El carácter capitalista del sistema en el que vivimos nos ha llevado al acaparamiento sistemático de tierras y del suelo urbano que llevan adelante los monopolios inmobiliarios, agroindustriales, financieros o mineros.
Balance autocrítico
El surgimiento del Movimiento Sin Techo (MST), se dio el 12 de junio del 2011. Y no se dio como un rayo que cae del cielo súbitamente. Responde, por un lado, a un contexto de ascenso de la lucha de clases (que tuvo su cúspide con el Baguazo y la conquista del poder por el nacionalista Ollanta Humala), así como de la contradicción entre un gran boom del desarrollo inmobiliario haciendo ricos a unas cuantas empresas, y por otro, el déficit de vivienda para millones de jóvenes y trabajadores que viven hacinados o en alquileres precarios (y que durante la pandemia profundizaron su precariedad perdiendo el trabajo y el sueño de la casa propia).
Es en este escenario que un grupo de cuadros políticos de trayectoria de izquierda, vio en estas condiciones materiales objetivas la posibilidad de salir del repliegue estratégico y desarrollar un movimiento social de masas en la ciudad central del capitalismo peruano para pasar a la ofensiva estratégica.
Y no cabe duda que los Sin Techo se convirtieron en un factor potente de movilización popular de masas. Y esto gracias a que las grandes constructoras e inmobiliarias, como decimos líneas arriba, se enriquecieron con los terrenos del Estado, excluyendo al pueblo obrero hacinado e indigente del sueño de la vivienda propia. Por tanto, frente al aislamiento de la izquierda y el lento proceso de recomposición de la clase obrera, el MST, fue, en ese momento, “el único” movimiento social urbano en el Perú con perspectivas optimistas para luchar por el desarrollo de “una sociedad inclusiva, democrática, justa y socialista”. No obstante, una vez más, como en el pasado, algunos grupos reformistas de izquierda con una estrategia de colaboración de clases, por un lado, y la disputa por el control del movimiento por intereses personales, por otro, dividieron al MST en varias facciones.
Y en efecto, existieron tres grandes grupos. El MST-LC (Lima Callao), dirigido por Lino Espíritu, del cual surge una ruptura que daría lugar al MST-Metropolitano, dirigido por Rubén Pérez, y El MST-LN (Lima Norte), dirigido por José Pérez Juárez.
Cada grupo creció relativamente. El MST-LC llegó a los 5 mil aproximadamente. El MST-M alcanzó los 8 mil y el MST-LN los 5 mil afiliados. Aunque estas cifras son relativas, hay que señalar que, si el MST hubiera mantenido la unidad, el desarrollo de masas y acumulación de fuerzas, con una estrategia política/programática y revolucionaria real, hubiera sido mucho mayor conquistando los 100,000 afiliados en un año.
Las razones de la derrota coyuntural
Por un lado, el MST-LC, focalizado en el Callao, afirmó sus vínculos con la alcaldesa de Lima Susana Villarán a través de la regidora Inés Rodríguez, de Voz Socialista, Marissa Glave e Indira Huilca, ambas de FS. Y el MST Metropolitano, focalizado en Los Olivos, Lima Sur, también creó expectativas en Susana Villarán a la vez que desarrolló un trabajo técnico con la oenegé CENCA. Y el MST-LN, intentó un trabajo más ideológico bajo la consigna de “Ocupación de tierras” y sus vínculos con Raúl Wiener en el diario La Primera, los congresistas Javier Diez Canseco, Sergio Tejada, Juan Pari, y la Articulación de los Movimientos Sociales del ALBA (viajando algunos de sus cuadros a Sau Paulo a capacitarse con los Sin Tierra y Joao Pedro Stedile, así como a La Paz con el MST de Ángel Durand).
