El caso Odebrecht fue catalogado por muchos medios como el escándalo del siglo, que ha alcanzado a presidentes y altos funcionarios en varios países de América Latina.
La Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas (1) destapó la implicancia de Uruguay en el esquema de corrupción de la trama de corrupción de la trasnacional brasileña Odebrecht. El caso Odebrecht fue catalogado por muchos medios como el escándalo del siglo, que ha alcanzado a presidentes y altos funcionarios en varios países de América Latina. Incluso uno de ellos se suicidó.
Odebrecht es una empresa de la construcción con orígenes en Bahía, Brasil, fundada en 1944. Tiene operaciones en 14 países, presencia en otros 13 y actividad comercial en más de 100 naciones.
El caso Odebrecht se destapó tras una investigación de corrupción de Petrobras en Brasil, llamada Lava Jato, que desembocó en la detención de Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa que lleva su nombre, en la que se descubrió que había un “departamento de sobornos” desde donde se dieron recursos a funcionarios en varios países a cambio de contratos para obras públicas.
El escándalo se destapó a fines de 2016, cuando Odebrecht se declaró culpable ante la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, de haber pagado sobornos a funcionarios de al menos 12 países. La constructora aceptó pagar multas por unos 3,500 millones de dólares por su sistema de sobornos que incluyó a una docena de países latinoamericanos, así como también Mozambique y Angola.
Las confesiones de Odebrecht fueron verdades a medias: los montos de dinero ilegal duplicaron o triplicaron lo que originalmente la empresa admitió en cada uno de los países.
Esel mismo caso que llevó al exprsidente Lula da Silva a prisión por el famoso duplex y terminó siendo todo una farsa. También estuvo involucrado MIchel Temer, En Perú, Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar a la presidencia, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan Garcia que pidió asilo político en Uruguay, se lo negaron y terminó suicidándose.
La pieza Uruguay
Un consorcio de medios sudamericanos aseguran en un informe que “ningún uruguayo afrontó consecuencias” en la Justicia local, y que se rechazaron pedidos de colaboración y extradición de otros países que sí llevaron adelante procesos judiciales.
Cierto es que en Uruguay no se construyeron grandes obras de infraestructura por parte de la empresa Odebrecht. Por eso es que fue la fachada ideal para apoyar un sistema de lavado de dinero que benefició a muchos de los políticos y empresarios involucrados en la operativa corrupta de Odebrecht.
Veamos los involucrados:
Andrés Norberto Sanguinetti Barrosmás conocido como “Betingo” Sanguinetti, medio hermano del dos veces presidente de la República por el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Formó parte directiva del Club Atlético Peñarol, y trabajó como gestor de cuentas en la sede montevideana de la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde llegó a ocupar una de las vicepresidencias.
Este último empleo fue el que lo llevó a estar en 2018 en una cárcel de aquel pequeño principado europeo, donde fue procesado por el delito de lavado de activos por la jueza Canòlich Mingorance.
Logró que el ex directivo de Odebrecht, Luis Eduardo Da Rocha Soares, se convirtiera en cliente del banco y utilizara la sucursal uruguaya como vehículo para el lavado de cientos de millones de dólares entre los años 2006 y 2015.
“Andrés Sanguinetti es un uruguayo, amigo mío, conocido de mi familia. Él trabajó en el (banco suizo) PKB también en Uruguay y trabajó en el Espirito Santo Bank de Portugal. Fue para la Banca Privada de Andorra, me buscó, y comenzamos a tener una relación. Fui a Andorra y conocí a la cúpula del banco y empezamos a trabajar”, explicó en una de sus declaraciones ante la Justicia de Brasil Da Rocha Soares.
Da Rocha Soares en una de sus confesiones nombró al abogado hispano-brasileño Rodrigo Tacla Durán como uno de los operadores de Odebrecht. Justamente Tacla Duran confirmó a “Betingo” dentro de la trama.
Convergence Capital Partners, Nailand Financiering y Lion’s Soul Corporation, tres empresas holandesas y la panameña Vansley International fueron las cuatro firmas nombradas por Tacla Duran. Según dijo, transfirieron dinero a la firma Klienfeld Services Ltd. (una empresa creada por Odebrecht en Antigua y Barbuda) utilizando los servicios de BPA.
Detrás de esas denominaciones aparecían los beneficiarios de las cuentas bancarias de esas empresas: los uruguayos Juan Carlos González Lerena y Gonzalo Fernández Ameglio, socios del estudio BGL Asesores Legales y Financieros, con sede central en Montevideo.
Gonzalo Fernández Ameglio estuvo involucrado en el “Caso Zaplana”: el uruguayo habría remitido el dinero a España entre 2011 y 2018. Como supuesto testaferro, Fernando Belhot afirmó haber entregado a Eduardo Zaplana, un exministro conservador español acusado de corrupción, un total de 2,3 millones de euros entre 2011 y 2018.
