Bajo los lemas oficiales de «No al pago de la deuda», «Ni un recorte más» y «Fuera los Gobiernos de la troika» una multitud de personas inundó el centro de Madrid el pasado 22 de marzo. Las Marchas de la Dignidad se convirtieron en un enorme clamor popular contra las políticas de austeridad impuestas desde […]
Bajo los lemas oficiales de «No al pago de la deuda», «Ni un recorte más» y «Fuera los Gobiernos de la troika» una multitud de personas inundó el centro de Madrid el pasado 22 de marzo. Las Marchas de la Dignidad se convirtieron en un enorme clamor popular contra las políticas de austeridad impuestas desde Bruselas y una Unión Europea secuestrada por los intereses de los países más poderosos, con la Alemania de la canciller Angela Merkel a la cabeza. La misma tarde en que los manifestantes tomaron el centro de la capital, el PSOE canceló un importante mitin al día siguiente en el centro cultural Matadero en Madrid, que debía significar el pistoletazo de salida a su campaña para las elecciones europeas. La explicación oficial era «el respeto por el delicado estado del presidente Suárez», que agonizaba en aquellos momentos. Se perdió así una buena oportunidad para que los manifestantes y demás ciudadanos conocieran de primera mano al socialdemócrata alemán Martin Schulz, el candidato principal de los socialistas europeos que aspira a presidir la Comisión Europea, tras el mandato del portugués José Durao Barroso, que expira este año. Todos los grupos políticos presentan cabezas de lista paneuropeos, lo cual convierte las elecciones al Parlamento el 25 de mayo en una especie de comicios presidenciales. En teoría, los jefes de Gobierno que conforman el Consejo Europeo deben tener en cuenta el resultado del 25-M a la hora de escoger el nuevo jefe de la Comisión. Así lo prevé el Tratado de Lisboa, firmado en 2007, que ha ampliado considerablemente las competencias del Parlamento Europeo. En este sentido, las elecciones de mayo presentan una buena oportunidad para crear un contrapeso en una UE dominada por una mayoría de gobiernos conservadores desde hace mucho tiempo.
«La canciller alemana Angela Merkel se llevó una sorpresa desagradable cuando se dio cuenta de cuánto poder se ha transferido al Parlamento Europeo con el Tratado de Lisboa», comentó en marzo la revista The Economist , uno de los pocos medios británicos proeuropeos. Efectivamente, con este tratado se han duplicado las áreas de políticas europeas que precisan la aprobación del Parlamento. En total, ya suman 80. Europa tiene una gran influencia en la vida de los ciudadanos. En Bruselas se deciden las normas para restringir la contaminación, las cuotas pesqueras y lecheras, las subvenciones agrícolas, estándares de un sinfín de productos que se venden en todo el continente, medidas de seguridad en los aeropuertos y las tarifas móviles cuando viajamos al extranjero, entre muchas otras cosas.
Sin embargo, se trata de una cámara en construcción que aún carece de muchas funciones democráticas. A diferencia de los parlamentos nacionales, la Eurocámara no tiene poder para presentar leyes. Por ejemplo, el grupo de los verdes no puede entregar una propuesta de ley para, pongamos, prohibir los coches diesel. Las iniciativas legislativas corresponden exclusivamente a la Comisión. El Parlamento tan sólo puede hacer propuestas a los comisarios, es decir recomendarles que elaboren ciertas normas. La Comisión envía sus directivas al Consejo, en concreto a la reunión de los ministros sectoriales a cuya área corresponde el proyecto. Si se trata de un asunto económico, por ejemplo, normalmente es el Ecofin, la reunión de los ministros de Economía y Finanzas. A la vez, la propuesta de directiva llega al Parlamento Europeo (PE). Entre el Consejo y el PE pueden aprobar, enmendar o rechazar todo lo que les propone la Comisión. Las dos instituciones negocian hasta llegar a un acuerdo o no, lo cual significaría el fin de la directiva. Con este complejo y a veces lento sistema se intenta honrar la filosofía fundamental de la UE de buscar un equilibrio entre la Europa de los Estados (Consejo) y la de los ciudadanos (Parlamento).
