Fue muy valiente con los desarmados mineros artesanales a quienes bombardeo en nombre del «medio ambiente y la legalidad». Es el mimado de los mass media y los poderes facticos. En especial de la gran minería que temía que el movimiento minero artesanal terminara expropiándole «sus concesiones mineras». Al final, Urresti, derroto coyunturalmente a los […]
Fue muy valiente con los desarmados mineros artesanales a quienes bombardeo en nombre del «medio ambiente y la legalidad». Es el mimado de los mass media y los poderes facticos. En especial de la gran minería que temía que el movimiento minero artesanal terminara expropiándole «sus concesiones mineras». Al final, Urresti, derroto coyunturalmente a los mineros informales. Y al parecer, es por esto que Ollanta lo nombró su Ministro del Interior ya que nunca antes había destacado como estratega militar.
No obstante, el ministro estrella del régimen nacionalista está implicado en una investigación judicial como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustìos el 24 de noviembre de 1988, en Huanta, Ayacucho, cuando el ex general Urresti lideraba la sección de inteligencia S-2 (que tenía por misión detectar a los sospechosos de terrorismo para luego desaparecerlos dijo el analista Carlos Tapia, ex miembro de la Comisión de la Verdad).
Ese día, el corresponsal de Caretas, Bustìos Saavedra y su colega Eduardo Rojas Arce, iban a la comunidad de Quinrapa a indagar el crimen de Primitiva Jorge Silca y su hijo Gregorio por Sendero Luminoso, pero cuando estaban cerca, fueron emboscados por una patrulla del ejército al mando del entonces capitán Urresti Elera.
Según Ideeleradio, Urresti está imputado en el supuesto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de asesinato. Esta denuncia forzó al ex militar a hacer público algo que quería esconder cuando entrego su hoja de vida a la prensa el día de su juramentación como ministro. Urresti, ni tonto ni perezoso, declaró que, «…No hay una sola prueba. Yo soy totalmente inocente, mis manos están limpias de sangre…» (diario Uno, 03-07-14).
Luego, la viuda del periodista Bustíos declaró que ella solo busca justicia y que si el ministro dice que es inocente, pues, que enfrente la denuncia judicial como un ciudadano más. Sin embargo, Urresti, señaló que el presidente lo apoya. Horas después Ollanta dijo que, «…no vemos culpabilidad en Urresti …» (La República, 03-07-14).
Urresti se defiende diciendo que son «dichos» y no hay pruebas. Pero eso es mentira. No solo está el testimonio de su ex colega coronel Víctor La Vera, sino la d el ex tnte. coronel Amador Vidal Sambento (condenados a 17 y 15 años de cárcel respectivamente en el 2008 de los cuales solo cumplieron 4 años y salieron libres), el campesino asesinado Alejandro Ortiz, así como la del periodista Eduardo Rojas Arce. Por esto el Segundo Juzgado Penal de Huamanga le abrió investigación judicial y la fiscalía solicitó que se le incluya como autor mediato del crimen.
Por otro lado, Urresti, señala que es raro que «después de 25 años recién se han acordado de él». Pero esto tampoco es verdad. Lo que pasa es que bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo y la infame Ley de Amnistía de 1995, el caso fue archivado en el fuero militar. Luego, hubo amenazas a los testigos y magistrados que desistieron, incluso el testigo Alejandro Ortiz fue asesinado en 1989 en circunstancias extrañas. Recién cuando intervino la CIDH en el 2008 se retomó el emblemático caso Bustìos.
«… Por eso es que este se inicia el 2003, hace nueve años ¿Por qué mentir? Y se da el lujo de contradecirse afirmando que en la patrulla había compañeros de promoción de ‘ojos de gato’. Entonces, sí sabe quién estuvo, ¿por qué no lo dice?…», escribió la periodista Rosa María Palacios (Los inocentes no necesitan mentir, diario Exitosa, 07-07-14).
Por estas razones, prestigiosas organizaciones de DD.HH. como la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación Para el Debido Proceso (DPLF) difundieron un pronunciamiento demandando a Ollanta que Urresti enfrente el proceso penal como un ciudadano común. «Que un ministro llamado a defender los derechos humanos tenga un esclarecimiento pendiente por un delito de extrema gravedad en esta materia es, además, groseramente ofensivo a los valores de un Estado democrático», señaló en un comunicado el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el lunes último.
«… El 20 de agosto acudió a rendir su manifestación a Huamanga…En su manifestación judicial, reconoció que fue jefe Inteligencia y Contrainteligencia del cuartel de Castropampa en Huanta, en 1988. Admitió que su seudónimo era Capitán Arturo. Tenía 32 años. Urresti dijo ante la Corte que el mayor EP (r) Amador Vidal Sanbento, ‘Ojos de Gato’ y el adjunto de Logística Edgardo Montoya Contreras lo acusan en venganza porque a ambos los sancioné por actos de indisciplina, lo que perjudicó sus carreras militares, en 1988…», redacto la revista Caretas (10-07-14).
Luego continúa Caretas, «…Por cierto, los actos de indisciplina sancionados no fueron por el asesinato de Bustíos, el 23 de noviembre de 1988 en los pagos de Erapata, a 20 minutos en motocicleta de Huanta. Simplemente por el robo de autopartes y abandono de destino…».
Ollanta dice que Urresti no está sentenciado y que se le debe dar la gracia de la presunción de la inocencia, sin embargo, por menos, el líder de izquierda Gregorio Santos ha sido puesto en prisión preventiva por 14 meses. ¿No será que Ollanta necesita un ministro con las credenciales de Urresti para implementar la Ley de espionaje que quiere aprobar en el Congreso para infiltrar con más de 500 agentes los movimientos sociales que se aprestan a movilizarse contra el paquetazo económico del gobierno y los poderes facticos?
Por ahora Urresti se siente confiado ya que la población quiere un ministro duro que le resuelva la inseguridad ciudadana, pero cuando éste no de ningún resultado significativo al respecto, la misma gente pedirá su renuncia.
De esta forma, Ollanta, quién en campaña prometió luchar por la defensa de los DD.HH., ahora termina defendiendo a una persona acusada de crímenes de lesa humanidad y que tiene como asesor a Juan Alberto Bertetti Carazas, involucrado en el crimen de 9 estudiantes y un profesor en la Universidad La Cantuta en 1992.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.