Dos personas fallecidas, dos heridas y otras dos desaparecidas -que trabajaban en la minería informal- es el balance del derrumbe sucedido el pasado 4 de noviembre en el distrito de Cachachi, en la provincia de Cajabamba (departamento de Cajamarca); ante los hechos, las comunidades del Valle de Condebamba plantearon una denuncia y exigieron la “intervención urgente” tanto del Ministerio Público como de las instituciones ambientales.
Además de los trabajadores de la mina fallecidos o heridos, “la presencia de desmontes y residuos mineros vertidos directamente en las riberas estaría contaminando el agua, afectando cultivos y poniendo en riesgo la salud y los medios de vida de miles de familias campesinas de la región”, alertaron las organizaciones populares.
De la denuncia se ha hecho eco la Red Muqui, iniciativa de entidades peruanas para defender los derechos de las comunidades y las poblaciones afectadas por la minería y la metalurgia; surgido en 2003, el colectivo está formado por 30 asociaciones, ONG y entidades locales de 11 regiones de Perú; en 2024 la red promovió la campaña Valles y ríos para la vida, no para la minería; y en 2003, ¿Minería para todos? Mitos y realidades.
En 2025 han publicado el informe Alternativas al extractivismo en Perú, que señala la importante influencia que ejercen las corporaciones multinacionales -a través del Estado- para lograr concesiones mineras y ejecutar inversiones; éstas se materializan, a menudo, en perjuicio de las comunidades.
Entre los orígenes del problema, el informe señala la presencia de materias primas en el territorio; de hecho, Perú es el segundo productor de Cobre del mundo, el tercero de plata y el cuarto de estaño, plomo y molibdeno; asimismo posee unas reservas notables de litio.
El documento plantea alternativas al modelo extractivista en América Latina, como las resistencias en el Valle de Intag (provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador), una de las zonas con mayor diversidad del planeta y declarada Santuario de Vida en 2024; asimismo la experiencia del movimiento zapatista en el estado mexicano de Chiapas; y de la comunidad campesina de Segunda y Cajas, en la provincia peruana de Huancabamba, que se enfrenta al proyecto minero de cobre y molibdeno Río Blanco (promovido por el grupo chino Zijin Mining).
El libro Los 20 años de la Red Muqui. Caminando con los pueblos en la defensa de sus derechos y territorios (2024), editado por Jaime Borda Pari, Raphael Hoetmer y Bikut Toribio Sanchium, con la colaboración de más de 50 autores, aborda dos décadas de historia de la minería en Perú, la defensa de los derechos humanos, las prácticas de violencia y los conflictos ecoterritoriales; el texto comprende el periodo 2003-2023.
Tras el derrocamiento del presidente progresista Pedro Castillo, en diciembre de 2022, accedió a la presidencia Dina Boluarte, quien contó con el respaldo inmediato de Estados Unidos (presidencia de Biden) y reprimió con saña las movilizaciones populares (50 personas asesinadas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, según Amnistía Internacional).
En este contexto de violencia estatal, escribe el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda Pari: “Nuevamente el sector minero fue el más favorecido. En medio de la crisis, ellos siguieron trabajando e inclusive se vieron favorecidos por los precios altos del cobre, el oro, la plata, entre otros minerales, en el mercado internacional”; las empresas utilizaron expresiones como minería verde o transición energética.
La superficie del territorio nacional ocupada por concesiones mineras pasó del 1,7% en 1991 al 14,9% en abril de 2024, según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) de Perú; los departamentos con una mayor proporción son La Libertad (51%), Apurimac (50,8%), Moquegua (50,6%) y Ancash (46,3%).
Proyectos conocidos son el de la mina aurífera de Yanacocha, en el departamento de Cajamarca, gestionada por la multinacional estadounidense Newmont; en abril, la Comunidad Campesina de San Andrés de Negritos (Cajamarca) presentó una demanda de amparo contra la empresa y el Estado peruano por el despojo de más de 14.000 hectáreas de su territorio ancestral.
O la actuación denominada Tía María, en la provincia de Islay (región de Arequipa), para la extracción de cobre; promovido por la empresa Southern Coopper (Grupo México), las obras del proyecto se han iniciado en noviembre; a finales de octubre, los pobladores del Valle del Tambo rechazaron -en Lima- la autorización para el comienzo de las actividades de explotación; entre otras razones, por el impacto sobre las fuentes hídricas.
Asimismo en la provincia de Espinar (departamento de Cusco), la comunidad Tintaya-Marquiri denuncia más de cuatro décadas de impactos en la actividad desarrollada por la empresa Antapaccay (filial de la multinacional suiza Glencore); además de la contaminación del medio natural, los pobladores señalaron la presencia de metales pesados en la sangre; el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha confirmado las alertas de los campesinos.
También el 11 de noviembre, pobladores del distrito de Chamaca (provincia de Chumbivilcas, Cusco) iniciaron el bloqueo del corredor minero del sur, vía que utiliza la empresa minera Las Bambas (controlada por MMG, cuyo principal accionista es China Minmetals Corporation) para el transporte de concentrado de cobre.
Uno de los hitos destacados por la Red Muqui tuvo lugar en 2004, cuando una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado de Perú por décadas de contaminación tóxica que denunció la comunidad La Oroya (departamento de Junín); los efectos negativos en el aire, el agua y el suelo fueron producidos por el Complejo Metalúrgico de La Oroya.
En el libro Los 20 años de la Red Muqui, la fundadora del Movimiento por la Salud de La Oroya, Yolanda Zurita Trujillo, enuncia algunos avances del colectivo: “El Estado siempre habló sólo de metales pesados, pero con nuestra lucha logramos que se amplíe a metaloides y otras sustancias químicas tóxicas; el otro logro es el reconocimiento de la Plataforma Nacional de afectados”.
La Red Muqui subraya el balance de Global Witness, que en el Informe Raíces de Resistencia-2025 subraya cómo, en 2024, fueron asesinadas o desaparecieron al menos 146 personas defensoras del medio ambiente y el territorio en el planeta; un tercio de ellas fueron indígenas o afrodescendientes; el 82% de los casos se registraron en América Latina. Gerardo Keimari Enrique, Mariano Mucama Isacama Feliciano, Ricardo kunchikui Shimpujat y Victorio Dariquebe Gerewa fueron víctimas en Perú.
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