En los últimos tiempos, los eurodiputados han ganado varios pulsos a la Comisión y al Consejo, dominado por los intereses de los grandes países. En marzo se llegó a un acuerdo para avanzar en la unión bancaria, que debe ser la solución para gestionar futuras crisis del sector financiero. Los eurodiputados arrancaron muchas concesiones al Consejo, y algunas han contrariado particularmente a los intereses del Gobierno alemán, que está frenando los esfuerzos para montar esta unión bancaria. Así, por ejemplo, se acelera la creación de un fondo nutrido por dinero de la banca para que, en el futuro, los rescates no corran a cuenta de los contribuyentes.
El PE también ha aumentado la presión sobre las relaciones de la UE con Estados Unidos a raíz del escándalo por el espionaje de ciudadanos y dirigentes europeos de los servicios secretos norteamericanos, la ahora infame NSA. La Eurocámara votó a favor de suspender un acuerdo entre Europa y EEUU para el intercambio de datos bancarios e invitó al exagente estadounidense Edward Snowden, que destapó el escándalo, a intervenir en el pleno de Estrasburgo a través de una videoconferencia. De esta forma, los eurodiputados han sacado músculo de cara a las negociaciones entre Bruselas y Washington para alcanzar un acuerdo de libre comercio, el llamado TTIP. Este acuerdo, que se lleva discutiendo desde hace meses, requiere la aprobación del Parlamento Europeo, que podría modificar sustancialmente su contenido, sobre todo si los conservadores y liberales saliesen debilitados de las elecciones de mayo. Existen muchos temores de que con el TTIP se otorguen demasiadas concesiones a las grandes empresas en detrimento de la ciudadanía y se puedan diluir algunos de los logros en legislación medioambiental de la UE.
La presión de los lobbies
Los parlamentarios europeos acaban de dar otra muestra de que, si quieren, pueden resistir a las presiones de los poderosos lobbies. El 19 de marzo, el Comité de Medio Ambiente rechazó una propuesta que otorgaba a las aerolíneas no europeas una excepción temporal de la futura normativa para reducir las emisiones de los aviones. Los gobiernos de EEUU, China y Rusia habían presionado a Bruselas para que los vuelos a aeropuertos de la UE de sus compañías no estuvieran sometidos a las nuevas restricciones. Tras el rechazo del comité, el 3 de abril se someterá finalmente al voto del pleno de la Eurocámara. «La decisión de hoy ha demostrado que a los europarlamentarios no les gusta ser acosados por terceros países para que desmantelen la legislación medioambiental de la UE», afirmó ese día con orgullo apenas disimulado el presidente del Comité de Medio Ambiente, el socialdemócrata alemán Matthias Groote.
Estas victorias son alentadoras para los defensores de una democracia europea, pero no sirven para ocultar el hecho de que los poderes del Parlamento Europeo en muchos asuntos claves siguen estando limitados y en otras áreas directamente no existen. «Si queremos legislar, tenemos que hacer unas concesiones terribles al Consejo. En consecuencia, en estos últimos cinco años, la legislación ha sido muy pequeña, por ejemplo en temas laborales o de inmigración», lamenta el eurodiputado del PSOE, Alejandro Cercas. Con el Tratado de Lisboa ha surgido otro obstáculo para los europarlamentarios. Antes de enviar sus propuestas legislativas al PE y al Consejo, la Comisión las tiene que mandar a los 28 parlamentos de los Estados miembros para que evalúen si se trata de un asunto que es competencia comunitaria o si más
bien debería solucionarse a nivel nacional. Si un número suficiente de cámaras expresa objeciones, la Comisión retira su propuesta. Es el sistema conocido como «bandera amarilla y bandera naranja». Cercas se queja de que sus colegas en las cámaras de las capitales del continente últimamente abusan de su derecho a veto. «Estamos maniatados por los parlamentos nacionales», se queja el veterano socialista, que no repite en las listas para el 25-M tras 15 años en Bruselas: «Ya soy viejo».
