Panamá es un país pequeño en extensión y en habitantes. Apenas superamos los 3 millones de personas, de las cuales las dos terceras partes están cubiertas por la Seguridad Social, en un sistema de solidaridad. No obstante a ello, desde la década de los ochenta, los sucesivos gobiernos han intentando privatizar los fondos de pensiones, […]
Panamá es un país pequeño en extensión y en habitantes. Apenas superamos los 3 millones de personas, de las cuales las dos terceras partes están cubiertas por la Seguridad Social, en un sistema de solidaridad. No obstante a ello, desde la década de los ochenta, los sucesivos gobiernos han intentando privatizar los fondos de pensiones, pero no lo han logrado gracias a la firme oposición de los gremios médicos y de trabajadores. En los últimos años de la década de los noventa, cuando el actual Presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, era Director General de la Caja de Seguro Social, CSS, intentó crear una empresa financiera dirigida por él, para administrar los fondos de pensiones, pero el rechazo fue de tal magnitud que fue obligado a renunciar. Ahora, que está en la Presidencia, retoma sus objetivos, con el interés igual de incluir la privatización de la atención a la enfermedad que brinda la CSS y los hospitales del Estados. Ya la Asamblea Legislativa, controlada por él con la compra de diputados con fondos públicos, aprobó la ley de privatizaciones. El ideólogo de la misma es el ingeniero Guillermo Sáez-Llorens, actual Director General de la CSS.
En el mes de agosto de 2010 apareció misteriosamente un brote de una bacteria, denominada Klebsiella Pneumoniae Carbapenemases (KPC), en los salones de operaciones y en la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario Metropolitano, el principal hospital de la CSS en la República de Panamá. Esta bacteria fue descubierta hace poco más de 10 años en hospitales de los Estados Unidos y se ha diseminado a varios países. Se caracteriza por ser altamente resistente a los antibióticos y muy virulenta. Las autoridades no han podido explicar el origen de esta bacteria en el Complejo Hospitalario, por lo que no se descarta que haya sido a través de los insumos médicos quirúrgicos que compra la institución. A la fecha, el Ministerio Público, controlado por el Presidente, no ha podido explicar la procedencia de tales insumos, ni si los mismos son reciclados, esto es, de segunda mano.
Cuando apareció el brote de la KPC en el Complejo Hospitalario, el Director General lo ocultó y no tomó ninguna medida para evitar su proliferación. En su defecto, envió un memorándum al personal médico y administrativo prohibiéndoles denunciar cualquier irregularidad dentro de la institución. La doctora María Guadalupe Reyes tuvo la valentía de denunciar tal irregularidad y fue destituida. En diciembre de 2010 fue notificado oficialmente por las autoridades de salud, de la presencia de esa bacteria, que ya había matado a varias decenas de pacientes. El director continuó ocultando la información y tampoco tomó ninguna medida. Solo cuando la ciudadanía se enteró de la muerte de más de 40 pacientes a través de los medios de comunicación, el Director General da inicio a una serie de medidas que riñen con los más elementales conceptos de epidemiología: traslada a pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos hacia las otras salas y a pacientes del Complejo Hospitalario hacia otro hospital público. Antes de iniciar ese genocidio, yo, un médico internista con más de 40 años de experiencia, le advertí públicamente y en carta enviada a su despacho, que si efectuaba esos traslados, la KPC se iba a diseminar hacia las otras salas del Complejo y hacia otros lugares del país. No se me hizo caso y en efecto, la KPC está diseminada por el hospital y ya se han detectado casos en otros centros hospitalarios. La única recomendación que se me atendió fue el cierre de los salones de operaciones, los que han sido reabiertos recientemente, con el alto riesgo de que la bacteria continúe proliferando.
La evolución de la KPC en Panamá se ha convertido en un secreto de Estado. Las autoridades de la CSS se niegan a hablar de ello y cuando lo hacen minimizan los casos infectados y las víctimas. Ellos hablan de 72 muertes; el Ministerio Publico de 81 y los datos recogidos por los médicos y entregados a mí, de 171. Tomando en cuenta las cifras oficiales, se trata de la tasa de mortalidad por la KPC más alta entre todos los hospitales del mundo.
El 8 de agosto de 2011 presenté ante el Ministerio Publico una denuncia por Homicidio Culposo contra el Director General de la CSS. A esta denuncia han seguido varias querellas por el mismo delito presentado por familiares de las víctimas. En el día de ayer le envié una nota a Santiago Cantón, relator de los Derechos Humanos de la OEA, en la que acusaba a Guillermo Sáez-Llorens de Homicidio Doloso Colectivo con Premeditación y Alevosía.
Ahora bien, qué se esconde detrás de este genocidio? La CSS está construyendo una Ciudad Hospitalaria que va a pasar a manos privadas, a empresas en las que el Presidente de la República, el ingeniero Sáez-Llorens y otros socios nacionales y extranjeros controlan las acciones. La idea central consiste en considerar al actual Complejo Hospitalario como un centro enfermo y obsoleto, es decir, desprestigiarlo a través de una intensa campaña mediática, para sensibilizar a la población asegurada de la necesidad de esa ciudad hospitalaria y que la misma pase a manos privadas.
Mauro Zúñiga Araúz es Doctor en Medicina por la Universidad Nacional de Panamá. Fue profesor y en la actualidad es investigador de esa misma universidad.
Blog del autor: http://www.maurozunigaarauz.com/
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