Traducido del italiano para Rebelión y Tlaxcala por Antonio Antón Fernández
Ha tenido que pasar más de un año, y -por lo que parece- sobre todo las elecciones, antes de que el gobierno de Italia diese el visto bueno al Consejo de Europa para la publicación de la relación sobre el estado de las cárceles italianas y de los centros de permanencia temporal. El voluminoso informe -fruto de la visita efectuada por el Comité para la prevención de la tortura (CPT) entre noviembre y diciembre de 2004- no entró en prensa hasta el día de ayer, después de numerosas polémicas (impulsadas entre otros por Il Manifesto y por una petición parlamentaria firmada por Tana de Zulueta y otros 19 diputados) que se llevó a cabo justo porque el gobierno italiano estaba retrasándose.
En efecto, el cahier de doléances es largo, pese a la prudencia diplomática. Cárceles superpobladas, asistencia sanitaria lamentable y personal insuficiente son sólo algunos de los problemas identificados por el Comité.
Sin embargo, en lo que respecta a los CPT -la delegación ha visitado solamente Agrigento, Trapani, Lampedusa y Caltanissetta- las críticas no son particularmente encendidas, aunque fuese precisamente la inspección la que causó el cierre del centro de Agrigento. No obstante, se solicita información sobre las deportaciones hacia Libia, con una retahíla de recomendaciones, empezando con el hecho de que los expulsados deberían ser identificados con eficiencia.
Pero lo que mayoritariamente preocupa a los funcionarios del Consejo de Europa es el estado de las cárceles y la formación del personal policial.
Por lo que parece, no hemos dado una buena impresión, sobre todo cuando la delegación intentó visitar la Comisaría de policía ferroviaria de Roma-Termini y la comisaría de policía de Civitavecchia, encontrándose frente a una especie de muro. Escandalizados, los funcionarios escriben que los policías rechazaron la colaboración y no dieron ni su nombre ni su número de identificación. Por lo demás, como hace notar el informe, el jefe de policía ni siquiera se preocupó de proporcionar un pase de visita a la delegación.
De todos modos, la visita a la estación de la capital no fue inútil: en el andén 13 se encontraron con una especie de caja de apenas 3 metros cuadrados que sirve para retener a las personas detenidas en la estación.
Los institutos penales inspeccionados son sólo tres: Civitavecchia, Verona Montorio y Parma. Pero el patrón de muestra parece representativo. En Civitavecchia, los inspectores encontraron que dos agentes penitenciarios bajo orden judicial por agresiones a los detenidos todavía trabajan allí, en estrecho contacto con las personas de detrás de los barrotes. En la prisión de Parma el Comité encontró tres detenidos según el artículo 72 (es decir, condenados a cadena perpetua y aislamiento diurno) «en condiciones inaceptables». Los tres «estaban encerrados sólos en sus celdas durante 22 horas al día. Además, sus celdas estaban mal aireadas». La misma cosa para los detenidos del 41bis, para los cuales el Comité recomienda un mejor tratamiento. Pero las críticas más severas llegan con la superpoblación, la carencia de personal penitenciario y sobre todo del sanitario, debido a «severas restricciones de presupuesto».
Sin embargo, no se ha presentado ninguna denuncia en lo que respecta al maltrato de los detenidos en las cárceles, mientras que existe alguna inquietud por las medidas expeditivas utilizadas durante las detenciones. El comité, además, hace saber que tiene el ojo puesto en los incidentes de Nápoles y Genova de 2001, y solicita «informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas para evitar la repetición de episodios similares en el futuro».
Texto original: www.ilmanifesto.it/ricerca/ric_view.php3?page=/Quotidiano-archivio/28-Aprile-2006/art111.html&word=gubbini
Antonio Antón Fernández es miembro del colectivo de Tlaxcala (www.tlaxcala.es), la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción es copyleft.