Sin embargo, el principal obstáculo para que la Eurocámara sea un órgano que realmente pueda ejercer un control democrático sobre las decisiones que toman los líderes europeos es la limitación de sus competencias en materias clave, prevista por los tratados de la Unión. Para lo principal de la política económica común, el PE es un tigre sin dientes, ya que sólo se le concede una función consultiva. «El problema del Parlamento Europeo es que es una cámara con legitimidad para gestionar el mercado interior, pero no para gestionar el euro con todas sus consecuencias», subraya José Ignacio Torreblanca, analista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. «Tampoco lo hace la Comisión porque es un asunto de los gobiernos nacionales», añade. Desde Izquierda Unida proponen reformar por completo el mandato de la Eurocámara. «Es un parlamento que no es un parlamento, no elige un gobierno y no legisla plenamente», se queja el eurodiputado y cabeza de lista de IU, Willy Meyer. «Si tuviéramos fuerza suficiente haríamos una constitución clara que despeje la función de las instituciones europeas, haríamos un parlamento que elija y controle el poder ejecutivo», promete.
Los hombres de negro campan a sus anchas
Donde los europarlamentarios más han notado su impotencia por falta de competencia ha sido en las controvertidas misiones de la troika en estos últimos años, que se han desarrollado sin el más mínimo control democrático. Este organismo, creado ad hoc y formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha dictado sus recetas de corte neoliberal a los países rescatados, Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre y también España, aunque en menor medida, ya que Madrid sólo recibió ayudas para la banca. En la Comisión admiten que la troika fue improvisada cuando estalló la crisis en 2010. Los temidos hombres de negro que empezaron a visitar Atenas, Dublín, Lisboa, Nicosia y Madrid tenían como misión oficial evitar la bancarrota de estos países. Sin embargo, son muchos los críticos que sospechan que la troika actuaba, sobre todo, en el interés de los acreedores de los países en crisis, especialmente los bancos alemanes y franceses, para que pudieran recuperar sus préstamos. Las medidas de austeridad, con recortes brutales del Estado del bienestar y de los derechos laborales, han dejado un panorama desolador en la periferia europea, con tasas de paro récord, más pobreza y mayores desigualdades. El FMI recientemente reconoció que se había equivocado a la hora de calcular el coste social de las políticas de austeridad. Es poco consuelo para los millones de personas que han perdido su trabajo por culpa de los recortes y reformas.
La troika se ha convertido en el peor enemigo para la construcción de una Europa unida y democrática. La gestión de la crisis ha dado alas a los partidos y movimientos antieuropeos, de derecha e izquierda, especialmente en los países que han estado bajo el tutelaje de los inspectores enviados por la Comisión, BCE y FMI. Muchos eurodiputados también se rebelaron contra los hombres de negro, no sólo por sus políticas sino porque no tienen que rendir cuentas a nadie. En un debate sobre el rescate de Chipre el año pasado, el vicepresidente de la Comisión, el finlandés Olli Rehn, fue testigo del malestar en la Cámara en Estrasburgo. «Ya le he dicho que muchas veces estamos en desacuerdo con su política, pero usted sí que responde ante este parlamento. La troika no. Acaben ya con la troika, no la necesitamos», le espetó el socialdemócrata austríaco Hannes Swoboda, ante el aplauso del pleno.
