La zona norte, uno de los baluartes campesinos del Paraguay, sufre desde hace varios meses un proceso de acelerada militarización. Esto se da en el marco de la decisión del gobierno de Fernando Lugo de «terminar con la subversión y su alianza con el narcotráfico». Sin embargo, dirigentes populares de ese ámbito geográfico, que reúne […]
La zona norte, uno de los baluartes campesinos del Paraguay, sufre desde hace varios meses un proceso de acelerada militarización. Esto se da en el marco de la decisión del gobierno de Fernando Lugo de «terminar con la subversión y su alianza con el narcotráfico». Sin embargo, dirigentes populares de ese ámbito geográfico, que reúne localidades emblemáticas de la lucha campesina del último medio siglo (como son Concepción, San Pedro, Caaguazú) afirman que detrás de toda esta política represiva, que ejecutan policías y militares, está la decisión oficial de no hacer lugar a los reclamos históricos del campesinado.
Haciendo memoria, se puede decir que fue precisamente en esta zona donde el ex Obispo Lugo recogió gran parte de sus apoyos. Allí, a través de su prédica y de su decisión de recoger las aspiraciones del pobrerío, se fueron gestando lazos importantes, que con el tiempo germinaron en compromisos que parecían firmes (sobre la urgente necesidad de producir una reforma agraria) y que cuando el Fernando Lugo candidato llegó a la meta, no cumplió. Más aún, contesta a los reclamos del campesinado con represión y detenciones indiscriminadas.
La acusación o la excusa que se utiliza para aplicar esta política es burda: relación con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que opera en la zona desde por lo menos dos años antes de que Lugo asumiera el cargo. Detrás de este supuesto, la policía brava que proviene -intacta en sus métodos de acción- desde la época del dictador Alfredo Stroessner, irrumpe en los pueblos, allana viviendas, golpea, tortura y asesina a campesinos desarmados y cuyo único objetivo es el de siempre: luchar por la tierra y contra la pobreza.
Paraguay duele
Con casi 6, 2 millones de habitantes, la población rural representaba -según datos de 2007- el 42,6 %, cuyo 47,2% son mujeres campesinas. Otros datos ilustrativos que enmarcan la situación de conflicto que vive el país, muestran que el 1% de los propietarios concentra el 77% de las tierras, el 40% de los/las agricultores/as, que poseen de 0 a 5 ha, disponen sólo de 1 % de las tierras agrícolas
Además, un total de 38,2% de la población viven en situación de pobreza, entre éstos, 15,5% en pobreza extrema. El 36,6% de la población rural y el 39,4% de la población urbana viven en situación de pobreza, mientras que 120 mil familias (29,7% de la población rural) no poseen tierra propia; cerca de 300 mil familias se consideran sin tierra o con tierra insuficiente.
Cerrando las estadísticas, otro datos demoledor: Paraguay padece un nivel de desnutrición de 15% de la población.
La mayoría de la población rural no tiene acceso a la educación, lo que hace que los niveles de analfabetismo estén entre los mayores del continente. Además, para un campesino está prohibido enfermarse. Los puestos de salud no tienen medicamentos, y pocas veces hay médicos que se avengan a atender a madres que a gritos piden que les salven a sus hijos desnutridos. En todo el Norte paraguayo se vive en condiciones de extrema miseria. Los sueldos son ínfimos, y gran parte del mismo se abona en especies.
En el departamento de Concepción, el 40% de las tierras están en manos de latifundistas, la mayoría son paraguayos adinerados y otros son brasileños.
Últimamente se libró un conflicto en la estancia del terrateniente Teixeira, donde un grupo de campesinos venían reclamando tierras y ocuparon una parte de ese latifundio. Teixeira tiene en San Pedro, en Santa Rosa de Aguaí) 17 mil hectáreas, y en otros puntos de la geografía paraguaya otro tanto. Lo paradójico es que de acuerdo a las leyes que existen en Paraguay, Teixeira, por ser brasilero, no podría tener esas tierras, lo que ocurre es que «en Paraguay todo se arregla ilegalmente y luego no hay reclamos ni amonestaciones».
Es en ese marco, que la pelea actual del campesinado cobra gran importancia. Para abortarla, el sistema oligárquico que impera en el país desde hace décadas ha apelado de manera continua a aplicar una receta de represión y muerte.