Las puyas internas llegaron a un conato de pelea física. “…El día 24 de setiembre mientras se desarrollaba la Asamblea Ampliada del Movimiento de los Sin Techo de Lima y Callao para reestructurar el cuadro del Consejo Directivo Metropolitano de acuerdo a los Estatutos, un grupo disidente irrumpió y pretendió desbaratar la Asamblea en su intento de dividir a nuestra organización…”, (Comunicado 1 del MST-Metropolitano, 02-10-12,http://www.sanmartindeporresenlinea.com/2012/10/se-dividio-el-mst-lima-y-callao.html).
Entonces, es en el marco de esta disputa por el aparato entre los co. Rubén (MST-Metropolitano) y Lino (MST-LC), que se generó tal desmoralización en las bases que cientos de afiliados optaron por retirarse. Aun así, de la masiva marcha del 12 de octubre del 2011 (convocada por la CGTP), cuando el MST estaba unido, se lograron movilizar 10 mil trabajadores, para pasar a la marcha por el No a la Revocatoria de Susana con más de 20,000 familias. Esto luego entró en crisis al sacar la alcaldesa “progre” la ordenanza municipal 1643 que no era más que otra forma capitalista de desenvolver la Vivienda Popular. Al final, se truncó la ordenanza, la alcaldesa no cedió el terreno de Ancón como había prometido, ni se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial. Es así como las diversas facciones del MST entraron en una crisis política hasta la actualidad.
Una estrategia de embellecimiento y expectativas en un nacionalismo tardío y un progresismo en bancarrota política/moral
Las demandas al entonces ministro de Vivienda, Rene Cornejo (luego envuelto en casos de corrupción), cayeron en saco roto. Los programas de vivienda (fondo Mi Vivienda, Mi Techo propio, etc.), son funcionales para la clase media y las empresas y no para las y los trabajadores de los sectores empobrecidos D y E.
Y si bien es verdad, la alcaldesa Villarán y las regidoras de FS Indira Huilca, Marisa Glave, etc. aprobaron (por la presión de las masas), una ordenanza sobre la Vivienda Popular a partir de un Plan piloto de 300 lotes, pues, todo fue un fuego artificial simbólico ya que el municipio nunca tuvo una visión “progresista” (menos revolucionaria), sobre el tema de la Vivienda Popular, al querer delegar la administración del programa en una Constructora-inmobiliaria “humanista” (capitalismo con rostro humano), cuando más bien lo que los Sin Techo necesitan es la intervención del Estado a través de, por un lado, crear un fondo de inversión que de crédito con tasas de interés baratos, y por otro, la falta de una propuesta técnica revolucionaria que pueda formalizar a los millones de emprendedores que no están en planillas a la vez que se aplique un impuesto a las sobreganancias de los grupos multimillonarios de poder inmobiliario.
Estas cuestiones junto a la creación de una empresa estatal que invierta en este sector tan rentable a través de un Plan de viviendas populares y ecológicas donde el MST participe con voz y voto en las decisiones de la directiva misma (como sucede en Argentina, Venezuela, Francia, etc.), generaría una rápida reactivación de la economía mermada por la pandemia y la “cuarentena a la carta” que ejecutaron Vizcarra y Sagasti.
En otras palabras, el error político de los MST respectivos estuvo en la estrategia de “embellecer” a los gobiernos de turno, perdiendo su propia personalidad social y política, es decir su independencia política frente a partidos oportunistas (un nacionalismo que gobernó para el poder inmobiliario y que cedió programas limitados como Becas 18 y un progresismo que se limitó a impulsar “cultura” en las calles), que ahora ya sabemos llegaron al poder para enriquecerse y administrar la crisis capitalista. Esto como una expresión del programa y de la extracción de clase de ambas agrupaciones como el PNP y FS, que como hoy observamos, son también responsables del derrumbe del régimen sanitario, social, económico y moral.
