Guatemala vivió durante tres décadas un conflicto armado interno. El enfrentamiento empezó en 1960 y dejó un saldo de más de 250.000 víctimas -entre muertos y desaparecidos- según datos oficiales de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. El informe divulgado en 1998 por el sacerdote Juan José Gerardi Conedera determinó que más del 90 por […]
Guatemala vivió durante tres décadas un conflicto armado interno. El enfrentamiento empezó en 1960 y dejó un saldo de más de 250.000 víctimas -entre muertos y desaparecidos- según datos oficiales de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. El informe divulgado en 1998 por el sacerdote Juan José Gerardi Conedera determinó que más del 90 por ciento de las masacres que se registraron en la guerra y que dejaron miles de muertos fueron cometidas por el Ejército de Guatemala [1]. Las prácticas propiciadas por el Estado entre 1981 y 1983 -exterminio, torturas, desapariciones, táctica de tierra arrasada, desapariciones forzadas, etc.- fueron perpetradas en su mayoría contra indígenas mayas de las comunidades rurales del país.
Según las apreciaciones de la ONU, los militares cometieron los delitos -entre ellos de lesa humanidad- arguyendo confrontar grupos armados y «por exceso» también cometieron crímenes violentos contra la población civil. Es difícil creer que la comunidad internacional no tenía información al respecto, dado que el 18 de julio de 1982 el entonces presidente de facto Efraín Ríos Montt fue citado en el periódico estadounidense New York Times diciendo a la población indígena como parte del programa Fusiles y Frijoles: «Si están con nosotros, los vamos a alimentar; si no lo están, los vamos a matar».
Los acuerdos de paz que pusieron fin a la prolongada Guerra Civil de Guatemala, firmados entre 1991 y 1996, contemplaron, entre otros ítems «el restablecimiento de la democracia, el retiro del ejército de las funciones gubernamentales y el establecimiento de una comisión para la verdad histórica» [2]. Se trata de una docena de acuerdos que fueron suscritos por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-.
La mediación de las Naciones Unidas dio como resultado algunos cambios en las dinámicas institucionales. Así, en 2006 se estableció, por medio de un acuerdo entre el Gobierno y las Naciones Unidas, la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Su objetivo fue reforzar la capacidad del Estado de Guatemala para cumplir eficazmente sus obligaciones frente a las convenciones de derechos humanos -de las cuales es parte- y sus compromisos contraídos con arreglos al Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de 29 de marzo de 1994 [3]. Gracias a la CICIG, finalmente, en marzo de 2013 [4] se llevaron a cabo los juicios y la sentencia por genocidio a Ríos Montt -aunque luego terminó en prisión domiciliaria-.
La CICIG significó una importante reforma en la aplicación de Justicia en el país, que fue determinante para el desmantelamiento de la red de corrupción que implicó la entrada en prisión de Otto Pérez Molina por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por su participación en una estructura criminal -entre otros procesos a políticos corruptos-. El general Otto Pérez Molina -su nombre de guerra fue «Mayor Tito Arias»-, fue presidente de Guatemala (2012-2015), también fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar en 1991, y representó al Ejército en la firma de los Acuerdos de Paz, habiendo sido miembro de la Junta Interamericana de Defensa. Durante el 2015, y bajo la consigna de «basta de corrupción» comenzó una oleada multitudinaria de manifestaciones que junto a las presiones de la CICIG, obligan al presidente y la vice presidenta a renunciar, ambos serian finalmente procesados.
Crisis política y recambio generacional castrense
Jimmy Morales era un comediante sin experiencia de gestión que arribó al poder gracias al apoyo de sectores aliados: facciones del Ejército y la oligarquía nacional. En enero de 2016, a tan solo días de haber asumido su mandato, enfrentó una crisis en la cúpula del Ejército luego de destituir al general Alfredo Sosa Díaz como jefe del Estado Mayor de la Defensa. Lo que en principio intentó ser un cambio de rutina, viró 180 grados cuando la abogada defensora de Sosa Díaz presentó un proceso de antejuicio -que implica el despojo de la inmunidad del cargo- contra el ministro de Defensa, el general Williams Mansilla Fernández, acusado de poner en manos de la Fiscalía hechos clasificados como «secreto militar» que involucran a 18 oficiales retirados, quienes son enjuiciado por crímenes de lesa humanidad [5].
A pesar de los escándalos que han sacudido a su gestión, Williams Mansilla se ha mantenido en el cargo con tres presidentes distintos: Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado y Jimmy Morales. Sin embargo, el liderazgo del ejército en tiempos de Jimmy Morales y el FCN (Frente de Convergencia Nacional) se encuentra en la órbita de dos promociones más jóvenes, la 103 y la 108. Si el gobierno de Otto Pérez Molina sirvió para que dos facciones enfrentadas del ejército co-gobernaran en conjunto, el de Jimmy Morales ha servido para institucionalizar el relevo generacional [6].