Desde los tiempos en que gobernó -durante 40 años- la dictadura strossnista, se ha hecho común el accionar policial contra el campesinado, pero también es asunto conocido que los ganaderos y terratenientes paraguayos tienen a su servicio guardias privados y paramilitares que son los que se encargan de asesinar a campesinos por el solo hecho de reclamar sus derechos.
Según el testimonio de un dirigente rural de San Pedro, «hasta hace muy poco, los campesinos apenas se defendían de los atropellos, sólo se hacían denuncias por radio o a través de organismos de derechos humanos, pero la Fiscalía desestimaba esas denuncias y nunca se hacía justicia». Debido a ello, un grupo de personas que ya habían pasado a la clandestinidad, se unieron con otros jóvenes campesinos y comenzaron a planificar acciones de autodefensa, que luego derivarían en la formación del EPP.
Para que se entienda mejor, va un ejemplo muy habitual en el convulsionado Norte: un grupo de campesinos, apretados por el hambre, carnean una vaca. Para los patrones eso es abigeato y ordenan que los guardias armados persigan y ejecuten a sangre fría al campesino. Todos los estancieros y terratenientes tienen a su servicio estos guardias. Y es por ello, que en los diarios suele leerse que el EPP ejecutó a dos policías y cuatro civiles. En San Pedro o en Concepción, nadie duda que esos «civiles» son casi siempre los paramilitares que al servicio de los patrones, trabajan con las fuerzas represivas.
El paramilitarismo está enclavado en la historia del país. En otro tiempo, al servicio del Partido Colorado estaban las «Comisiones Garrote», que eran cuerpos para-policiales, en los pueblos, organizados por ese partido. Ahora, el Presidente Lugo emitió una ley que los elimina, pero en general todos esos grupos se reciclaron como guardias de seguridad de las estancias, y siguen matando impunemente.
Gran parte del campesinado que hoy está en rebeldía contra el gobierno, fue en su momento el sostén principal de la candidatura de Lugo. «Todos ansiábamos el cambio en Paraguay y vivimos con expectativa la llegada de Fernando Lugo al gobierno», señala Pastor Brizuela, un militante agrario que vive Concepción. Y acota: «Gran parte de las organizaciones sociales y campesinas, de la ciudad y el campo, lo apoyaron, pero lamentablemente todo terminó en una gran decepción. En su plataforma política, lo que más utilizó Lugo, fue la promesa de una reforma agraria ya que la situación en el campo es bastante caótica, las familias se están desintegrando, muchas mujeres jóvenes dejan a su marido y a sus hijos para ir a trabajar de domésticas en otros países. Cuando pasaron los meses y nos dimos cuenta que nada iba a cambiar, que los sectores de la oligarquía ganadera y las patronales sojeras no estaban dispuestas a conceder lo minimo que se pedía, nos quedó claro que Lugo era débil, y que las presiones que recibía lo convertían en prisionero de sus propias contradicciones».
¿El EPP existe?
No es secreto para nadie que transite el Norte paraguayo que el EPP viene operando en la zona desde aproximadamente el 2006, es decir, dos años antes que Lugo asumiera el gobierno. La organización, conformada por un grupo de jóvenes, preferencialmente del área rural, proviene de una escisión del Partido Patria Libre (PPL).
Cabe recordar que el PPL es un nucleamiento político que participó en las elecciones nacionales de 2003 y que luego comenzó a ser perseguido bajo la acusación -nunca comprobada- de sus relaciones con las FARC y a cuyos máximos dirigentes, Juan Arrom y Anuncio Martí, que hoy se hallan refugiados en Brasil, se les acusa del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. Ambos dirigentes niegan tal aseveración y repudian la campaña de difamación que soportan desde hacer varios años.
Las primeras acciones del EPP, no eran firmadas por dicha organización ya que estaban orientadas a recuperar armamento o recaudar dinero, pero en marzo de 2008 se produce una quema de maquinarias agrícolas en la Estancia Santa Herminia, en Concepción. Dicho establecimiento dedicado a la producción sojera es del terrateniente brasilero Nabort Boht. No fue casualidad esta operación, ya que organizaciones campesinas de la zona venían denunciando desde hacía dos años que los trabajadores sufrían afecciones a su salud por fumigación de agroquímicos. Tanto la Gobernación de Concepción, la Fiscalía y la Justicia dieron la razón a los pobladores rurales. En consecuencia se dictó una orden de captura en contra del empresario sojero, cuyas denuncias fueron todas desestimadas por tribunales de la ciudad de Horqueta. En función de estos sucesos, al parecer el EPP ejecuta la operación de castigo al terrateniente y de propaganda armada.
