A primeros de noviembre eran detenidas nueve jóvenes en un pequeño pueblo de Francia. Pero la que fue presentada como una brillante operación antiterrorista se está quedando, ahora, sin fundamento.
El 11 de noviembre eran detenidos en Francia, con gran pompa informativa, ‘los nueve de Tarnac’, como se los llamó durante unas semanas. Tarnac -pequeño pueblo de 300 habitantes en Correze, en el Macizo Central- fue ocupado, a las 6 de la mañana, por 150 policías de la Subdirección Antiterrorista (SDAT). Éstos cerraron todos los accesos por carretera y, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona, procedieron a registros e interrogatorios que duraron diez horas y que culminaron con la detención de nueve personas a quienes les fueron aplicadas las leyes antiterroristas que autorizan 96 horas de detención antes de pasar ante un juez. Para todas ellas la policía apuró ese plazo hasta el final.
La «ultra-izquierda»
A pesar del bloqueo de las carreteras, los medios de comunicación no tienen problema para acceder al pueblo y, a las ocho de la mañana, ya circula un primer despacho de agencia informando de la operación. Dos horas más tarde la ministra del interior, Michèle Alliot-Marie, anunciaba que las nueve personas detenidas estaban siendo vigiladas desde hacía meses por la Dirección Central de Información Interior (DCRI), nombre de los nuevos servicios secretos franceses, y que formaban parte de «la ultra-izquierda y el movimiento anarco-autónomo».
Se trataría de los presuntos autores de los ‘sabotajes’ en varias líneas de tren de alta velocidad del fin de semana anterior. Por ‘sabotaje’ se entiende aquí la colocación de unos ganchos de hierro en el tendido eléctrico de la vía que, al paso del tren, causa desperfectos en los cables. En este caso el resultado fueron retrasos de entre una y tres horas en 160 trayectos de trenes de alta velocidad. Como reconocerían días después tanto la policía como los portavoces de las líneas ferroviarias, fueron acciones que en ningún caso pusieron en peligro la vida de los pasajeros. De inmediato, la máquina mediática se embala. El grupo y su presunto jefe vivían en una «comunidad libertaria». Según declaraciones posteriores de la ministra «habían adoptado el método de la clandestinidad. Nunca utilizan teléfonos portátiles y residen en lugares donde a los policía les resulta difícil hacer investigaciones pasando desapercibidos. Se las arreglaron para tener, en el pueblo de Tarnac, relaciones amistosas con la gente que podían advertirles de la presencia de extranjeros».
Debían de tenerlo todo previsto desde su llegada al pueblo en 2003, cuando empezaron a cultivar una vieja granja, y luego cuando abrieron un bar, el único del pueblo. Incluso llevaban la compra a las personas mayores de las granjas alejadas. Otro de los elementos incriminatorios resaltados por la prensa era la posesión de un libro titulado La insurrección que viene, publicado en 2007 y disponible íntegramente en internet, obra de un colectivo anónimo llamado Comité Invisible y del que, presuntamente, sería autor el líder del grupo, Julien. También se señaló que «tienen un discurso muy radical» contra la sociedad de consumo y participan de forma regular en manifestaciones políticas. El perfil de todos ellos era de lo más inquietante: jóvenes universitarios de apenas 30 años que se fueron a vivir a un pueblo apartado.
Mientras tanto, y una vez transcurridos los cuatro días de detención policial, sólo había elementos para mantener en prisión preventiva a cinco de ‘los nueve de Tarnac’, acusados de «asociación de malhechores en relación con una empresa terrorista». Este tipo penal fue creado con las leyes antiterroristas de 1996. Como declaró esclarecedoramente en su momento el conocido juez antiterrorista Jean-Louis Bruguière: «La particularidad de la Ley es que nos permite juzgar a personas implicadas en una actividad terrorista sin tener que establecer un vínculo entre esta actividad y un proyecto terrorista preciso».
Pero más allá de la controvertida aplicación a este caso de leyes no menos controvertidas, lo cierto es que el sumario judicial no dejó de desinflarse desde su inicio. Dos días después de los encarcelamientos, el ministerio fiscal reconoció que «no hay elementos suficientes que permitan relacionarlos con los hechos». La propia ministra de Interior convino en que «no hay rastros de atentados contra las personas». El 2 de diciembre, tres de los encarcelados eran puestos en libertad, con lo que de los nueve imputados por «terrorismo», siete están en libertad provisional. Sólo Julien, el supuesto cabecilla, y su novia siguen en prisión. Una petición de libertad condicional para éstos fue aceptada por el juez de vigilancia penitenciaria, pero bloqueada por la Fiscalía gracias a un procedimiento de excepción. En declaraciones a Le Monde, un representante del DCRI prácticamente reconocía que se trataba de una operación de comunicación. «Es un mensaje fuerte dirigido a los que tendrían la tentación de cometer actos parecidos. […] Esperamos que este asunto haya detenido por un tiempo este tipo de acciones violentas».
El 11 de enero ya había sido descartada la participación de los detenidos en los sabotajes de la red ferroviaria. Pero la liberación de la pareja no llegó. Al parecer la Subdirección Antiterrorista realiza verificaciones para intentar determinar si los imputados de Tarnac pueden estar implicados en una serie de incendios de oficinas del paro que tuvieron lugar en toda Francia entre 2005 y 2007.