En marzo, el PE aprobó dos resoluciones, que no son vinculantes, en las que reconoce por un lado que la troika evitó la bancarrota de cuatro países pero, por otro, critica que el precio fuera un impacto muy negativo sobre la pobreza. La decisión se basaba en dos informes sobre los efectos nefastos de las recetas de los hombres de negro , uno de los cuales fue elaborado por el español Cercas. «Con la troika han improvisado y se han aprovechado de la extrema debilidad de estos países para imponer unas condiciones de carácter ideológico, de destrucción del Estado del bienestar y del sistema de negociación colectiva», dice. Su colega Meyer, de IU, no obstante, recuerda que el PSOE comenzó con estas políticas de recortes cuando aún gobernaba en España José Luis Rodríguez Zapatero y que, junto con el Partido Popular, cambió la Constitución para dar prioridad al servicio de la deuda sobre cualquier otro gasto público, tal como querían en Bruselas y Berlín.
En la resolución que condena la troika, el PE pide la creación de un mecanismo puramente europeo, sin el Fondo Monetario (FMI), para intervenir en caso de que un Estado miembro sufra una crisis grave. En opinión de los diputados, este organismo debería tener en cuenta no sólo los desequilibrios económicos, sino actuar también contra los desequilibrios sociales, sobre todo el paro y la pobreza. Y, por supuesto, este mecanismo tendría que rendir cuentas en los plenos que se celebran entre Bruselas y Estrasburgo.
Un gobierno económico
Desde hace años, ministros, expertos y diputados plantean la necesidad de crear una especie de gobierno económico para los países que han adoptado el euro como divisa. La actual crisis de la moneda única sólo ha añadido urgencia a este tema. Sin embargo, hay dudas razonables sobre si Merkel está realmente interesada en compartir las decisiones sobre una futura política económica con los eurodiputados. A la poderosa canciller le resulta más cómodo llevar estos asuntos únicamente a las reuniones con sus homólogos, donde Alemania corta el bacalao desde que estalló la crisis. El Tratado de Lisboa no obliga a los jefes de gobierno a hacer concesiones a la Eurocámara en esta materia, y tampoco a la Comisión. La presión popular, en opinión de Torreblanca, tampoco es tan grande como para hacer reflexionar a dirigentes como Merkel: «A mucha gente la troika le parece muy mal pero no tiene claro si el Parlamento Europeo es el lugar adecuado para controlarla».
La controversia por el papel de la troika también ha puesto de relieve el déficit democrático que afecta a uno de sus integrantes: el Banco Central Europeo. Los seis miembros de su Comité Ejecutivo, incluyendo el presidente y vicepresidente, son nombrados por el Consejo. Los candidatos elegidos deben comparecer ante el PE, que se pronuncia sobre ellos. Pero no tiene derecho a veto, por lo cual salen elegidos los directivos del BCE que han escogidos los gobiernos nacionales. El presidente del banco emisor del euro comparece por lo menos cuatro veces al año ante la Eurocámara para informar sobre las decisiones que ha tomado en política monetaria. Sin embargo, el PE no tiene capacidad de sancionar al BCE si considera que el banco de Frankfurt ha incumplido su mandato.
El instituto Bruegel, uno de los think tanks más influyentes de Bruselas, destaca en un reciente informe las deficiencias democráticas y de transparencia del BCE frente a la Reserva Federal (Fed) y el Banco de Inglaterra. Así, por ejemplo, el Senado de EEUU puede vetar los nombramientos del presidente para la Fed y se puede cambiar el mandato del banco emisor. A diferencia de la Fed y del Bank of England, el BCE sigue sin hacer públicos los protocolos de las reuniones en las que se decide sobre los tipos de interés. El argumento para defender esta opacidad es que los consejeros podrían exponerse a presiones de sus países de origen si se conocieran las posiciones que toman respecto a la política monetaria. «La crítica por el déficit democrático del BCE es muy delicada. Si queremos que sea independiente no podemos forzar demasiado los mecanismos de control», explica Torreblanca.
