Cada vez que aparece una nueva lista, quienes la integran, por lo menos en Honduras, son personajes de segunda, los que a veces llamamos “idiotas útiles”,
Hace pocos días, Estados Unidos dio a conocer una nueva Lista Engel, la que se considera un primer paso en una escalada contra corruptos centroamericanos, que luego, se supone, puede escalar hasta incluirlos en la ley Magnitsky o en algún otro “invento” para castigar a los corruptos extranjeros que no le son fieles a Washington o que ya no le sirven. No se puede expresar esto de otra forma, porque los listados parecen armados por Groucho Marx, ese genio del humor que, si pudiera leerlos, seguramente se desternillaría de la risa.
Es que, cada vez que aparece una nueva lista, quienes la integran, por lo menos en Honduras, son personajes de segunda, los que a veces llamamos “idiotas útiles”, aunque cumplen con su rol con entusiasmo digno de mejor causa y engrosan sus bolsillos.
Los “peces gordos”, aquellos que idearon, diseñaron y mandaron a ejecutar los más variados actos de corrupción, no aparecen jamás. Veamos con un par de ejemplos.
El “monje negro” del juanorlandismo
En Honduras, nadie ignora el rol que cumplieron a lo largo de varios años, personajes como el otrora muy temido -incluso por sus correligionarios- Ebal Jair Díaz Lupián, ministro de la Presidencia durante la última administración cachureca, mote con el que se conoce a los nacionalistas hondureños. Sin embargo, no aparece en la lista, ni en la actual ni en las anteriores.
Ebal Díaz fue algo así como “el monje negro” del gobierno de Juan Orlando Hernández, pero poco antes de la entrega del poder, cruzó en su automóvil a Nicaragua, sonriente ante los guardias fronterizos, para “perderse” desde entonces en algún lugar de la tierra de Sandino.
En junio, nos enteramos que el gobierno de Daniel Ortega le concedió la ciudadanía, al igual que lo hizo con su otrora colaborador, Ricardo Leonel Cardona López, otro “fugado”, ex secretario privado de la Presidencia. También se hizo de público conocimiento que Díaz gestionó y obtuvo la ciudadanía en 2020 y Cardona en 2021, pero ambas resoluciones recién se publicaron en La Gaceta en el pasado mes de junio.
Otros ausentes de relevancia
Ni hablar de personajes que ya estaban en la lista que la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCHI) tenía en carpeta antes de ser defenestrada por la imprudencia del peruano Juan Jiménez Mayor, cuando expresó públicamente que se investigaba a unos 60 diputados y ex diputados del Congreso Nacional, entre ellos a su presidente, Mauricio Oliva.
Desde la entrega del poder, Oliva vive en un auto exilio dorado en su propia casa, en la sureña Choluteca. Hasta el momento, nadie le ha reclamado nada en Honduras, como tampoco lo ha hecho Washington.
De acuerdo a las investigaciones, Oliva y el ahora ex presidente Hernández, habrían sido la cabeza de la estafa con los tristemente famosos hospitales móviles para luchar contra el Covid 19. Partes de esa cabeza serían también las ex ministras Rocío Tábora (Finanzas) y Alba Consuelo Flores (Salud). Ninguno está ni siquiera señalado en el caso por el que ya condenaron a Marco Bográn y Alex Moraes, quienes, por órdenes superiores, efectuaron la compra.
Los “libres” también caen
Se dice que la inclusión de tres personajes de relevancia para el gobierno de Xiomara Castro, es una llamada de atención, como para que la presidenta no se confíe demasiado con Washington. Se trata del reaparecido Enrique Alberto Flores Lanza, y de los diputados Rasel Antonio Tomé Flores y Edgardo Antonio Casaña Mejía.
Puede ser una señal, pues los gringos son hábiles para eso, en tanto la no inclusión de corruptos del más alto nivel del régimen juanorlandista, que no son mencionados ni por casualidad, podría ser otra señal.
Es que Washington no juega todas sus cartas en una misma mano. Quizás se guarda esos nombres de “notables” cachurecos para eventualidades futuras, en las cuales necesite de personajes sin escrúpulos para volver a tomar las riendas del poder político-institucional en Honduras, si la administración Castro no cumple como Washington quiere.
Una embajadora experta en omisiones
Tras varios años sin embajador estadounidense en Tegucigalpa, la nueva representante, Laura Dogu, en una entrevista por Radio América, dijo que “no queremos este tipo de personas en los Estados Unidos y si hay recursos que ellos han recibido de actividades de corrupción, no queremos ese tipo de dinero tampoco en los EEUU, es un sistema muy amplio”. Muy suelta de cuerpo, agregó que “aquí en Honduras, obviamente acabamos de tener una elección muy democrática, con muchas personas votando, pero también es un país sufriendo de corrupción”.
Ni por casualidad se refirió a los “grandes ausentes” en la nueva versión de la lista, algunos de los cuales hemos citado previamente. Por supuesto, al periodista ni se le ocurrió cometer la “infamia” de preguntar al respecto.
El Salvador y Guatemala
En los otros dos países del Triángulo Norte, zona que tiene el “privilegio” de ser objeto de la Lista Engels, las cosas son algo diferentes. Allí, para “domar” un poco a dos presidentes reacios o directamente rebeldes a las “indicaciones” de Washington, la lista incluye personajes muy cercanos a Bukele y Giammattei. A ellos no alcanza con darles una señal. La medida debe ser un buen golpe en las cercanías de las sillas presidenciales.
En 2021, con su primera versión, la Lista Engel había provocado remezones e inquietud en el entorno íntimo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. En julio de aquel año, Washington nombró a varios de los funcionarios de mayor confianza para el primer mandatario, entre ellos su jefa de gabinete, su ministro de trabajo, su secretario jurídico y su exministro de agricultura, quien es, además, su amigo de toda la vida.
En la nueva versión, aparecen, entre otros, varios cercanos a Bukele, como Ernesto Sanabria, secretario de prensa del presidente, y Christian Guevara, jefe de la bancada legislativa de Nuevas Ideas, el partido del oficialismo.
En 2021, las protestas de Nayib y los suyos se hicieron oír duramente, pero en esta ocasión, hubo más silencios que gritos.
En Guatemala, la Lista Engels “cae” en medio de un pleito del gobierno del presidente Alejandro Giammattei con Washington, por la defenestración impulsada desde la Casa de Gobierno, de jueces y fiscales que investigaron a políticos y empresarios cercanos al poder político-institucional y de un insistente cabildeo de esos sectores en la capital gringa, contra esas “molestas” indagaciones.
Empero, en esta versión de la lista, el Departamento de Estado se enfoca más en los socios privados del gobierno que en los funcionarios públicos.
De estos últimos, resalta la inclusión del abogado Rafael Curruchiche, a quien la fiscal general Consuelo Porras -incluida en una versión anterior de la lista- nombró jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en reemplazo de Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado en Washington por haber “tocado” de cerca al presidente Giammattei, en una investigación que implicaba a éste con un millonario soborno de empresarios mineros rusos.
Respecto a los tres países, el director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado de EEUU, Patrick Ventrell, aclaró que esta lista es una herramienta en la lucha contra la corrupción en la región, advirtiendo que, de continuar estas prácticas, el Gobierno de Estados Unidos podría pasar a emitir sanciones permanentes o financieras en contra de los consignados.
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