La erradicación compulsiva de coca ha sido infructuosa. ¿Por qué no probar ahora a erradicar la pobreza rural como medio para reducir la producción de coca?
La decisión del nuevo Gobierno peruano de suspender provisionalmente las erradicaciones de coca desató la semana pasada una fuerte polémica en el Perú. La medida no fue, sin embargo, sorprendente. Durante su campaña presidencial Ollanta Humala expresó claramente sus dudas respecto a las erradicaciones forzadas de la coca, una estrategia que se viene aplicando desde hace muchos años en el país y que no ha producido resultados positivos. La superficie sembrada de coca ha aumentado considerablemente. Una suspensión y revisión de la política parecía ser lo más obvio.
Lamentablemente el tema de las erradicaciones de cultivos de uso ilícito está hoy altamente politizado. No sólo en el Perú sino en todos los países del mundo en donde se produce este tipo de cultivos y se implementa esta estrategia. Esta politización no permite ver los argumentos que sustentan la necesidad de ponerle fin a la erradicación forzada y de comenzar a poner en marcha alternativas de desarrollo que incluyan una erradicación gradual y concertada con las comunidades. No permite ver que la erradicación sólo puede ser exitosa cuando los programas alternativos estén en capacidad de garantizar la seguridad alimentaria de la población local. Si este no es el caso, como evidentemente no lo es en las regiones cocaleras del Perú en donde se viene aplicando desde hace años esta política, entonces los Gobiernos están condenados a seguir implementando un fracaso. Con los costos que éste comporta.
Esto es lo que ha intentado comenzar a cambiar el nuevo presidente peruano y contra lo cual se han expresado diversos sectores. Muchas de las críticas que recibió Ollanta Humala cuando anunció la suspensión de las erradicaciones señalaron particularmente sus simpatías hacia grupos cocaleros presentándolos como grupos criminales. Aunque es cierto que mucha de la coca se desvía hacia el narcotráfico, lo que de hecho aproxima al cocalero a la delincuencia, antes que con el castigo al campesino cocalero el problema se resolvería ofreciéndole una respuesta que le permita vivir sin tener que recurrir a una actividad ilícita.
Los argumentos contra la erradicación forzada no obedecen a un interés de favorecer el narcotráfico, como algunos han sugerido. Los argumentos contra la erradicación no son nuevos. Los vienen promocionando desde hace años entidades internacionales que trabajan en temas de políticas de drogas y en particular en lo relacionado con la producción de sustancias originadas en plantas. El TNI ha abogado durante años por la suspensión de toda forma de erradicación forzada en los países andinos, Afganistán, y otros. Las mismas Naciones Unidas a través de su organismo ONUDD ha cuestionado la obligación de eliminar los cultivos antes de que los programas de sustitución no se hayan fortalecido lo suficientemente para garantizar la subsistencia. En un informe de 2007/2008 dicen que, con base en evaluaciones hechas por la ONUDD, «hay pocas pruebas de que las erradicaciones reduzcan los cultivos ilícitos a largo plazo, pues éstos se desplazan». Por lo tanto en sus recomendaciones, este mismo informe pide a los Estados miembros que aumenten su apoyo al desarrollo rural en regiones y poblaciones afectadas por el cultivo ilícito, y que faciliten un mayor acceso a los mercados para los productos del desarrollo alternativo. Y concluye que el «desarrollo alternativo ha de evaluarse mediante indicadores del desarrollo humano y no técnicamente en función de las estadísticas de producción ilícita».
Es en esta línea que hay que comprender el paso dado por el nuevo Gobierno peruano con respecto a las erradicaciones. Porque como sugiere la mencionada entidad de Naciones Unidas – a la que no pueden acusar de querer favorecer el narcotráfico – el número de hectáreas erradicadas o no erradicadas no debería ser el parámetro para juzgar la eficacia de esta política sino el nivel de desarrollo humano alcanzado o no en la región. No se trata de dejar de controlar la producción de hoja de coca, como temen algunos analistas, sino de probar otras vías de control. Como ha señalado recientemente un artículo en la prensa internacional, «Es necesario tener claro que el gobierno peruano no ha dicho que va a eliminar la erradicación, sino que enfocará la estrategia en el desarrollo alternativo de aquellas áreas del país en las que los campesinos están interesados en desarrollar otras fuentes de ingresos, pero siembran coca porque no tienen más remedio».
Sólo una semana estuvieron suspendidas las erradicaciones en el Perú. Esperemos que a pesar de su reanudación -dadas las presiones internas y externas- el Gobierno pueda proseguir con su visión de cambio en las estrategias para la coca. Que a los intereses políticos de los que se oponen al cambio se impongan los argumentos del diálogo y la concertación, la no criminalización de los campesinos cocaleros, y la puesta en marcha de una política integral para la coca. Porque los problemas que se derivan del cultivo de la coca no son en primera instancia problemas de seguridad sino problemas económicos, sociales y de derechos humanos a los cuales hay que hacer frente.
Amira Armenta. Asistente de investigación especializada en Colombia, licenciada en Historia de América Latina por la Universidad de Jussieu (París).
Fuente: http://www.tni.org/es/article/per%C3%BA-un-nuevo-gobierno-una-nueva-pol%C3%ADtica-de-drogas