Elecciones de corte presidencial
En el viejo continente se lleva mucho tiempo criticando los evidentes déficits democráticos del organigrama institucional de la UE, que es un factor importante para explicar el escaso interés que suelen generar los comicios europeos. «Esta vez es diferente», reza el lema de la campaña institucional con la que el Parlamento Europeo pretende movilizar a la ciudadanía. El caramelo es la promesa de que los votantes eligen al próximo jefe de la Comisión. Por primera vez, todos los grandes grupos políticos presentan un candidato principal a nivel europeo emulando la práctica habitual en comicios nacionales. Frente a Schulz, cuyo cargo le ha dado cierta notoriedad en el continente, los líderes de las formaciones que integran el Grupo del Partido Popular Europeo, con Merkel y el presidente Mariano Rajoy a la cabeza, escogieron al ex primer ministro de Luxemburgo Jean-Claude Juncker como su candidato principal, a pesar de que no se presenta en las listas al Parlamento de Estrasburgo. Es simplemente el cabeza de cartel para presidir la Comisión.
Tampoco sale en las listas Alexis Tsipras, el líder de la formación de izquierdas griega Syriza, que es el candidato principal del Partido de la Izquierda Europea, en el que se integra IU. Los liberales europeos apuestan por el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt.
Los verdes presentan un tándem entre el veterano activista francés Jose Bové y la joven alemana Ska Keller, la más votada en las primarias abiertas.
Hasta el 25-M, todos los candidatos hacen campaña más allá de sus países de origen.Sin embargo, a pocas semanas de la cita de la ciudadanía europea con las urnas surgen muchas dudas sobre si los votantes entre Lisboa y Helsinki realmente influyen en la elección del nuevo jefe de la Comisión, el brazo legislativo de la UE. «Es un cuento que se han sacado de la manga los grupos mayoritarios, la socialdemocracia y la derecha, porque son conscientes de la desconfianza y la distancia que hay entre el Parlamento Europeo y la ciudadanía», opina Meyer. «El Parlamento Europeo tiene la obligación de hacer todo lo posible para elevar la participación porque su gran enemigo siempre ha sido la falta de interés de los ciudadanos europeos», analiza Torreblanca, miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores: «Por eso se han inventado este modelo presidencialista al estilo americano».
La idea se basa en el Tratado de Lisboa, la última gran reforma de la UE, que establece que los gobiernos nacionales deben respetar el resultado de las elecciones europeas a la hora de elegir el presidente de la Comisión.
Los sondeos dan una ligera ventaja al grupo socialista de Schulz frente a los conservadores, por lo cual el alemán aspira a tomar las riendas de Durao Barroso, que fue instalado en este cargo por decisión de los gobernantes nacionales que veían en este político de centroderecha el mejor garante de sus intereses particulares. El nombramiento del presidente de la Comisión le corresponde al Consejo Europeo, el órgano donde se sientan los gobiernos de los 28 estados miembros de la UE. Los líderes nacionales deben respetar el resultado de las elecciones. Es decir, si los socialistas son el grupo más votado, el candidato debe salir de este ámbito, aunque no tiene que ser necesariamente el cabeza de la lista electoral. Podrían proponer a otro socialista en vez del combativo Schulz, a quien el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi una vez llegó a comparar con el guardia de un campo de concentración nazi. El Parlamento, en principio, tiene la última palabra y puede rechazar a la persona elegida. Pero muchos expertos creen que los jefes de gobierno serían capaces de imponer su candidato a través de negociaciones y del mercadeo de otros puestos para ganarse el apoyo de una mayoría suficiente de eurodiputados.
«Nos han dicho que van a respetar el resultado del 25-M. A ver si es verdad», afirma el europarlamentario Cercas. A muchos jefes de gobierno -y la mayoría en la actualidad son de centrodrecha- les costaría aceptar a un socialista al frente de la Comisión, pero también hay dirigentes a los que tampoco les gusta el veterano dirigente Juncker, curtido en mil batallas nocturnas en las cumbres europeas. Evidentemente, a los líderes nacionales les resulta más cómodo tener a un presidente de la Comisión más dócil porque les debe su elección a ellos en vez de una persona que ha llegado al puesto empujado por el respaldo de los votantes. «Si los gobiernos eligieran a otro candidato que no sea el ganador de las elecciones, esto sería una mal mensaje para los ciudadanos», admite una fuente de la Comisión.