Por un programa de vivienda popular transformador
Según el especialista Álvaro Espinoza (GRADE), “el Estado es el mayor terrateniente del país. Desde hace décadas el Estado debió construir 140,000 viviendas anuales. Deja que la gente invada y ocupe informalmente para luego poner agua y esta no es la solución. La raíz del problema es construir más viviendas, para esto se necesita un suelo con zonificación correcta, matriz de agua, entre otros requisitos, lo que es tarea del Estado”, (Canal N, 20/04/21).
El carácter capitalista del sistema en el que vivimos nos ha llevado al acaparamiento sistemático de tierras y del suelo urbano que llevan adelante los monopolios inmobiliarios, agroindustriales, financieros o mineros -todos ellos, parte de la base social de los gobiernos de Toledo, Alan, Ollanta, PPK/Vizcarra y su sucesor Sagasti.
La contracara de los superbeneficios de estos pulpos es el encarecimiento insostenible del suelo o los alquileres, otra forma de confiscación del salario de las familias obreras.
No hay una investigación seria sobre el crecimiento vegetativo de la población ni del déficit de vivienda. Sin embargo, de acuerdo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2019), “hay un déficit de 1´800,000 viviendas, entre familias que no cuentan con una o habitan una vivienda precaria… en Lima Metropolitana, que comprende 43 distritos, el déficit habitacional alcanzó 612,464 unidades de viviendas al año 2,016. Del total del déficit habitacional señalado, 251,942 corresponde al déficit cuantitativo que, en términos de porcentaje, representa el 41% y 360,522 unidades habitacionales corresponden al déficit cualitativo que, en términos porcentuales, equivale al 59%…”.
Luego, continúa, “Al respecto, el distrito de San Juan de Lurigancho lidera el déficit habitacional con el 15.60% que corresponde a 95.314 unidades habitacionales. Le sigue el distrito de Ate con el 8.5% que corresponde a 51,816 unidades de vivienda, San Martín de Porras con el 7.2% que significa 44,308 viviendas, Comas con el 7% que representa 42,976 unidades de vivienda, Villa María del Triunfo con el 6.6% que corresponde a 40168 unidades, Villa el Salvador con el 6.2% que significa 37,286 Unidades de vivienda, entre otros”.
A esta cuestión hay que agregar las mafias de tráfico de terrenos para el cual el Estado ha creado un comando policial de investigaciones especiales en el caso. Es así como se comprende el desmantelamiento y prisión de varias de estas mafias a nivel nacional. Pero esto con el fin no de solucionar el problema de los pobres sino al servicio de las grandes constructoras inmobiliarias. Esta cuestión es la que explica porque hasta ahora carecemos de una Ley de Ordenamiento Territorial real y/o Banco de Tierras reglamentado.
Del otro lado, el copamiento del suelo y la construcción con carácter especulativo y sin control alguno, ha desatado la mayor anarquía y saturación de los servicios en las grandes ciudades. La población trabajadora ha pagado las consecuencias con casi 200,000 muertos por covid-19 (producto del hacinamiento, falta de agua potable, etc.), inundaciones frecuentes, cortes de servicios y otros desastres.
Por estas razones, planteamos una propuesta técnica de empadronamiento de lxs trabajadores informales a partir de un Registro Especial. Además, un impuesto a las sobreganancias de las poderosas empresas inmobiliarias, un régimen de impuestos progresivos sobre la propiedad del suelo (a mayor propiedad, mayor impuesto); la disposición de áreas de las zonas urbanas (y tierras privadas ociosas), a costo cero para planes de vivienda popular, espacios verdes públicos y culturales; por un régimen de créditos a tasa cero (o barato) para la vivienda y un plan enérgico de urbanización y de obras públicas para los asentamientos humanos y barrios populares. Para ello, planteamos una Empresa Estatal constructora, y una banca nacional única, bajo un directorio electo de trabajadores.
Finalmente, estamos por una planificación de las ciudades debatida y dirigida por profesionales urbanistas, representantes de las organizaciones vecinales y populares.
César Zelada. Exasesor del MST-LN (2011-2014) y coordinador por la refundación del Movimiento de Trabajadores Sin Techo-Dignidad.