Héctor Rosada -investigador, analista político, primer Secretario de la Paz y uno de los principales negociadores de los Acuerdos de Paz- ha afirmado que dentro de los mandos medios del Ejército existe descontento hacia la alta jerarquía, por considerarlos corruptos. El analista sostiene que la élite militar no es homogénea, sino compuesta por segmentos de élite que temen su implicación ante el avance de los juicios. Otro sector de la élite manifiesta cierto recelo ante el hecho de que se estén politizando las Fuerzas Armadas y se aprovechen espacios de la institución para el ascenso a cargos políticos de oficiales que fueron visibles durante la guerra. No les gusta que algunos entren en la participación político electoral [7].
¿Corrupción o despolitización?
En la actualidad, la corrupción está en agenda mientras pareciera que el genocidio y la guerrilla han quedado de modé. Tanto en las marchas de 2015 que dejaron como saldo la renuncia y cárcel de Pérez Molina, como en las movilizaciones actuales a favor de la CICIG, la consigna es acabar con la corrupción, y bajo el paraguas de esta consigna parece inscribirse también la de acabar con los políticos en general -porque son todos corruptos. Ahora bien, no se discute la posibilidad de existencia de un Estado diferente al tradicional, que se ha reforzado en su función represiva, a la vez que ha enflaquecido en lo relativo a procurar el bienestar económico y social de las mayorías, así como la inclusión política de los indígenas y campesinos, no como minoría sino como núcleo fundamental del Estado.
En las elecciones de 2015 Jimmy Morales resultó victorioso presentándose como outsider de la política, con el discurso de acabar con la corrupción. Sin embargo, los nuevos escándalos de corrupción relacionados con a su gobierno han puesto en la mira al CICIG, después de que el jefe de este organismo, Iván Velázquez Gómez, fuera declarado persona non grata por el presidente Morales, tras iniciar un proceso de investigación que se saldó con la detención de su hijo y de su hermano y que dio indicios de financiamiento ilícito de su campaña electoral. Esto supuso que la Fiscalía General (órgano que asesora la CICIG) solicitara el antejuicio contra Morales para retirarle su inmunidad, solicitud rechazada en días pasados por el Congreso. El saldo del intento de expulsión al representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad fue nada menos que la renuncia de cuatro ministros que abandonaron su cargo en agosto pasado.
Palabras finales
La crisis que vive Guatemala refleja sin embargo algunas tensiones irresolutas durante el proceso de paz que definitivamente tienen implicaciones en las dinámicas políticas actuales: 1) el neoliberalismo, 2) la extrema desigualdad, 3) la modernización del sistema de justicia sigue de la mano de técnicos foráneos incapaces de generar apropiación en las instituciones para transformar el estado y 5) pervivencia de la derecha en el gobierno y que no se verá afectada con la salida de Morales.
Las izquierdas y la clase media parecen «renunciar» o no tener ninguna expectativa respecto a la toma del Estado para lograr una transformación (debido a que en sí mismo la política, los políticos y lo público es entendido como corrupto y asociado a un Estado contrainsurgente). La consigna contra la corrupción entonces se transforma en una consigna contra el Estado actual en Guatemala, pero también quizás contra la posibilidad de cualquier tipo de Estado, incluso uno que pudiera estar orientado a procurar por las mayorías en un esquema de disminución de la dependencia respecto de la asistencia técnica y financiera para el desarrollo desde arriba (instituciones financieras internacionales) y desde abajo (ONGs) para consolidarse. Al cerrarse esta posibilidad la elite de poder que viene intercalándose en el gobierno a través de partidos liberales de derecha, sigue colonizando al Estado.
El martes 19 de septiembre y en plena crisis política, el presidente Jimmy Morales dijo en la Asamblea General de la ONU que Guatemala espera que pronto junto a ese organismo inicie la revisión del convenio de creación de CICIG para su correcta aplicación, para garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y para «evitar la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política». Ese mismo día, presentaron su renuncia los ministros de Trabajo, de Interior y de Finanzas, la crisis continúa [8].
Notas:
[1] http://www.remhi.org.gt/
[2] Figueroa, C. (2017) Los acuerdos de paz en Guatemala veinte años después. LASA Forum.
[3] http://www.cicig.org/
[4] http://www.un.org/spanish/
[5] https://elpais.com/
[6] https://nomada.gt/las-
[7] https://www.plazapublica.
[8] https://www.telesurtv.net/
Fuente: http://www.celag.org/guatemala-la-corrupcion-no-tape-al-genocidio/
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