La decepción y el rechazo de la Europa que mucha gente ha llegado a asociar con la troika y el dominio de la Alemania de Merkel puede pasar factura en las elecciones del 25-M,especialmente por el esperado auge de
los partidos xenófobos y de ultraderecha. Algunas encuestas dan a estas formaciones hasta un 30% de los escaños en el PE. El Frente Nacional de Marine Le Pen podría incluso convertirse en la primera fuerza de Francia. La hija del histórico líder de la ultraderecha gala ha formado una alianza con Geert Wilders, el populista derechista holandés, para «devolver la soberanía» a los países. «Estamos obligados a pedir autorización a Bruselas, obligados a tener una moneda única y queremos libertad y soberanía», dijo Le Pen. En Reino Unido, los conservadores del primer ministro David Cameron ven con gran preocupación el auge del UK Independence Party (UKIP) que lucha por sacar a las islas británicas de la UE desde sus escaños en la Eurocámara. Los fascistas de Amanecer Dorado en Grecia previsiblemente obtendrán un buen resultado, igual que la Alternativa para Alemania (AfD), una amalgama rara de académicos críticos con el euro y nostálgicos del Tercer Reich.
Una iniciativa popular llega a Bruselas
También los partidos a la izquierda de los socialistas y socialdemócratas europeos pueden esperar un buen resultado en las elecciones de mayo. Algunos llevan su rechazo de la Europa actual hasta las últimas consecuencias y han renunciado a presentarse a los comicios, como la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). «El Parlamento Europeo es una institución casi decorativa», explica Joan Teran, miembro del Secretariado Nacional del partido independentista de izquierdas catalán: «Creemos que es más útil denunciarlo desde fuera del Parlamento Europeo». Y sigue: «El problema es que no hay elementos de control institucional que puedan cambiar las intenciones de la troika o a los que están al mando de la UE. El BCE y la Comisión continúan siendo organizaciones opacas al servicio de los mercados, y no hay instrumentos de control sobre ellos. La única opción de los pueblos es construir una alternativa desde la soberanía».
Pero hay mucha gente que, pese a todas sus deficiencias, cree que las instituciones comunitarias son un vehículo útil para conseguir sus objetivos. El 19 de marzo, la Comisión por primera vez admitió una iniciativa popular europea que exige que se reconozca legalmente el derecho fundamental de la ciudadanía al agua potable. Con 1,9 millones de firmas, la mayoría en Alemania, la petición superó con creces el mínimo obligatorio de un millón de firmantes, en por lo menos siete países. Los autores de la iniciativa Right2Water (derecho al agua) persiguen frenar la creciente privatización de manantiales públicos a empresas. La Comisión ahora debe estudiar el tema y elaborar una normativa si lo considera oportuno. De momento, predomina el escepticismo. «La respuesta de la Comisión es muy vaga. Hace falta que pronto presenten unas propuestas concretas», declaró el eurodiputado de los verdes Gerald Häfner.
Para aquellos que creen que más democracia en Europa pasa por reforzar el Parlamento Europeo es fundamental que en las elecciones del 25-M haya una alta participación. La última vez, hace cinco años, apenas un 43% de los 300 millones de ciudadanos con derecho a voto acudió a las urnas. «Es una contradicción que la gente exija una Europa más democrática y luego no vaya a votar. De ese modo, se devalúa el Parlamento Europeo, que es la única institución elegida directamente», deplora el eurodiputado Cercas. «Así seguirá mandando el directorio de los países poderosos, liderado por Merkel, que son los que han creado el monstruo de la troika».
Fuente: http://www.lamarea.com/2014/05/11/se-puede-cambiar-europa-traves-del-voto/