España no puede permanecer al margen de los drásticos desarrollos que tienen lugar en los terrenos de su antigua colonia adyacente del Sáhara Occidental. Ha quedado claro que Marruecos pretende involucrar a potencias externas en un juego geopolítico para complicar la solución del conflicto. Sin embargo, las obligaciones de España como potencia administradora del territorio le permiten abogar por la aplicación del derecho internacional para evitar cualquier escalada en la región y salvaguardar sus intereses.
