La 28ª Marcha Campesina reunió nuevamente, tras varios años, a las principales organizaciones campesinas del país en una convocatoria unitaria, y con la masiva presencia de campesinos e indígenas levantó temporalmente la Lucha Prolongada, concertando futuras movilizaciones por un Programa de Emergencia Nacional.
Un día antes, la policía atacó a los camioneros que, con apoyo de manifestantes autoconvocados, bloquearon las carreteras en protesta por el excesivo aumento del precio de los combustibles. Tres mil camiones pusieron el cerco a Asunción, dejando pasar solo a los más de 200 con campesinos e indígenas de todas las organizaciones sociales.
En un contexto de avance de la criminalización de la lucha por el acceso a la tierra, las organizaciones se desplegaron en la capital del país y en puntos centrales de los departamentos, como una única forma de denunciar las persecuciones y los desalojos violentos que viven las comunidades campesinas e indígenas, que dejan en total estado de vulnerabilidad a las familias, negándoles los derechos a una vivienda digna, a la alimentación, al agua y saneamientos; que el mismo Estado debiera garantizarles.
A esta situación se sumó la sequía prolongada, que viene afectando al país desde ace tres años, así también las granizadas y algunas lluvias intensas que destruyeron lo producido durante el 2021. Las familias campesinas e indígenas, perdieron casi toda la producción de autoconsumo que es la principal fuente de subsistencia, por ende, tampoco tendrían producción para renta. Hasta la fecha el gobierno de Mario Abdo, no ha planteado políticas públicas que puedan ayudar a las familias a sobrellevar la crisis.
Como cada año desde hace dos décadas, la voz de lucha y de protesta de miles de campesinas y campesinos retumbó por toda la capital. Las principales reivindicaciones son la derogación de la Ley Zavala-Riera de criminalización de la lucha por la tierra, el juicio a la fiscal general del Estado Sandra Quiñónez, reclamo por políticas públicas para la producción agrícola y una tesitura patriótica y soberana en las negociaciones de la binacional hidroeléctrica de Itaipú.
La fiscala general Sandra Quiñonez, que está acusada por favorecer a ciertos sectores de poder, mafiosos y criminales ligados a la narcopolítica en el país. La funcionaria ataca a los grupos más vulnerables, con imputaciones y encarcelamiento. También es señalada como la responsable de dar autorización para la modificación del código penal.
La movilización denunció las injusticias que se padecen en el campo, como los desalojos, que solo en el año 2021 afectaron a más de cinco mil campesinos, lo que se profundizó con la llamada Ley de Criminalización bajo la cual más de 50 dirigentes campesinos e indígenas, que luchan por la tierra fueron, imputados en los últimos meses exponiéndose a más de 10 años de prisión.
La falta de una política de apoyo y promoción de la Agricultura Campesina fue otra de las denuncias de los manifestantes. Tras tres años de duras sequías la producción campesina, responsable de entre el 15 y el 48% de lo que consumen las familias, se vio muy afectada por la crisis climática. Tras la multitudinaria marcha, el Senado aprobó una propuesta de Ley que declara en emergencia por sequía a todo el territorio nacional.
Teodolina Villalba, Secretaria General de la Federación Nacional Campesina, encargada del discurso de cierre de la marcha en Plaza Oleary, destacó los sacrificios, la valentía y el patriotismo de quienes participaron de las movilizaciones y resaltó el rol de todas las organizaciones por apostar a la construcción de la unidad.
Aseguró que el problema de la tierra es complejo y que hay nula voluntad política para que se cumplan los reclamos que solicitan. “Esta ley (Zavala-Riera) respalda a los latifundistas para que se hagan injusticias. A comunidades enteras se imputa y se encarcela. Somos criminales con órdenes de captura, directamente”, dijo.
Villalba vaticinó que si los poderes políticos no toman las medidas que corresponden para generar más equidad, el problema de la tierra en nuestro país “va a seguir creciendo” y que la gente “va a ir tomando más y más la tierra”.
La dirigente recalcó asimismo la falta de salud, educación y empleo que afectan a la población y señaló que las mujeres han sido las más golpeadas por la crisis y la pandemia: «Miles de mujeres quedaron sin trabajo, afectadas por la insalubridad, la violencia y el feminicidio», indicó.
Denunció el acelerado proceso de extranjerización de la tierra que se vive en el país y resaltó que el modelo sojero «destruye el medio ambiente con la deforestación y el monocultivo, el uso masivo de agrotóxicos, canalización de humedales y ríos, entre otros, cuyas consecuencias fueron un calor insoportable que sufrimos y las sequías».
Asimismo señaló las prácticas «corruptas y mafiosas» que se dan en los tres poderes del Estado, además de cuestionar la criminalización y el asistencialismo que son las únicas políticas que se ejecutan en el campo, tras hacer un llamado a no votar a los responsables de esta situación en las próximas elecciones y a elegir verdaderos representantes del pueblo.
Mientras, el secretario de la Federación Nacional Campesina (FNC), Marcial Gómez, exigó «una política pública del Estado» para salir del problema de la tierra. Pidió el cese de los desalojos de campesinos e indígenas y que se derogue una ley de septiembre de 2021 que castiga con penas de hasta diez años de prisión a los invasores de propiedades privadas, norma que es interpretada por las organizaciones sociales como un medio para criminalizar la lucha por el derecho a la tierra.
Consultado sobre la protesta campesina e indígena, el arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez, señaló que «hay reivindicaciones históricas que habría que definitivamente atender».
Celso Guanipa Castro. Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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