Traducido por Gorka Larrabeiti
El Tratado de Lisboa sustituye al tratado constitucional rechazado en 2005 en Francia y Holanda. Señala el abandono definitivo de la idea de un superestado europeo: eliminado el término «constitución», no hay ni bandera ni himno de la Unión Europea. No tendremos, por tanto, una constitución, sino que se reformarán los viejos tratados. En cuanto a los documentos de la UE, nada de leyes marco europeas: tan solo reglamentos y directivas. El ministro de Asuntos Exteriores europeo se volverá a llamar «alto representante» para la política exterior y la seguridad común.
En cuanto al mecanismo de voto, el Tratado de Lisboa introduce un sistema de voto de doble mayoría para el Consejo de la UE, organismo compuesto por los ministros de los estados miembros, lo que significa que para aprobar una decisión, hará falta al menos el 55% del número de los estados miembros representados por el 65% de la población de la Unión Europea. Este método entrará en vigor en 2014, y a todos los efectos en 2017. La Carta de derechos fundamentales no quedará integrada en el tratado, si bien se le hace referencia. Reino Unido ha obtenido una «cláusula de exclusión», de modo que podrá no aplicarla en su territorio con el fin de preservar la Common Law. La misma cláusula se le ha concedido a Polonia, aunque el primer ministro Donald Tusk, recién ganadas las elecciones, se comprometió a no hacer uso de esta salvedad.
Asimismo, Reino Unido y la República de Irlanda han obtenido un mecanismo (opt-out) para quedar exentos de decisiones por mayoría relativas a «justicia y asuntos internos».
Han quedado mejor delimitadas las competencias de la Unión Europea y de los estados miembros, al hacerse explícito el hecho de que el «trasvase de soberanía» puede acaecer tanto en un sentido (de los países a la UE, tal y como hasta ahora ha sucedido) como en el otro (de la UE hacia los países).
Se ha introducido la posibilidad de retirada de la UE (hasta hoy sólo cabía la adhesión) según condiciones por negociar entre todos los estados miembros. En el Tratado se habla de mayores posibilidades de actuación por parte de los parlamentos nacionales, los cuales dispondrán de ocho semanas (antes eran seis) para examinar las propuestas de ley europeas y expresar un juicio motivado acerca de los textos. Si al menos un tercio de los parlamentos nacionales recurriera un texto, éste volverá a ser examinado por la Comisión Europea.
Los irlandeses han protestado mucho por el compromiso explícito en el tratado que establece la ayuda y el respaldo militar a los estados miembros en caso de necesidad: según el frente del «no», supone una renuncia a la neutralidad.
No se ha de olvidar la parte relativa a la reducción del número de parlamentarios ni la reforma que ha de aligerar la pesada máquina de la institución europea. El Consejo europeo, compuesto por veintisiete representantes de los estados miembros, tendrá un nuevo presidente, que cambiará cada seis meses, elegido por los líderes europeos con un mandato renovable de dos años y medio. El número de eurodiputados se reducirá de 785 a 751; los diputados se repartirán según la población mientras que el escaño extra (el borrador preveía 750) se le asignará a Italia, que se quejaba de haber perdido escaños.
Para muchos en Europa, el nuevo tratado reproduce en un 96% la vieja constitución europea rechazada en 2005. Si los irlandeses votaran contra el tratado, el juego comenzaría de nuevo.
Fuente: http://www.ilmanifesto.it/Quotidiano-archivio/08-Giugno-2008/art42.html
Gorka Larrabeiti pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y la fuente.