Tiempo después, el 31 de Julio de 2008, sobrevendría el primer secuestro contra el ganadero, maderero y ex intendente de Tacuatí, Luis Alberto Lindstron. Su liberación se realizó luego de 43 días, previo pago de 300.000 dólares.
Cinco meses más tarde, en ocasión del incendio del Destacamento militar de Tacuatí (dependiente la 3ª División de Caballería con asiento en Curuguaty, en el Departamento de San Pedro), que la guerrilla hace su aparición pública y firma el atentado. Era la medianoche del 31 de diciembre de 2008, cuando el grupo insurgente quema el puesto policial que no por casualidad estaba dentro de la propiedad de la empresaria ganadera brasilera Mary Llorens. Alli también se habían producido denuncias de que las guardias armadas de la estancia capturaban campesinos acusados de abigeato y los entregaban a los militares de Tacuatí. Estos los torturaban y luego directamente los ejecutaban a balazos.
En respuesta a esta acción guerrillera, después de recibir las órdenes de Lugo, el ejército desplegó un operativo de gran envergadura pero no consiguió mayores resultados, salvo infundir terror entre la población campesina de la zona.
El Norte fue ocupado militarmente, con todo lo que ello implica. De hecho, el operativo fue el mayor desde el que dispuso Stroessner tras el asesinato del dictador nicaragüense Somoza en 1980. El sábado 10 de enero, se trasladaron a la zona más de 1.000 efectivos militares y policiales, entre ellos tropas especiales, 15 patrulleras, 8 caballos de la montada, 29 vehículos de transporte pesado, 125 camionetas del Destacamento de Operaciones Ligeras (DOL), tres helicópteros artillados, dos avionetas, una repetidora para equipos de comunicación, tres ambulancias, cuatro médicos, un juez, tres fiscales y hasta una banda de músicos.
Según declaraciones de algunos de sus dirigentes o de documentos que se hicieran públicas, se puede inferir que el EPP se está desarrollando actualmente como una fuerza defensiva o una autodefensa armada, justificando este accionar por las continuas persecuciones y ejecuciones que sufren los campesinos en la zona rural».
Su ideología es afín al marxismo-leninismo y al «nacionalismo latinoamericanista, aunque también se manifiestan como reivindicadores de los próceres de la historia paraguaya como Gaspar Rodríguez de Francia y Francisco Solano López.
Como vocera oficial del EPP, actúa Carmen Villalba, que junto a su compañero Alcides Oviedo, se encuentran en prisión desde hace seis años, acusados del secuestro de la señora Bordón de Bernardi.
Fue precisamente Villalba quien el 30 de abril de 2009, reivindicó desde la prisión el primer atentado cometido por el EPP en la capital, Asunción, al colocarse una bomba -que no estalló- dentro del Palacio de Justicia.
Carmen Villalba está en la cárcel de mujeres del Buen Pastor (en Asunción), Alcides Oviedo -un ex-seminarista-, fue confinado en un cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Este último estuvo los primeros tres años totalmente aislado. Apenas llegó Lugo al Gobierno, su situación pareció cambiar, ya que estuvo un mes en un pabellón normal, pero luego lo volvieron a enviar a prisión en aislamiento.
Ambos dirigentes están condenados a 15 años de prisión, más 3 años de «medidas de seguridad», dispuesto por los jueces, por razones de «alta peligrosidad».
Secuestro de Fidel Zavala
El 15 de octubre de 2009, el EPP desarrolla una de los hechos que le generó mayor difusion a nivel mundial y también más dinero para consolidar el accionar insurgente. Ese día un commando secuestra al ganadero Fidel Zavala en su estancia de Hugua Ñandú, Paso Barreto en el departamento de Concepción. El ganadero, perteneciente al Partido Colorado y poseedor de varias estancias en Concepción y suculentas inversiones financieras en Asunción, carga sobre sus espaldas numerosas acusaciones de maltrato -por parte de sus guardias armadas- de trabajadores rurales de sus establecimientos. Incluso, hay denuncias de que algunos campesinos fueron asesinados por protestar.
