Los sindicatos CISL y UIL, junto con la patronal y el Gobierno italiano, han firmado un pacto que recortará derechos y supondrá, en la práctica, un descenso de salarios.
El 22 de enero, el Gobierno de Berlusconi, Confindustria y los sindicatos CISL y UIL -sin la CGIL, el sindicato mayoritario en Italia-, firmaron un acuerdo que reforma el modelo contractual e introduce numerosas y graves novedades. En primer lugar, se confirma la posibilidad de acuerdos separados, es decir sin la CGIL, y se fija el principio según el cual las empresas establecerán acuerdos sólo con quienes acepten sus condiciones. Los ministros Sacconi (Sanidad) y Brunetta (Administraciones Públicas), que llevaron la negociación, acusaron a la CGIL de mantener una posición «ideológica», y reivindicaron el derecho del Gobierno a no aceptar vetos. La oposición de centro-izquierda se presentó dubitativa y dividida. Veltroni, líder del Partido Democrático, invitó a la CGIL a superar el sectarismo, aunque reconoció la necesidad de un referéndum entre los trabajadores para la aprobación de ese acuerdo, algo que solicita la CGIL, mientras CISL e UIL no quieren llevar la medida a consulta popular.
En el acuerdo se ponen las bases para una limitación del derecho de huelga, estableciendo que «es posible determinar en las empresas de servicios públicos locales, el conjunto de los sindicatos, que representen la mayoría de los trabajadores, que pueden proclamar huelgas». La huelga ya no sería un derecho de cada trabajador, como está establecido en la Constitución, sino de las organizaciones a las que se reconozca la mayor representatividad de los trabajadores.
Además, el pacto perjudica el valor del contrato por sectores, ya que permite «acuerdos específicos, directamente en el territorio o en la empresa, para gobernar las situaciones de crisis (…), para modificar totalmente o en parte, aunque sea de manera experimental y temporal, instituciones económicas o normativas específicas de los contratos nacionales de trabajo por sectores». Así, mientras el contrato nacional se flexibiliza, la contratación empresarial de segundo nivel pierde autonomía (por ejemplo, sobre el tema del salario sólo se pueden negociar subidas si aumenta la productividad en las empresas). En Italia, el 90% de las empresas tiene menos de diez trabajadores, por eso el contrato nacional es un instrumento imprescindible para la tutela de los derechos laborales. Pero la contratación empresarial, o de segundo nivel, ha representado desde siempre una oportunidad para los trabajadores de organizarse y llegar a condiciones mejores de las establecidas en el contrato.
Ahora, este nivel está vinculado a la productividad y se elimina la posibilidad de contratación en los ámbitos ya regulados por las negociaciones nacionales. Con este pacto, el sistema contractual colectivo sufre un replanteamiento a favor de una relación más individualizada entre la empresa y el trabajador.
Congelación salarial
Otra novedad importante es la modalidad con la que, a partir de ahora, se calcularán los aumentos salariales: «En lugar del tipo de inflación programado (es decir, el tipo de inflación en el que se basan las operaciones financieras del Gobierno), se medirá un nuevo índice de previsión basado en el Índice de los Precios al Consumo concordado en ámbito europeo para Italia, depurado de la dinámica de los precios de los bienes energéticos importados», y se encomendará la elaboración de este índice a un tercer sujeto aún no determinado. Desde hace muchos años, en Italia las partes contractuales habían abandonado la referencia a la inflación programada para fijar los aumentos salariales, ya que hay una enorme diferencia con la inflación real. Ahora se ha introducido una nueva referencia, depurada de los precios de bienes como la gasolina, el gas o la electricidad, y se ha fijado, ya desde el principio, que los salarios estarán por detrás del tipo de inflación.
Objeción al espionaje médico
GIOVANNI VEGEZZI
Los colectivos políticos italianos están reaccionando ante la oleada de leyes xenófobas aprobadas por el Gobierno, sobre todo contra de una de las medidas más criticadas: la posibilidad de que los médicos denuncien a los migrantes clandestinos. «Una medida racista, de marco fascista», han declarado al unísono sindicatos y partidos de la izquierda comunista y ambientalista. Movimientos y centros sociales han apoyado a través de manifestaciones a los grupos de activistas como Médicos sin Fronteras y Emergency, que han apelado a la objeción de conciencia bajo el eslogan «Somos médicos, no espías». También las asociaciones oficiales de doctores italianos se han opuesto a las leyes del Gobierno, anunciando que no denunciarán a nadie que vaya a curarse a un hospital. El escándalo ha trastornado también uno de los pilares del consenso berlusconiano: el mundo católico. Han llegado críticas al Gobierno por parte de los obispos y hasta el semanal Famiglia Cristiana ha definido las medidas del Ejecutivo como «leyes raciales», y las compara con aquellas aprobadas por el fascismo contra los judíos italianos.