El 2025 se perfila como un año de serios retrocesos para los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas del país. La aprobación de una serie de leyes por parte del Congreso, sumada a un Mensaje a la Nación carente de contenido por parte de la presidenta Dina Boluarte —limitado a una lista inconexa de acciones sectoriales—, refleja un gobierno ajeno a las verdaderas demandas de estas poblaciones históricamente vulneradas. Así, lejos de avanzar en sus derechos, cada nueva ley aprobada representa un nuevo retroceso para los pueblos indígenas.
El gobierno de Boluarte se ha caracterizado por renunciar al equilibrio de poderes y facilitar un diseño institucional de facto, donde el Congreso dirige las políticas de gobierno. Es decir, en la práctica, el Ejecutivo se allana a la imposición normativa del Congreso, aceptando leyes no solo orientadas a favorecer intereses corporativos, sino también normas que resultan inconstitucionales, ilegales e ilegítimas.
Un ejemplo especialmente cuestionado desde las regiones es la Ley N° 32293, que modifica el artículo 2 de la Ley de Deslinde y Titulación de Tierras de las Comunidades Campesinas. Esta norma abre la puerta a que cualquier posesionario de tierras comunales, con ocupación anterior a diciembre de 2015, pueda reclamar la propiedad individual de esas tierras, debilitando así la seguridad jurídica de las comunidades campesinas.
También se encuentra la Ley N°32213, que amplió por seis meses el plazo para acceder al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), una medida que viene obstaculizando la persecución de delitos ambientales vinculados a la minería ilegal. Cabe recordar que esta economía ilícita está presente en 21 de los 24 departamentos del país, y quienes más la sufren son las comunidades campesinas e indígenas, ya que son propietarias del 33% del territorio nacional. Por ejemplo, actualmente, existen 712 comunidades nativas superpuestas a concesiones mineras, muchas de las cuales enfrentan conflictos relacionados a la minería ilegal, según reporte del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés).
A esto hay que agregarle el avance del narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonia, con 274 comunidades nativas afectadas y al menos 25 de ellas en una situación de emergencia debido a la invasión, deforestación y cultivos ilícitos en su territorio. Esta convergencia de economías ilegales ha desatado una espiral de violencia sin precedentes en la Amazonía peruana, que ha cobrado la vida de 28 líderes indígenas desde el año 2020, asesinados por defender su territorio frente a estos intereses ilícitos.
A esta lista se suma el proyecto de Ley N° 1822, propuesta por el congresista Jorge Flores Ancachi, cuyo fin es explotar hidrocarburos en Áreas Naturales Protegidas, y así romper el candado de una política de Estado que ha tenido importantes avances para proteger el patrimonio natural. Bajo esa misma lógica, la parlamentaria Rosselli Amuruz presentó otra iniciativa legislativa para perforar las Áreas de Conservación Regional (ACR), imponiendo intereses personales de posesionarios en ACR’s sin medir las consecuencias nacionales.
Tampoco podemos dejar de mencionar el impacto de la Ley Nº 32301, aprobada en diciembre de 2024, que modifica la Ley Nº 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Como hemos visto, esta norma está siendo utilizada para debilitar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG), al establecer restricciones que limitan el derecho a la defensa judicial que muchas de estas organizaciones ejercen en favor de los pueblos indígenas.
Un punto en común entre estas normas es que, aunque el Ejecutivo no ejerció control constitucional sobre ellas, sí las impulsó. Esto refleja un patrón preocupante: muchos proyectos de ley actuales, presentados por congresistas y respaldados por intereses poco transparentes, son derivados a comisiones donde se negocian en acuerdos opacos y terminan aprobándose sin debate público, muchas veces entre gallos y medianoche. Este mismo patrón genera alarma con la nueva “Ley Chlimper 2.0”. Aunque se presenta como una norma destinada a favorecer a la pequeña agricultura campesina, familiar e indígena, su contenido evidencia un intento por beneficiar principalmente a la agroindustria, presentándola como el modelo a seguir.
Estos ataques al ordenamiento jurídico impactan directamente en la estructura institucional del Estado. Un ejemplo claro es el debilitamiento del Ministerio de Cultura, ente rector de las políticas dirigidas a los pueblos indígenas, que ha perdido autoridad en la materia, puesto que funcionarios especializados son removidos, renuncian o se desmotivan, lo que genera un abandono progresivo de los procesos de reconocimiento y protección de derechos. Esta situación se evidencia con mayor claridad en la relación del Ministerio con los gobiernos regionales, donde los procesos quedan truncos o sin seguimiento.
Si bien el enfoque intercultural había logrado avances graduales en gran parte de la estructura institucional, ello fue posible gracias a la constante presión y lucha de los pueblos indígenas. Sin embargo, justo cuando parecía que se iban a consolidar estas políticas, hoy, lamentablemente, somos testigos de su desmantelamiento por parte del Ejecutivo y el Parlamento. Basta con analizar el reciente Mensaje a la Nación de Boluarte, en el que se hizo apenas una referencia a los pueblos indígenas en un discurso de 97 páginas. Este hecho certifica el retroceso en el reconocimiento y garantía de sus derechos.
En ese contexto, este 9 de agosto —Día Internacional de los Pueblos Indígenas— encuentra a los 55 pueblos originarios del Perú, organizados en más de 7,282 comunidades campesinas y 3,003 comunidades nativas, en una lucha constante por defender los derechos que han conquistado a lo largo de décadas. Frente a la crisis política, social y económica que atraviesa el país, es urgente persistir en el camino recorrido: seguir interculturalizando la democracia, fortalecer sus propias propuestas políticas desde el derecho a la autodeterminación y sostener la defensa de sus territorios y vidas.
Luis Hallazi es investigador en derechos humanos y docente universitario.
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