amos de Washington que en 2016 PROMESA -«Puerto Rico Supervisión, Administración y Ley de Estabilidad Económica»-, al crear la Junta de Control Financiera, aseguró que los grandes perdedores serían los puertorriqueños de a pie, no los prestamistas irresponsables.
De hecho, los miembros de la Junta de Control Financiero son los mismos financieros cuyas políticas contribuyeron a empujar a Puerto Rico al borde del precipicio. La historia de la «Cuenta Corpus» para la inversión en infraestructura es un equivalente en el Siglo XXI de los saqueos metropolitanos de la riqueza de las colonias.
La privatización de la empresa telefónica nacional en 1998 -una medida que provocó un levantamiento popular masivo, pero desafortunadamente derrotado, conocido como la «Huelga del Pueblo» produjo casi $ 1.200 millones en ingresos que se suponía que serían invertidos en planes para mejorar la infraestructura de agua y energía de Puerto Rico.
Sin embargo, Carlos M. Garcia, presidente del Banco Gubernamental de Fomento bajo el gobierno de la derecha de Luís Fortuño (2009-13), utilizó la mayor parte de ese dinero en una compleja serie de transacciones financieras.
El principal beneficiario fue el Banco Santander, para el que había trabajado antes -y dejaron a Puerto Rico la carga de unos bonos a largo plazo que está obligado a pagar hasta 2043. Como se puede leer en web de seguimiento sel sector financiero Hedgeclippers.org:
«La mayor parte de los ingresos de la privatización de una empresa de telefonía rentable, de propiedad pública, destinados a proyectos de agua de Puerto Rico cruciales, se han convertido en polvo de papel. La Cuenta Corpus ya no financia el desarrollo de infraestructura, sino que consiste en bonos con vencimiento en 2043 que son obligaciones de COFINA y en última instancia, de Puerto Rico y de los contribuyentes a través de los impuestos sobre el valor añadido».
Este escándalo de como las élites financieras y gubernamentales saquearon el fondo de infraestructura de Puerto Rico adquirió mayor importancia cuando miles de personas tuvieron que huir de la zona de la presa de Guajataca. Y no por casualidad, García es uno de los siete miembros de la Junta de Control Financiero de PROMESA.
Los funcionarios de salud pública ya habían advertido -más de un año antes de los huracanes Irma y María- que la desinversión del país en sus sistemas de agua y alcantarillado hacían a los puertorriqueños más susceptibles a la infección por el virus Zika transmitido por los mosquitos.
La austeridad también tuvo su efecto en las inversiones necesarias para actualizar la red eléctrica del país, que tiene más de 50 años.
La compañía eléctrica de Puerto Rico tuvo que declararse en quiebra en julio de 2017, después de que años de austeridad hubieran sido inútiles para reducir su deuda. En cambio, sus gerentes se concentraron en la reducción de personal, un 30 por ciento de su fuerza de trabajo -incluyendo a sus trabajadores más cualificados- que fueron obligados a aceptar la jubilación anticipada, compensaciones o la emigración desde 2012, según el periodista del Washington Post Steven Mufson.
Cuando los huracanes golpearon, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) funcionaba solo en base a dinero en efectivo, lo que dio lugar a frecuentes cortes de energía y al aplazamiento de operaciones de mantenimiento imprescindibles. A pesar del hecho de que los puertorriqueños ordinarios pagan, en promedio, el doble de la factura de electricidad que en los EEUU, la AEE ha tenido problemas para mantener los servicios básicos.
«La razón de los cortes de electricidad, en gran medida, es que la AEE no había podado los árboles cerca del tendido eléctrico», señala Miguel A. Soto-Class, presidente del Centro Para Una Nueva Economía (CNE).
Cuando Irma destruyó parte de la red eléctrica en agosto, los trabajadores sindicalizados de servicios públicos, miembros del Sindicato de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), trabajaron heroicamente sin descanso para restaurar la electricidad.
Mientras tanto, dos empresas de servicios de propiedad privada, EcoEléctrica y AES, apagaron el sistema para proteger su maquinaria. Solo volvieron a conectarlo después de que la red pública eléctrica hubiese sido restaurada. «Si hubiera sido por EcoEléctrica y AES, Puerto Rico seguiría de rodillas», escribió Carlos Fortuño Candelas en el periódico socialista Bandera Roja.
Eso es digno de recordar, porque la Junta de Control Financiero, los fondos buitres y las elites locales están presionando a favor de varios esquemas para «salvar» a AEE mediante su privatización.
Los puertorriqueños de a pie que viven en la isla se enfrentan a una situación terrible.
Cuanto más tiempo este la isla sin electricidad para los hospitales, el tratamiento de aguas residuales y agua potable, mayores serán las probabilidades de brotes masivos de enfermedades. «La histeria está empezando a extenderse,» dijo llorando el alcalde Jose Sánchez González de Manati en una reunión de alcaldes en la capital San Juan. «El hospital está a punto de colapsar. Esta rebosando. Necesitamos que alguien nos ayude inmediatamente».
Dado que Puerto Rico importa hasta el 85 por ciento de sus alimentos -otro aspecto de la relación colonial con los EEUU- habrá pronto escasez si no se organiza un esfuerzo masivo de socorro.
En los EEUU, hay que presionar a las agencias federales para actuar con rapidez para evitar la catástrofe humanitaria que amenaza a los 3,4 millones de residentes de la isla. Y aunque es necesario ayudar a los puertorriqueños a reconstruir sus casas, escuelas, hospitales, lugares de trabajo y otros aspectos de la vida ordinaria, restablecer simplemente el status quo no es una solución.
Aquellos que quieren organizar la solidaridad con Puerto Rico en los EEUU deben exigir la derogación de la Ley Jones, una moratoria de la deuda de Puerto Rico, y la derogación de PROMESA, con la liquidación de la Junta de Control Financiero. Sólo medidas como éstas pueden ayudar a proporcionar algún alivio a millones de puertorriqueños.
Señalando que las medidas de austeridad actuales solo tratan de «privatizar las ganancias», mientras se «socializan las pérdidas» el miembro de la CNE Sergio M. Marxuach señaló que:
«La carga de la socialización de estas pérdidas por lo general recae sobre los pobres y la clase media, precisamente los que están menos preparados para absorberlas. Esta presión sobre los sectores más pobres, finalmente, produce una explosión social cuando los recortes a las pensiones, a la sanidad y la educación pública, junto con el aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad, alcanzan niveles intolerables.
En Puerto Rico esa la presión se ha disipado mediante la emigración hacia los EEUU. Sin embargo, la posibilidad de una crisis social no puede ser ignorada». Los puertorriqueños tienen una gran tradición de lucha, desde los movimientos por la independencia nacional en la década de 1930, la «Huelga de la caña» de los trabajadores del azúcar y las huelgas de los trabajadores portuarios; hasta las protestas contra el reclutamiento obligatorio de los puertorriqueños en el Ejército de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam; pasando por la «Huelga del Pueblo» de 1998 y la lucha victoriosa para expulsar a la Marina de los EEUU de Vieques; así como las huelgas y ocupaciones de la Universidad de Puerto Rico.
Es en esta tradición -la de los puertorriqueños exigiendo el derecho a determinar su propio destino- en la que reside la esperanza del futuro.
Lance Selfa es autor de The Democrats: A Critical History (Haymarket Books, 2012) y redactor de la revista Socialist Worker de EE UU. Fuente: https://socialistworker.org/
Traducción: G. Buster