Fernando Lugo convierte la búsqueda del estanciero en «causa nacional» pero a pesar del despliegue policial-militar no logró hallar rastros de los captores.
El 12 de enero de 2010, la familia Zavala se vio obligada a donar carne de sus ganados a familias de escasos recursos, obedeciendo a los pasos de un folleto hecho por el EPP para la posterior liberación del hacendado como parte de la negociación con los secuestradores. Dicha carne fue entregada como «cortesía del EPP» (según los captores) a comunidades carenciadas de la zona y de la capital del país. Finalmente, en la noche del 17 de enero, Zavala fue liberado tras 94 días de cautiverio. Fue encontrado a unos 10 kilómetros de su estancia, y según trascendió la familia habría pagado cerca de un millón de dólares.
Represión contra el campesinado
En ocasión del ataque del EPP al destacamento de Tacuati y la consiguiente militarización de toda la región Norte, la represión militar provocó varias víctimas.
El lunes 12 de enero en la Colonia Hugua Ñandú, de Concepción, fue asesinado Martín Ocampos Páez, director de la Radio Comunitaria Hugua Ñandú FM, que funciona en una escuela construida por la comunidad. Martín Ocampos también era miembro del Comité de Productores en formación de esa localidad. Inmediatamente después sobrevino una serie de denuncias de torturas a los campesinos detenidos, según relato de las víctimas que recogió la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY) a través de su equipo jurídico. El propio Obispo de Concepción, Zacarías Ortiz y médicos independientes denunció que los detenidos por militares, policías y fiscales fueron torturados brutalmente, siendo desgarradores los relatos.
El mismo día fue ejecutado Juan Ramón González, dirigente campesino de Itakyry. Agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que están en la zona protegiendo la propiedad privada de los sojeros, asesinaron a otro dirigente campesino.
En Arroyito (en la estancia Santa Delia) mataron a un dirigente campesino, por supuesto abigeato. Y luego hubo otras ejecuciones.
En enero de 2009. Se secuestró a seis campesinos. Crispin Fernandez, Sebastián Martinez, Alcides Martinez, Hector Martinez, Damian Nestor Damian Ocampo. Pobladores de Curuzú del Hierro. Los detenidos, en un destacamento militar, fueron brutalmente torturados. Los vecinos comenzaron a movilizarse buscándolos, e intervino un obispo de Asunción, y se logró dar con ellos en un cuartel. Luego hubo otros operativos, con allanamientos nocturnos y que terminaron con muchas personas detenidas. Para los medios paraguayos, decir Curuzu del Hierro, mencionar su población de miles de campesinos, es hablar de un bastión del EPP. Está claro que se exagera para excusar la represión, pero paradójicamente hoy en la zona, muchos pobladores manifiestan su hartazgo de tanta violencia policial y manifiestan su solidaridad con los que pasan a la clandestinidad.
Para que se entienda esto, hay que tener en cuenta que el gobierno acusa a los campesinos que detiene, de ser «apoyos logísticos del EPP», pero el propio presidente Lugo sabe que en realidad se trata de dirigentes históricos del campesinado como Sindulfo Agüero, que luchó contra Stroessner y fue salvajemente torturado (perdió un ojo por los golpes), y ahora desde sus 70 años de edad sigue batallando. Hoy está preso junto con su hija por «ser simpatizante de la guerrilla».
En los últimos meses hubo muchas detenciones. Denunciaron torturas, y unos 14 quedaron en la cárcel y otros fueron liberados. A las mujeres las tuvieron 48 horas torturándolas, con abusos sexuales. Otra felonía policial es la de interrogar violentamente a los niños que se encuentran en casa de los detenidos, qué relación familiar tienen con los mismos a fin de descubrir contradicciones.
Otro caso que ganó publicidad es el de José Villalba, dirigente campesino muy conocido en Concepción, detenido dentro de las medidas de estado de excepción. Acusado de ser colaborador del EPP, la policía allana la casa, donde se encontraba con su hija de 15 años. Estando ya detenido, ametrallaron la vivienda, aterrorizando a la familia.
Hasta el presente, las caídas de miembros del EPP nunca se han dado en el monte, donde algunos efectivos de la guerrilla estarían acantonados, sino en otros lugares. El caso de Severiano Martínez es ilustrativo. Venía siendo perseguido por su militancia en el EPP y en abril pasado resultó muerto, al parecer por una delación.
