Las iniciativas encaminadas a poner fin a la suspensión de la cadena pública de Radio Televisión de Grecia (ERT) se multiplicaron durante la jornada de ayer en Atenas, aunque el ejecutivo insiste en que «el cierre es definitivo». Leer también: Apagón informativo en Grecia, periodistas continúan en huelga La tajante decisión pasó por alto no […]
Las iniciativas encaminadas a poner fin a la suspensión de la cadena pública de Radio Televisión de Grecia (ERT) se multiplicaron durante la jornada de ayer en Atenas, aunque el ejecutivo insiste en que «el cierre es definitivo».
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La tajante decisión pasó por alto no solo la opinión de sus dos socios de gobierno, sino también la del mismo Presidente de la República, Karolos Papulias, quien consideró que la remodelación del organismo audiovisual «se puede realizar manteniendo abierta la radiodifusión pública abierta y esto debe hacerse tan pronto como sea posible».
Al mismo tiempo, el presidente de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Jean-Paul Phillips, llegó a Atenas para hacer entrega al gobierno de una carta firmada por 51 dirigentes de medios públicos europeos en la que se demandaba la restitución de los trabajadores y las emisiones de la ERT.
Phillips calificó la medida de «antidemocrática y poco profesional» y aseguró que «el ejecutivo subestima la existencia de los servicios públicos de radiodifusión en Grecia y su independencia del gobierno».
Tras la reunión entre el presidente de la UER y el ministro griego de Finanzas, Yanis Sturnarás, quedó clara la inamovible decisión del primer ministro, Antonis Samarás, quien «pretende reabrir la cadena tan pronto como sea posible, pero esto no se puede hacer inmediatamente», según explicó Sturnarás.
También el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, expresó ayer su preocupación por la orden contra la ERT y describió este cierre como una amenaza para el derecho de los europeos a «la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación».
Por su parte, el Consejo de Estado, máximo órgano judicial del país en materia administrativa, deliberará el lunes sobre la legalidad del decreto presidencial que puso fin a la ERT y despidió a cerca de dos mil 700 trabajadores, tras recibir una denuncia de la Federación Nacional de Personal de Televisión y Radio (Pospert). Este sindicato argumentó graves irregularidades en la tramitación de la ley y consideró que los argumentos justificativos sobre la situación presupuestaria de la cadena pública «fueron vagos o no proporcionan ninguna evidencia para apoyar la decisión».
Pospert alegó igualmente que la acción del gobierno entra en conflicto con la Carta Europea de los Derechos Sociales, que protege la libertad de expresión y de información, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con el artículo 15 de la Constitución griega, en lo que se refiere al funcionamiento de la radio y la televisión pública.
Mientras tanto, los trabajadores siguieron emitiendo de manera clandestina el informativo que se inició en la noche del martes, cuando fue cortada la señal. Aunque durante todo este tiempo las emisiones se habían circunscrito a internet, en diversos puntos de la geografía nacional se consiguió restablecer la señal gracias a la señal facilitada por la Eurovisión vía satélite.