Acusaciones mutuas entre distintas fuerzas de derecha quienes se señalan de promover un Golpe de Estado se han intensificado durante la última semana, derivado de un cuestionado proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad temporalmente. De manera paralela surgieron en meses previos, denuncias […]
Acusaciones mutuas entre distintas fuerzas de derecha quienes se señalan de promover un Golpe de Estado se han intensificado durante la última semana, derivado de un cuestionado proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad temporalmente. De manera paralela surgieron en meses previos, denuncias verbales implicando a la Presidencia-Vice-Presidencia de la República por supuestos actos de corrupción, vínculos con el capital mafia e intentos de censura de medios de comunicación, dentro del marco de una trama que evidencia el profundo deterioro del sistema político guatemalteco.
Tensiones intrasistémicas
Se asiste a un momento de intensa disputa entre tres corrientes políticas de derecha que está propiciando inestabilidad en el sistema político. Esto sucede en un contexto en que los pactos políticos que se suscribieron al crearse la Constitución de la República en 1985, y los que posibilitaron la firma de la paz en diciembre del 1996, han desvanecido y no existe una nueva plataforma y agenda nacional consensuada que permitiría redireccionar el destino de la nación hacia un futuro distinto.
No se han creado nuevos espacios de participación política que trascienden la lógica de la democracia liberal y representativa, en tanto que la estructura política formal demuestra una creciente incapacidad para canalizar o responder a los anhelos transformadores de las fuerzas democráticas y sociales. El deterioro de las prácticas políticas responde a la lógica del capital en su sentido más perverso.
Existe una disputa entre capitales(emergentes, mafia y oligárquicos) que se ha intensificado; ésta se expresa en la arena política a un año del próximo proceso electoral y permea a los tres organismos del Estado.
Las crecientes movilizaciones de los pueblos originarios, comunidades campesinas y organizaciones populares en contra del modelo de acumulación por despojo y su demanda de autodeterminación, actualizan el histórico miedo clasista, el racismo y el modus operandi autoritario de una clase dominante que nunca apostó a la construcción de un sistema político democrático.
Los juicios contra militares implicados en masivas violaciones a los DDHH que tuvo su momento cúspide en el juicio en contra del General Ríos Montt por genocidio y delitos contra la humanidad, y cuya sentencia condenatoria fue anulada( mayo 2013), no cesarán, como tampoco el reclamo de las victimas porque aparezcan los más de 45,000 desaparecidos. Esta heroica y valerosa actuación de las comunidades de sobrevivientes, y los familiares se enfrenta a la rearticulación de grupos de militares-ex militares quienes aspiran a detener estos procesos al costo de lo que sea.
El avance de la influencia -control de capitales mafias sobre estructuras de poder local, partidos políticos, y algunas estructuras del Estado está propiciando disputas por negocios, tensiones porque altera las reglas del juego del sistema político (financiamiento campaña electoral, votación de diputaciones); genera desequilibrios en el acceso a la justicia ( impunidad, compra y designación de jueces etc.) e impide que se avance en reducir los altos niveles de inseguridad y violencia.
¿Posibilidades de Golpe de Estado?
Desde hace unos años han surgido iniciativas para reformar la Constitución de la República promovidas por expresiones políticas de derecha que no lograron concretarse. En el fondo se busca modificar las reglas del sistema político existente para blindarlo de cualquier posibilidad de transformación democrática. La clase dominante teme que las fisuras en el sistema de dominación podrían ensancharse e inducir el voto ciudadana hacia una opción de izquierda o centro-izquierda. De manera más reciente, otras voces han planteado la necesidad de una reforma constitucional con fines de mejorar el funcionamiento del sistema de justicia y democratizar el Estado. No obstante, en este momento, no existen ni consensos, ni fuerza social que se haya apropiado de esta propuesta.
En los últimos dos años y medio ( 2012-2014) se ha registrado un marcado deterioro en el respeto a los derechos humanos y está en marcha una estrategia represiva que tiene la manifiesta intención de debilitar a los pueblos que defienden su territorio donde se pretende impulsar el modelo de acumulación por despojo.
Durante los últimos años, se constata el resurgimiento y fortalecimiento de una extrema derecha al cual están vinculados militares, empresarios, columnistas, supuestos académicos etc. que cuentan con vínculos y soportes de quienes manifiestan similares perspectivas ideológicas en el ámbito continental. Pretenden recuperar un espacio político (conformación de su propio partido y movimiento ciudadano que los respalda), tener influencia directa en el ámbito estatal (remilitarización, inteligencia, control social,) y enfrentan actualmente mediante distintas estrategias a quienes han identificado como su nuevo enemigo interno. Basado en una falaz interpretación de la guerra de cuarta generación, interpretan las luchas de los pueblos originarios, comunidades en resistencia y comunidades campesinas desde una perspectiva de la lógica contrainsurgente. Su discurso y actuación revelan una peligrosa tendencia hacia la radicalización.
A diferencia del intento de Golpe de Estado de Serrano Elías en 1993 cuando éste fue derrotado por la sociedad civil, una fracción de militares y las cámaras empresariales, quienes entendían que no existían condiciones políticas para un retroceso en el proceso de democratización apenas iniciado, en la actualidad el consenso en torno a la defensa de un régimen democrático se ha resquebrajado a nivel de las elites y sus aliados político-militares.
Las tensiones intra-sistémicas se agudizan y podrían gestarse distintos escenarios antes, durante o como resultado del proceso electoral del 2015. Una crisis que conlleva a un rompimiento constitucional no puede descartarse, aunque es más probable, que de manera temporal, las distintas fuerzas de derecha en disputa arriben a un acuerdo político para no profundizar la inestabilidad en el sistema. Hay que estar atento a los acontecimientos.
Simona Violetta Yagenova. Investigadora FLACSO Guatemala
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