Según cuenta Ricardo Trociuk, dueño de la estancia «La Tormenta» Severiano Martínez había llegado al lugar simulando ser contratista y al ser descubierto se ocultó en una zona boscosa de la localidad Agua Dulce, Alto Paraguay. Alli lo habrían detenido los efectivos policiales y luego de torturarlo lo ejecutaron.
Su cuerpo lleno de balas es trasladado a San Pedro, al pueblo de General Resquín, donde está el asentamiento donde nació. Allí se produce una movilización de 1.500 personas. Asiste incluso gente que no tiene nada que ver con la política y menos con el EPP. Los campesinos declararon a los medios que «para ustedes y los ricos será un terrorista o un criminal, para nosotros es un vecino que luchó por los más pobres».
Otro caso similar y reciente es el de Gabriel Zárate que estaba en su localidad natal de Sidepar haciendo trabajo político (cuando lo encuentran tenía un fusil M16 que había sido robado en Tacuatí).
Conocido en el EPP como «Junior», murió en la madrugada del viernes 3 de septiembre, según versión oficial, en un tiroteo con fuerzas policiales en la zona de Sidepar, departamento de Canindeyú. Sin embargo la version que dio su hermano Alcides Zárate es muy distinta. Afirmó que encontró a Gabriel, supuesto número 3 en la organización del EPP, con rastros de tortura. El mismo presenció desde el inicio la autopsia al cuerpo.
«Lo encontré con rastros de tortura, eso me sorprendió. Tiene en su frente muchos moretones», indicó Zárate. Agregó que también le resultó llamativo que se haya echado al doctor Pedro Flores de la sala donde se practicaba la necropsia. El médico había dicho a la prensa que no descartaba que Gabriel Zárate Cardozo fue sometido a tortura.
Los restos fueron entregados a sus familiares para que sean inhumados en Sidepar 3000, en Canindeyú, en la frontera con el departamento de Caaguazú, de donde es oriundo.
A pesar de la férrea vigilancia policial y del estado de militarización que impera desde hace meses en el norte paraguayo, alrededor de un millar de campesinos y pobladores del poblado y sus alrededores, acompañaron el féretro del guerrillero.
Extraña muerte del hijo de dirigentes del EPP
Ocurrió hace muy pocos meses, en mayo. El hijo de Alcides Oviedo y Carmen Villalba murió en extrañas circunstancias. El niño, de 12 años vivía con familiares, desde que sus padres fueron encarcelados. Presionados por el asedio policial y buscando que el niño pueda ir al colegio y hacer una vida más o menos normal, se mudan de Concepción a Clorinda (Argentina). Néstor Alcides era un chico muy sano, pero repentinamente, al regreso del colegio, dijo sentirse muy mal y en menos de 24 horas falleció. El informe primario del médico forense fue que había señales de envenenamiento. Los familiares ordenaron una autopsia para saber la sustancia.
La policia paraguaya apareció muy pronto en Clorinda, y eso obligó a que la familia regrese a Concepción, adonde trasladaron el ataud con el cuerpo del niño. Hay que destacar que la familia había recibido múltiples amenazas por su relación con los dirigentes del EPP.
Una vez en Paraguay, se intenta que los padres puedan despedir por última vez a su hijo. Es entonces cuando las presas sociales hablan con la directora del penal y esta les dice que van a autorizar a la madre a salir al velatorio de su hijo.
Mientras tanto, los medios hacían su propia campaña de infamias apuntando que el chico había sido asesinado por sus padres para poder fugarse. Por otra parte el juez, advirtió que de ninguna manera iba a permitir que Carmen Villalba, la madre, fuera al velatorio. Ante esa negativa Carmen ruega que la dejen salir a una ventana para ver pasar el cortejo fúnebre.
Otra detenida, Francisca Andino (ex monja) se comunica con un sacerdote conocido quien se ofrece a esposarse con Carmen para ir al velatorio. También les niegan también esta posibilidad, y finalmente las presas del penal advierten que van a tomar el penal si no la dejan a Carmen ver a su hijo.
Entonces, las autoridades carcelarias deciden traer el ataud a la cárcel, y delante de Cármen, lo depositan cerca del calabozo y traen los perros (que habitualmente usan para encontrar drogas), que olfatean el cadáver y lo profanan delante de su madre.
