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Perú: genocidio de 300 prisioneros de guerra

«Siguen ganando batallas mas alla de la muerte»

Fuentes: Rebelión

¿Por qué una remembranza histórica de junio de 1986? Ahora nos nutrimos de este acontecimiento que removió lo más profundo de la conciencia política y moral de los peruanos. El valor de los prisioneros asesinados a mansalva vitaliza el futuro de la lucha social en Perú. La historia tiene también carácter de clase, y en […]

¿Por qué una remembranza histórica de junio de 1986? Ahora nos nutrimos de este acontecimiento que removió lo más profundo de la conciencia política y moral de los peruanos. El valor de los prisioneros asesinados a mansalva vitaliza el futuro de la lucha social en Perú. La historia tiene también carácter de clase, y en tanto ella, se cuenta y se escribe de la forma que sirva a los intereses de clase. Los que trabajábamos en El Diario, vivimos de cerca este acontecimiento, y fuimos testigos inmediatos de este genocidio planificado y ejecutado por el gobierno de Alan García Pérez. Y fuimos testigos también, como esa izquierda panzona y arrastrada sirvió de cómplice miserable de estos hechos de sangre. Palpamos de cerca, casi tocamos la sangre victoriosa de estos prisioneros, que ahora tomamos como ejemplo contrario de la traición y el soplonaje, que desde 1993, han surgido en la prisiones donde antes dignos prisioneros escribieron una página gloriosa de la lucha social en Perú.

Uno a uno fueron ejecutados con tiros en la nuca, los que gravemente heridos y tambaleantes habían podido escapar a las ráfagas de metralla y a las bombas eran perseguidos y rematados con balas de fusil. Fueron 300 los prisioneros de guerra asesinados con brutalidad. Este genocidio que remeció la historia social del Perú ocurrió el 19 de junio de 1986, y aún están frescas las imágenes épicas de este combate inmensamente desigual entre prisioneros y militares. Lurigancho, Santa Bárbara y la isla de El Frontón, fueron las tres prisiones donde las fuerzas armadas y fuerzas policiales dieron rienda suelta a sus acciones de venganza y de exterminio. Esta matanza se inscribió como parte de lo planes contrainsurgentes del gobierno.

Se creía que matando a los prisioneros se debilitaba la guerra popular iniciada en 1980. En Lurigancho, al final del asalto militar, y cuando los prisioneros sobrevivientes exhaustos por la resistencia heroica, salieron con los brazos en altos, fueron muertos con un tiro en la cabeza. En el Frontón, isla lejana de la costa limeña, Agustín Mantilla vice ministro del interior, se vistió con ropa militar de camuflaje y personalmente se encargaba de rematar con tiros de fusil a los sobrevivientes heridos.

Algunos, los que lograron escapar al bombardeo, fueron secuestrados y posteriormente torturados y eliminados clandestinamente. En Santa Bárbara, cárcel de mujeres, el crimen fue selectivo y apuntó a las prisioneras que se suponían que tenían alta jerarquía en los rangos del Partido Comunista del Perú (PCP).

Alan García Pérez, un farsante patológico, desde el mismo día que se sentó en el sillón presidencial apoyado por sus socios de Izquierda Unida (IU) prometió «democracia’, «cambio social», y una política de paz para resolver el conflicto interno del país. Acostumbrado a la peliculina y a la mentira falaz, anuncio: «la barbarie no se combate con la barbarie» refiriéndose a la guerra Interna del país, pero sin embargo optó por la dinámica del terror y la violencia para enfrentarse a la guerrilla maoísta. «Hay que restablecer la autoridad», dijo cuando ordenó al ejército y a la marina de guerra entrar a sangre y fuego a las prisiones.

El combate desigual, entre presos que tuvieron que usar cucharas, ollas y pedazos de ladrillos para defenderse y soldados armados como para una guerra regular, duró dos días infernales, el 18 y 19 de junio.

Al día siguiente (20 de junio), en un acto macabro y cuando no había mas sangre que derramar en las prisiones, el gobierno pasó a la etapa teatral considerada en la planificación de extermino de prisioneros. Alan García, hizo construir un tabladillo en la prisión de Lurigancho y ahí montó un grotesco espectáculo. Frente a los escombros aún humeantes y cuando en el ambiente todavía se podía oler el olor de la sangre fresca mezclada con pólvora, dijo no saber nada de este crimen y culpo de los hechos a los militares y policías. El espectáculo estaba dirigido, no para los periodistas peruanos que habían mostrado por anticipado su complicidad con esta matanza, sino más bien para la prensa extranjera que se encontraban en Lima para cubrir el congreso de la Internacional Socialista. Pretendió hacerse pasar como inocente, casi una víctima de este hecho de sangre. Algunos periodistas locales, siempre listos para el ayayerismo y recibir las migajas del poder, vieron lágrimas en sus ojos y dijeron que su rostro compungido hasta la tristeza era una prueba de su inocencia. García, acostumbrado a las contorciones teatrales, no por nada antes de ser presidente había sido músico callejero en Paris y España, mostró una cara al límite de la quiebra emocional y anunció: «Se van ellos o me voy yo» hablando de los militares y policías que habían actuado en la masacre de las prisiones. Nadie se fue, ni él ni los militares, y los crímenes y genocidios se convirtieron en hechos cotidianos durante el régimen del «demócrata» García.

