Para los que todavía dudan del verdadero status político que tiene la isla de Puerto Rico, con la aplicación de la nueva ley Promesa se reafirmó la condición de Washington como metrópoli colonial en pleno siglo XXI. La ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), sin […]
Para los que todavía dudan del verdadero status político que tiene la isla de Puerto Rico, con la aplicación de la nueva ley Promesa se reafirmó la condición de Washington como metrópoli colonial en pleno siglo XXI.
La ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), sin el menor respeto a la soberanía y los derechos esenciales de los puertorriqueños y por edicto del gobierno de Estados Unidos, conducirá en lo adelante los destinos de los boricuas.
Sobre la aplicación de esta ley, Prensa Latina entrevistó a José «Tato» Rivera Santana, luchador independentista boricua y portavoz de la Concertación Puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal.
Para Rivera, la imposición por parte del Congreso estadounidense de una Junta de Control Fiscal a Puerto Rico, «constituye un acto de colonialismo puro, sin disfraz y crudo».
«Desde el 1952 existía un gobierno electo por los puertorriqueños que si bien no ejercía poderes soberanos, realizaba funciones administrativas y ocupaba algunos espacios de autonomía como, por ejemplo, en el ámbito fiscal».
«La imposición de la ley Promesa -añade- cierra esos espacios y cercena las principales funciones administrativas del gobierno puertorriqueño. En esencia, será una Junta Imperial compuesta por siete personas quienes tendrán el poder absoluto para decidir sobre el presupuesto, planes fiscales y disponer de todos los bienes y propiedades del pueblo de Puerto Rico».
El activista insiste que el propósito principal de esta Junta es garantizar el pago a los acreedores de la deuda, cuyo monto asciende a más de 70 mil millones de dólares.
«Es el presidente de Estados Unidos quien va a designar a esas siete personas, sin ninguna participación del pueblo puertorriqueño, por lo que se trata de un claro ejercicio antidemocrático y despótico. Además, representa una violación flagrante de los derechos nacionales y humanos de los puertorriqueños», subrayó Rivera.
DESCOLONIZACIÓN E INDEPENDENCIA, TEMA IMPOSTERGABLE
El luchador independentista subrayó que es importante aclarar que el caso de Puerto Rico no se trata de una neocolonia. «Justamente lo que evidencia la imposición de la Junta Imperial es el carácter clásico de la subordinación colonial a la que Estados Unidos sometió al pueblo puertorriqueño desde 1898, cuando sus tropas invadieron la Isla en el marco de la Guerra hispano-cubano-americana».
Desde entonces -insiste-, Puerto Rico nunca, nunca, nunca ha vivido un solo minuto de soberanía, un solo día de independencia. Durante esos 118 años de colonialismo estadounidense el imperio practicó la explotación económica, la extracción cuantiosa de la riqueza del país, en la forma clásica que el sistema colonial lo ha hecho dondequiera que se ha impuesto.
«El tema de la descolonización e independencia de Puerto Rico es tema obligado e impostergable. Siempre lo ha sido, sin embargo, ahora adquiere una pertinencia clara y fehaciente ante las actuaciones del gobierno estadounidense», enfatizó.
CASA BLANCA VERSUS AUTODETERMINACIÓN
Rivera asegura que la imposición de una Junta Imperial «evidencia que a los gobernantes estadounidense solo les interesa mantener su dominio colonial sobre Puerto Rico, su absoluto control y poco les importa asumir la responsabilidad de terminar con un régimen colonial que está proscrito por las Naciones Unidas y en especial por su Resolución 1514 XV que reconoce el derecho inalienable de los pueblos a su autodeterminación e independencia».
«Las decisiones van más allá de las expresadas por la Casa Blanca. Ha quedado claro que, tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos, como el Congreso y la Casa Blanca reconocen que Puerto Rico es un «territorio» sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Es decir, una colonia».
«En efecto, las tres ramas del gobierno estadounidense -sin «sonrojarse»-, han aceptado que le mintieron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuando en 1953 alegaron que Puerto Rico había alcanzado un gobierno propio, por lo que no era necesario mantenerlo en la lista de países bajo el sistema colonial», explica.
RESISTENCIA POPULAR A PROMESA
Antes de que se aprobara la ley que impone la Junta Fiscal -comenta Rivera-, diversos sectores sociales y políticos se organizaron y comenzaron los esfuerzos dirigidos a enfrentar este grave atropello. Se creó una Concertación que viene trazando las acciones y las diversas formas que adquirirá la movilización popular.
El pasado 25 de junio se celebró la primera Asamblea de Pueblo en contra de la Junta y de allí surgió una Declaración que establece la agenda de acción, y su llamado principal es a desobedecer las políticas y actuaciones de la Junta Imperial.
En esa dirección la desobediencia civil será uno de los instrumentos que se utilizarán y, de hecho, ya se está utilizando como medio de expresión y protesta.
La participación de los puertorriqueños que viven en Estados Unidos es parte crucial de la estrategia de lucha, como lo fue en el pasado. Además, será muy importante la denuncia internacional.
También se convocó a los funcionarios gubernamentales a la no colaboración con la Junta impuesta, y a convertirse en defensores del pueblo puertorriqueño.
Otras actividades y acciones formarán parte de la agenda de lucha y sobre todo, como ocurrió en el pasado cuando el pueblo puertorriqueño obligó a la marina de guerra de Estados Unidos a abandonar la isla municipio de Vieques, habrá mucha creatividad.
JUVENTUD BORICUA A LA VANGUARDIA
Rivera confía que, como siempre, la juventud puertorriqueña estará al frente en las jornadas más importantes de la lucha del pueblo contra la dominación colonial.
«Ahora no es la excepción -aclara-. Desde el 28 de junio, los jóvenes organizaron un campamento de desobediencia civil que impide el uso de la entrada principal de lo que se conoce como el Edificio Federal. En éste radican las principales oficinas de las agencias del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico.
El campamento se mantiene a pesar de las amenazas de desalojo de funcionarios de la oficina de los alguaciles federales.
«La voluntad de lucha del pueblo puertorriqueño viene adquiriendo forma y se va a cristalizar en los próximos meses. Este nuevo capítulo de nuestra lucha más que centenaria apenas comienza», sentenció el activista boricua.
Miguel Fernández Martínez es periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.