Zaplana, del conservador Partido Popular (PP), fue presidente de la región de Valencia (este) entre 1993 y 2002, y luego ministro y portavoz del Gobierno entre 2003 y 2004, bajo la presidencia de José María Aznar.
Según Tacla Durán, fue Marcelo Odebrecht quien contrató directamente los servicios de Belhot Fierro y González Lerena, a través de la sucursal uruguaya de Mossack & Fonseca. También vinculó a los ex socios de estos, Washington Fernando Belhot Fierro (involucrado en el Caso Zaplana) y Claudio Marcelo Chakiyian Vázquez.
La investigación realizada por el portal Sudestada de Uruguay, detalla en profunidad el esquema de lavado. Pero allí aparece otro nombre que parece que la justicia solo le pasa cerca porque está vinculada con un alto funcionaria del actual gobierno: Maya Cikurel, pareja del Ministro de Educación y Cultura Pablo Da Silveira.
Cikurel funge como la encargada de manejar la cuenta de Arcadex Corp., una offshore con sede en Belice que aparece en los dos primeros niveles del esquema de lavado de la constructora brasileña con transferencias por decenas de millones de dólares.
Panamá pidió su extradición en 2018 por su documentada participación en el pago de sobornos a la familia presidencial Martinelli. Sin embargo, también consiguió que los tribunales uruguayos rechazaran el pedido. En 2020 llegó a estar unos días detenida pero la justicia uruguaya volvió a rechazar el pedido de extradición.
Según el fiscal Ricardo Lackner, “se trata de un asunto de cooperación penal internacional que involucra la relación entre estados acordada por un tratado bilateral”, que no fue cumplido por Uruguay.
Si un apellido no podía faltar en el esquema de lavado de activos era De Posadas. El estudio encabezado por el ex ministro de economía en el gobierno de Lacalle Herrera en los 90, Ignacio De Posadas, está involucrado en esta causa. El estudio llamado Posadas, Posadas y Vecino (PPV) aparece como asesor y administrador de bienes obtenidos gracias a la corrupción.
El estudio asesoró a la trama Odebrecht para crear empresas, tanto en Panamá como Uruguay e Islas Vírgenes en un esquema de muñecas rusas, sociedades fantasmas que aparecían y desaparecían como los hongos. Si estos muchachos pusieran toda esa maquinaria e ingenio para el bien común, hace rato que el hambre en el mundo no existía.
Eduardo Cunha, impulsor del impeachment contra Dilma Roussef, tiene una condena de 15 años y meses de prisión por haber desviado fondos. La fiscalía había solicitado 386 años de prisión por todos los delitos cometidos. Cunha también fue asesorado por el estudio Posadas, Posadas y Vecino.
«Nosotros no tenemos nada que ver, y yo menos», dijo Ignacio De Posadas. En 2008, De Posadas en persona era director de Merril Lynch, Pierce Fenner & Smith Uruguay S.A., la sucursal uruguaya del banco que le abrió la cuenta a Cunha en Suiza.
Al igual que en todos los casos anteriores, la Justicia uruguaya no investigó la participación del estudio PPV en la corrupción que financió Odebrecht, aunque la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) abrió una investigación sobre esta y otras firmas. Al final, sin embargo, la pesquisa se demoró tanto que cambió el gobierno y asumió un director al frente de la Senaclaft, Jorge Chediak, quien no dudó en archivar el caso.
Chediak fue miembro de la Suprema Corte de Justicia y su nombre sonó para ser candidato a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor gobernante. ¿Usted no sospecharía?
Uruguay puso a disposición su opaco sistema de control del flujo de capitales, lo cual permitió que pasaran cientos de millones de dólares sin que saltaran las alarmas. Y aún después de que muchos países descubrieran que el dinero sucio había tenido una estación de lavado en Montevideo, el país también funcionó como obstáculo para profundizar investigaciones, identificar culpables y atribuir responsabilidades penales.
Si a eso le sumamos que la Ley de Urgente Consideración, aprobada por el gobierno nolibral de Luis Lacalle, deja los controles de lavado de activos de forma aún más laxa, En 29021 hubo una sola denuncia sobre lavado de activos. Si, una sola. A su vez aumentaron 18% las operaciones sospechosas de lavado de activos.
Agregarle la complicidad de los grandes medios que aún no se hicieron eco de esta noticia, como tampoco de las denuncias realizadas en años anteriores, más la protección de la justicia; nos da como resultado un cóctel de impunidad de los poderosos de siempre, de pura cepa uruguaya.
Nota
1. La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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