El circo montado en Lurigancho, no impidió que a los siguientes días al 19 de junio, el gobierno ordenara una violenta represión contra los familiares de los presos, y que muchos de ellos fueran detenidos y enviados a prisión acusados de terroristas. El ejército y la policía secuestraron los restos mortales de los prisioneros y prohibió que sus familiares les den sepultura.

Clandestinamente, las víctimas de las prisiones, fueron enterradas en diversos cementerios de Lima y provincias. Como remate triunfal de la campaña para limpiar las manos tintas en sangre de García, el parlamento fantoche anunció la formación de una «comisión investigadora» supuestamente para investigar y ubicar a los verdaderos responsables de la sangrienta represión en las prisiones. La comisión fue presidida por Rolando Ames, un representante de Izquierda Unida (IU) y su famosa «investigación», si para algo sirvió, fue solamente para encubrir la responsabilidad penal y política del presidente de la República. Como se conoce, García Pérez no ha sido tocado ni con «un pétalo de rosas» por este crimen. Y como en Perú, criminales y embusteros se turnan en el ejercicio del poder, García sin rubor alguno, se alista para reemplazar en el gobierno (dentro de 2 años) al alicaído Alejandro Toledo.

Los cómplices políticos del genocidio

García Pérez no actúo sólo en la matanza de los penales. Tuvo socios nacionales e internacionales. En el mismo momento que los prisioneros de guerra eran ultimados con un tiro en la cabeza, 70 delegaciones de partidos socialdemócratas de Europa y de otras partes del mundo liderados por el alemán Willy Brandt se reunían en Lima en el XVII Congreso de la Internacional Socialista. Uno de los objetivos políticos de este evento era mostrar al mundo las bondades del régimen dirigido por el «demócrata Alan García. Más adelante sería la Internacional Socialista, la que nivel internacional, se encargaría de propagandizar una supuesta inocencia del gobierno en el genocidio de los prisioneros. A nivel local, el mismo día de los hechos sangrientos en los penales, Alfonso Barrantes Lingán, jefe de Izquierda Unida (IU), y Alcalde de Lima, daba su consentimiento para que el gobierno ejecute su plan de extermino de prisioneros. En el Nuevo Diario del 13 de junio denunciamos la complicidad de IU con los planes criminales de Alan García, y denunciamos las pretensiones del líder izquierdista para organizar un «Frente Antiterrorista», cuyo objetivo era apuntalar la criminal estrategia antisubversiva del gobierno y de las fuerzas armadas.

Pero Barrantes, no solamente se comprometió con la masacre de los penales, sino que después hizo grandes esfuerzos para blanquear las manos ensangrentadas del gobierno. Bajo este propósito, los grupos integrantes de IU, presentaron la masacre de los penales, no como un crimen del gobierno, sino más bien como una provocación planificada por Sendero Luminoso. Los más connotados partidos y personajes de la izquierda oficial como por ejemplo, el PUM (Partido Unificado Mariateguista) o Patria Roja que en las elecciones de 1985 habían llamado a votar por la candidatura de Alan García, se mezclaron en el debate público para anunciar que «Sendero Luminoso había diseñado esta matanza», cuyo objetivo fue «ganar dividendos políticos inmediatos» y «desprestigiar al gobierno democrático de García». Y por ello no resultó una sorpresa que el 26 de julio de 1986, un mes después de la matanza de los penales, Barrantes en nombre de IU reiteró su llamado para formar un «Gran Acuerdo Nacional» de todas las fuerzas políticas, incluida el Apra, partido liderado precisamente por Alan García.

La prensa peruana, históricamente mercenarizada y al servicio de los grupos de poder, no actúo al margen de este genocidio. Con algunas excepciones, tanto la prensa escrita como la radial y televisivo hicieron apología a favor del genocidio y después mediante argucias presentó a García Pérez al margen de cualquier responsabilidad en los acontecimientos del 19 de junio.

