El intento de perpetuar el decadente régimen juancarlista, mediante un renovado régimen felipista, está condenado al fracaso. La incoherente pretensión de vincular jurídicamente los inevitables cambios de un Estado plurinacional al fraudulento proceso de la llamada Transición, que siguió a la reforma de la dictadura, “de la ley a la ley”, no parece que sea factible.