Luego, en medio de un gran operativo policial y con muchos medios presenciando la escena, sacan otra vez el féretro, lo vuelven a abrir y repiten la operación con los perros. Allí se produce tanto revuelo, que finalmente deciden llevarla a Carmen, con el cadáver de su pequeño hijo hasta el cuartel donde está preso Alcides, el padre.
Lugo y el gobierno colombiano
Apenas asume el cargo, Fernando Lugo viaja a Colombia para atar acuerdos de seguridad.
La cooperación militar colombiana se ofrece a pedido del Ministerio de Defensa paraguayo, y el objetivo apuntaría a brindar instrucciones sobre la manera de combatir a la guerrilla, atendiendo la vasta experiencia que tienen los colombianos en este campo, con las incursiones realizadas contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En ese sentido la participación de los instructores militares colombianos no sólo se produciría en el campo teórico sino también se contempla incursiones en terreno. Algunos medios periodísticos afirmaron incluso que la llegada al país se está produciendo en forma escalonada.
Cabe recordar que una cooperación entre ambos países en materia de seguridad ya se dio cuando 27 oficiales y suboficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía (FOPE) recibieron adiestramiento de dos instructores de la Policía de Colombia en el marco del primer curso internacional de Antisecuestro y Antiextorsión.
El acto de entrega de certificados a los egresados se realizó con la presencia del propio presidente Fernando Lugo. En esa oportunidad, los nuevos especialistas realizaron simulacros de combate rural y de rescate de personas secuestradas por guerrilleros. Las maniobras se desarrollaron en el campo de entrenamiento de la FOPE.
Colombia siempre fue una referencia en Paraguay, y tanto es así, que inicialmente el Plan Colombia estaba planificado para abarcar a la nación guaraní. Algo en que los dirigentes del Partido Colorado trabajaron intensamente, con la excusa de no permitir a las FARC utilizar el territorio paraguayo.
Primero se construyó una estructura judicial (Fiscalías especiales) similares a las de Colombia. Los Fiscales y la Policía son entrenados sistemáticamente (antes de Lugo y con Lugo) en Bogotá.
Lo llamativo del caso es que durante su campaña electoral, Lugo denunciaba estas relaciones carnales represivas, pero apenas llegó al Gobierno, no dudó en ratificarlas con su colega Alvaro Uribe y aún subió la apuesta, viajando a EEUU para profundizar el mismo tema. Hoy, en Paraguay, operan junto al ejército y fuerzas policiales, integrantes del aparato especial de la policía nacional colombiana, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), famosos por actuar en su país violando los derechos humanos de quienes detienen.
En este marco, el agregado militar naval y aeronáutico de Colombia en Paraguay, coronel Jorge Jerez Cuéllar, ofreció en su momento una charla a oficiales de las Fuerzas Armadas en la sede del Ministerio de Defensa respecto a los riesgos de expansión del EPP y las estrategias para contrarrestarlo.
Algo similar opina la embajadora norteamericana en Asunción, Liliana Ayalde, quien fuera designada por Bush después que se desempeñara en la oficina central de Asuntos Americanos en el Extranjero, en el buró para Latinoamérica y el Caribe. Por si faltara algo, Ayalde comandó la oficina de Desarrollo de Recursos Humanos de Usaid -colateral de la CIA. en Bangladesh.
No hay que olvidar que tanto la Triple Frontera como la pista de General Estigarribia (ideada para que fuerzas de intervención rápida de EEUU, pueden desembarcar un contingente de tropas en muy poco tiempo) siempre estuvieron en el listado de zonas donde Washington (y su embajada en Asunción) han puesto su mirada injerencista.
En ese sentido la participación de los instructores militares colombianos no sólo se produciría en el campo teórico sino también se contempla incursiones en terreno. Algunos medios periodísticos afirmaron incluso que la llegada al país se está produciendo en forma escalonada.
Paradójicamente, durante su campaña electoral, Lugo denunciaba estas relaciones carnales represivas, pero apenas llegó al Gobierno, no dudó en ratificarlas con su colega Alvaro Uribe y subió la apuesta, viajando a EEUU para profundizar el mismo tema. Ahora, ratificó el acuerdo con Juan Manuel Santos y aceptó ayuda militar de Israel y EEUU. La embajadora norteamericana en Asunción, Liliana Ayalde, una conspícua integrante de la USAID, quien fuera designada por George W.Bush, no para de festejar. No es para menos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.