Por ejemplo, la revista Quehacer editada por Desco, una organización no gubernamental, dirigida en ese tiempo por Henry Pease actual militante del partido de Alejandro Toledo (Perú Posible) y presidente del parlamento basura del Perú, hablando de los hechos de los penales, acuñó una notable mentira cuyo objetivo fue alejar de cualquier responsabilidad al gobierno.

Entre otras cosas dijo, que la matanza del 19 de junio había sido planificado por la «dirección senderista», cuyo propósito fue «arrastrar al gobierno hacia la violencia». Desco, afirmó con desparpajo que el pobre García había sido una víctima de militares y terroristas. De un plumazo, el gobierno quedó libre de polvo y paja en los hechos de los penales. La revista Quehacer en un análisis de antología del mercenarismo intelectual dijo lo siguiente: «.el objetivo no era otro que obligar al gobierno a reprimirlos y aparecer ante el mundo como un gobierno impopular y genocida…el gobierno cayó en la trampa que le colocaron las minorías extremistas del país, Sendero y los militares conservadores.» (Quehacer, 41 de junio-julio 1986).

Pero no sólo fueron los partidos políticos (de derecha y de la izquierda oficial), o la Internacional Socialista, o la prensa del Perú, los que directa o indirectamente se constituyeron en cómplices de Alan García. Lo fue también la alta jerarquía de la iglesia Católica que nunca está ausente en los banquetes de sangre. En una fecha bastante próxima al 19 de junio de 1986, monseñor Augusto Beuzeville, obispo auxiliar de Lima en esos momentos, y representante de la iglesia católica en la Comisión de Paz organizada por el gobierno, leyó una declaración en la que refiriéndose a la guerrilla maoísta, pedía que los: «los actos de terrorismo» deberían ser «ejemplarmente sancionados», y que la «utilización de las armas para imponer ideologías debe llegar a su fin». De esta manera la iglesia habría la puerta del infierno para los presos acusados de senderistas, y al mismo tiempo refrendaba la brutal acción de las fuerzas armadas, que «ejemplarmente» reprimían a los terroristas.

El Nuevo Diario, y el 19 de junio

En «El Nuevo Diario» (nombre anterior de El Diario), vivimos de cerca ese abominable crimen planificado y ejecutado por el régimen dirigido por Alan García Pérez. De alguna manera fuimos testigos de ese hecho que tiñó de sangre, «roja, rojita», como dicen los poetas, la tierra y la historia de la lucha socia en Perú.

Fuimos el único medio de comunicación del país, que meses antes de junio de 1986, denunciamos con abundantes pruebas que el gobierno aprista tenía un plan antisubversivo cuyo objetivo era liquidar masivamente a los prisioneros de guerra del Partido Comunista del Perú (PCP). El ensayo gubernamental para el genocidio de junio, señalamos en una de nuestras ediciones, había sido el asesinato de 30 prisioneros de guerra el 4 de octubre de 1985 precisamente en la cárcel de Lurigancho. Este primer crimen masivo de prisioneros fue ejecutado por el gobierno aprista cuando sólo tenía 4 meses en el poder, y sus cómplices en esos momentos, así como en junio de 1986, fueron los parlamentarios de IU, que se encargaron de «investigar» no el crimen sino la inocencia del gobierno. En esa oportunidad, también la prensa peruana cumplió su papel de cómplice y no tuvo ningún problema para señalar que los «senderistas muertos en Lurigancho, fueron amarrados y quemados vivos por sus propios compañeros».

Así, de simple fue la pérfida versión oficial sobre este hecho. Para este crimen no hubo una «comisión parlamentaria», pero si una «comisión de paz, presidida también por un miembro de IU (Diego García Sayan) que tampoco perdió la ocasión para echar tierra en los ojos de los peruanos y camuflar la responsabilidad del gobierno aprista en la matanza de los 30 prisioneros de guerra.

