Nos
encontramos en un momento actual muy interesante y desafiante en
América Latina, marcado en estos últimos años por importantes revueltas
populares, las cuales han estado presentes incluso en tres de los países
más de derecha de la región en los últimos 30 años, como son los casos
de Chile, Perú y Colombia.
Planteo esto, por la importancia de
esas revueltas en esos tres países para la región, ya que buscan la
superación de décadas marcadas por la imposición de manera criminal de
políticas neoliberales, de parte del pinochetismo, fujimorismo y
uribismo respectivamente, quienes han negado la posibilidad de pensar
alternativas distintas a las dictadas por Estados Unidos y organismos
internacionales coloniales como el Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional y Fondo Interamericano de Desarrollo.
No es
casualidad por tanto, que Chile, Perú y Colombia hayan estado bastante
al margen de los procesos políticos que ocurrieron en la región, desde
la década de los 2000, en donde se cuestionó masivamente y fuertemente
el llamado Consenso de Washington de la década de los 90 y el supuesto
fin de la historia de Francis Fukuyama, lo que abrió un nuevo ciclo de
movilizaciones contra las políticas privatizadoras, que pusieron al
mercado como el centro de la vida.
De ahí la importancia del rol
que jugaron los movimientos sociales en países como Venezuela,
Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, desde esa década, para
abrir nuevos espacios democráticos, la aparición de nuevos gobiernos de
izquierda y/o progresistas, nuevos organismos de integración regional
(UNASUR, ALBA, CELAC) y procesos constituyentes incluso en algunos
casos, lo que derivó en una amplia politización de la sociedad en
general.
Las demandas en aquellos países de sectores organizados
provenientes del mundo sindical, ambiental, indígena estudiantil y
feminista, lograron un nivel de articulación y de interseccionalidad
alto, lo que se tradujo en generar condiciones para llevar a la
discusión pública, nuevas gramáticas, horizontes y sentidos políticos,
como lo son la Plurinacionalidad, los Derechos de la Naturaleza, la
Soberanía Alimentaria, el Matrimonio Igualitario, la Identidad de
Género, el Aborto legal, libre, seguro y gratuito, el Buen Vivir, el
Vivir Bien, y tantas otras que siguen siendo una bandera de lucha por
los movimientos sociales.
Se podrá decir que en Chile, Perú y
Colombia, hubo también importantes movilizaciones populares durante los
últimos 20 años, de parte de los mismos sectores críticos, y existieron
ciertos avances a nivel legal, lo que es cierto, pero institucionalmente
se profundizaron las políticas monetaristas y se mantuvo una relación
con Estados Unidos, completamente funcional a sus intereses geopolíticos
imperiales.
No es coincidencia por tanto, que esos tres países
sean los más aliados a la OEA y que sus gobiernos hayan formado desde el
año 2011 la llamada Alianza del Pacífico, junto al México de derecha
del PRI, como contraposición a los organismos regionales, impulsados por
los gobiernos progresistas de la región, los cuales buscaban generar un
contrapeso a las políticas desde Washington.
Sin embargo, el
escenario político ha cambiado mucho en los últimos años, no solo en
aquellos tres países, en términos de una mayor politización, sino
también en aquellos otros en donde se abrieron nuevas aperturas
democráticas desde los 2000 en adelante, lo que ha hecho que se vuelva
más confuso de interpretar políticamente, ya que han habido tanto
avances como retrocesos, dependiendo donde.
La llegada de un
empresario como Mauricio Macri a la presidencia de Argentina, la llegada
de la ultra derecha negacionista en Brasil con Jair Bolsonaro, la
llegada de un banquero como Guillermo Lazo a Ecuador y el mismo golpe de
Estado en Bolivia de parte de los sectores más racistas del país, no
solo hay que verlo como un triunfo de grupos fanáticos que no les
interesa en lo más mínimo democratizar la región, sino una alerta a los
mismos gobiernos progresistas, los cuales dejaron de lado las grandes
demandas de los movimientos sociales, por intermedio de prácticas
extractivistas, partidocráticas, caudillistas, autoritarias y
clientelares.
Visto este complejo contexto en la región, me
parece que el caso de Chile nos da nuevas esperanzas de poder hacer
importantes transformaciones y generar alternativas políticas desde los
pueblos, sin caer en las contradicciones, errores y horrores de las
izquierdas y/o progresismos en la región de las últimas dos décadas,
marcadas por lógicas estadocéntricas, que han terminado por cerrar más
que abrir nuevos espacios democráticos.
El llamado Estallido
Social de octubre del año 2019 en Chile, marcó un antes y un después en
aquel país, ya que fue no solo un cuestionamiento a la institucionalidad
más neoliberal de América Latina y del mundo capaz de transformar el
agua en un bien económico, sino de impulsar un proceso destituyente de
todas las estructuras creadas en dictadura y perfeccionadas a la vuelta
de la democracia.
De ahí que haya sido el inicio de un nuevo
inédito momento histórico, en donde la articulación entre distintos
movimientos sociales (mapuche, socioambiental, trabajadores, pobladores,
feminista, diversidad sexual, diversidad mental), convergieron en una
lucha común, no solo para cambiar la constitución de Pinochet de 1980,
sino para acabar con la bancarización de la sociedad y privatización de
todos los ámbitos de la vida existentes (educación, salud, pensiones,
vivienda, bienes comunes).
Por eso la importancia de consignas
políticas como “No son 30 pesos son 30 años”, “Hasta que la dignidad se
haga costumbre”, “El neoliberalismo nació en Chile y morirá en Chile” o
“No es sequía es saqueo”, lo que llevó a rebautizar popularmente la ex
Plaza Italia a la Plaza de la Dignidad, y a iniciar también un proceso
de desmonumentalización, en donde las grandes figuras históricas
militares y políticas de las elites, fueron literalmente derrumbadas.
El
amplio triunfo del plebiscito del año 2020 por una nueva constitución,
con más del 80% de los votos, y la elección de constituyentes en Chile
el pasado mes de abril de carácter paritaria y con representantes de
pueblos indígenas, en donde muchas y muchos independientes, provenientes
de movimientos sociales y de la misma revuelta de octubre, fueron
elegidas y elegidos, no solo significa la decadencia de los partidos
políticos tradicionales, sino la continuación de un proceso político sin
vuelta atrás.
El desafío por tanto es profundizar ese proceso y
mantener la articulación entre movimientos sociales, con y más allá de
la nueva convención constituyente, la cual comenzará a funcionar
próximamente, para redactar así la nueva constitución, que regirá
seguramente en Chile para las próximas décadas.
Ante esto, el
nacimiento de la Vocería de los Pueblos, que agrupa a 34 constituyentes
en Chile, quienes acaban de lanzar una declaración (1), respaldada por
más de 500 organizaciones sociales de base en el país, que y pone
ciertas condiciones mínimas en Derechos Humanos para el funcionamiento
de la convención constituyente (libertad a los presos políticos, verdad y
justicia, reparación, desmilitarización de Wallmapu, fin a la
expulsiones de migrantes, soberanía popular), es un buen augurio de que
el proceso va por buen camino y puede servir para otras experiencias
latinoamericanas, que busquen retomar procesos de transformación o
comenzar en la búsqueda de construcción de buenos vivires.
Revueltas instituyentes en Chile y en toda América Latina
Fuentes: Valderrama