Sin ningún compromiso se abrieron nuestras páginas para los familiares de los presos acusados de pertenecer a la guerrilla maoísta. Carlos Angulo Rivas, director de El Nuevo Diario asumió con coraje y ética la campaña para prevenir el genocidio que preparaba el gobierno aprista. Los directivos de este medio, quizás con diferentes puntos de vista sobre la política del país, no escatimamos esfuerzo para orientar la información en la defensa de los prisioneros de guerra, y denunciar con mucha anticipación como el gobierno en complicidad con los partidos políticos y los medios de comunicación se alistaba a ensangrentar las prisiones del país. En ese tiempo, las oficinas de El Nuevo Diario estaban ubicadas en el distrito de Pueblo Libre. Parte de una fábrica fuera de uso nos servía como rudimentarias oficinas de redacción y talleres de montaje. Para entrar a la redacción había que franquear una enorme puerta de gruesa madera que día y noche estaba resguarda por un vigilante. Fue en este local donde en octubre de 1987, un año después de la matanza de los 300 prisioneros, un comando paramilitar organizado desde el ministerio del interior por Agustín Mantilla, ejecutó un ataque mortal contra nosotros. El grupo de atacantes estaba integrado por 3 individuos y su cabecilla era el militante aprista Miguel Ríos Sáenz, más conocido con el apelativo de «Chito Ríos». En el frustrado atentado, no hubo ninguna baja de nuestro lado, pero si de los atacantes. Dos de los paramilitares (Adolfo Humberto Usquiano y Rodolfo Briceño Vásquez) murieron despedazados por la explosión de la bomba, que estalló al momento que éstos la manipulaban antes de emplearla contra nuestro diario. De este ataque quedó un sobreviviente («chito Ríos») que inmediatamente fue protegido por la policía, y un montón de carne y huesos despedazados y quemados que se esparcieron por la explosión a 30 metros a la redonda.

Semanas antes del genocidio del 19 de junio, sentimos la presencia cercana de agentes policiales. En forma camuflada tomaron «por asalto» la parte externa de nuestro local. De la noche a la mañana, el patio exterior de El Nuevo Diario, se vio invadido por una docena de vendedores de caramelos y cigarrillos cuyos rostros grasientos delataba al agente policial. Un pequeño café cercano a nuestras oficinas y que era bastante concurrido por una gran parte de nuestra centena de trabajadores, se vio de repente colmado de «clientes» que tenían la pinta inconfundible del agente en busca de una presa. Estos flamantes parroquianos, que como cobertura utilizaban lentes doctorales y un maletín negro a la mano, no bebían café, sino más bien comían como chanchos y tomaban cerveza en abundancia. Eran borrachines y perros de presa que nos asechaban. Como parte de la represión nos cortaron la línea telefónica y con ello intentaron desconectarnos del mundo exterior.

En los quioscos de ventas de diarios, tanto en Lima como en provincias, no se dejaron esperar las amenazas contra nuestros lectores. Quizás, a partir de estos momentos trágicos y venerables de la historia de la lucha social como los del 19 de junio de 1986, El Diario a secas, como se llamaría más adelante, no dejaría de ser un blanco preferido de las fuerzas policiales y paramilitares del gobierno. Y quizás también, este fue el inicio de un cambio ético y profesional del cual ya nunca regresaríamos atrás que con sus costos y sacrificios nos ha hecho parte de un largo proceso histórico de lucha y cambio social.

A 18 años de El Día de la Heroicidad, como fue instituido por una resolución del Partido Comunista del Perú (PCP), aún respiramos el ambiente histórico-político que nos dejó este momento épico donde un puñado de prisioneros de guerra se enfrentó titánicamente a un Estado opresor, corrompido y represor. Los hechos del 19 de junio, prueba imperecedera del valor comunista, cobran plena actualidad ahora cuando el PCP y la lucha armada han declinado a causa fundamentalmente de la traición y la capitulación en sus rangos más elevados. El ejemplo de estos heroicos combatientes, se inscribió como parte del colosal desarrollo de la revolución peruana, y cuya acción en las prisiones, demostró el espíritu contrario, completamente opuesto a la traición, delación y la cobardía, que desde 1993 surgieron como hongos malditos en las prisiones del Perú. Las «cartas de paz» (fabricación policial con apoyo de traidores) que resultaron una plegaria de la capitulación y el soplonaje, se inscriben no, en el ejemplo moral y político del 19 de junio, sino más bien, en los hechos vergonzosos reptilescos que muchas veces surgen inevitablemente en los procesos de lucha social de liberación. Los prisioneros de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, no pidieron perdón ni se arrepintieron como «Feliciano» que ahora se ha enganchado a la policía, ni como Morote, Cox, Pantoja, Magie Clavo y otros que se convirtieron en miserables agentes del mafioso Vladimiro Montesinos. O como el «camarada Artemio» que hace acciones armadas como complemento de los planes militares y políticos del Estado.

Ellos, los prisioneros de guerra caídos victoriosamente en 1986, hasta el último suspiro, intentaron alcanzar el cielo con sus manos desarmadas.

Estos combatientes de la libertad, viven eternamente en el recuerdo de los peruanos, y su forma de actuar en las terribles condiciones que les toco vivir y luchar como prisioneros, es un estimulo a la vida y a la lucha por un mundo mejor. Y como se anota en el poema épico, ellos «siguen ganando batallas más allá de la muerte».