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Escenas de sangre y tortura en los hogares del Inisa

Violencia de Estado en Uruguay

Fuentes: El País (Montevideo)

Pegarle hasta que sangre, pisarle la cabeza, sacarlo desnudo al patio con lluvia y obligarle a hacer lagartijas, enseñarle quién manda. Desde 2014 el Inisa abrió 52 expedientes por maltrato de funcionarios. El sistema tiene un ausentismo del 11% y padece la falta de formación de sus trabajadores. «Vengo a denunciar haber visto a mi […]

Pegarle hasta que sangre, pisarle la cabeza, sacarlo desnudo al patio con lluvia y obligarle a hacer lagartijas, enseñarle quién manda. Desde 2014 el Inisa abrió 52 expedientes por maltrato de funcionarios. El sistema tiene un ausentismo del 11% y padece la falta de formación de sus trabajadores.

«Vengo a denunciar haber visto a mi hijo golpeado, con el codo vendado y la nariz inflamada. Me llamaron del Centro Ser y me dijeron que a mi hijo le iban a hacer un tratamiento en la mano. Pensé que como él tiene un problema en el tendón del dedo anular izquierdo, se referían a eso. Pero después me volvieron a llamar para informarme que lo habían trasladado a otro hogar, al Ceprili, y cuando llegué me contaron que le habían hecho una cirugía ambulatoria en el Pasteur. Pido y exijo que mi hijo permanezca donde está, que de ninguna manera vuelva al Ser, ya que temo por una serie de amenazas que ha recibido. No quiero que le sigan pegando».

Roxana estaba en un ataque de nervios. Sabía que su hijo no era un santo, de hecho hacía varias semanas que no lo iba a visitar, quería darle una lección pero no iba a permitir que le pegasen. Había ido a parar a otro hogar gracias a que en el Pasteur ordenaron que fuera trasladado a un centro en el que se pudiera recuperar y en donde le dieran la medicación que necesitaba cada seis horas -en el Ser no había enfermería en horario de la noche. Quizá de esa forma hayan intentado salvarlo.

La denuncia de Roxana, hecha en febrero de 2014, destapó la caja de Pandora que develó una serie de maltratos en el Ser, conocido por ser uno de los hogares más bravos del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Es un expediente de más de 1.300 páginas y que concluye a fines de 2017 en sanciones a una decena de funcionarios, entre ellos dos jerarcas que fueron destituidos por ineptitud.

La golpiza al hijo de Roxana fue un día en que este había pedido que le dieran la ropa que su familia le había llevado. Como respuesta recibió tan solo un par de championes rotos. Se empezó a quejar a los gritos y a golpear las rejas. Uno de los funcionarios fue a ver qué pasaba. Según este, el joven lo invitó a pelear, lo incitó dándole un cachetazo y luego, cuando iba a recibir un golpe de puño, decidió defenderse. El prisionero, sin embargo, contó que la situación se dio al revés: que el trabajador -que luego fue uno de los destituidos- pegó primero. Otros funcionarios apoyaron la versión del recluso, que quedó con una herida en el brazo, que luego se convirtió en una infección por la que no hubo más remedio que llevarlo primero a la emergencia del Ser, y de ahí trasladarlo hacia el Pasteur.

La investigación que se abrió tras la denuncia de Roxana desnudó el horror que se vive tras esas rejas.

Un abuelo declaró que a sus dos nietos los habían maltratado con «cachiporras» y «picanas eléctricas». Una madre dijo que a su hijo y a otros jóvenes «los sacaron de las celdas en calzoncillos, les pegaron, les hicieron picana, los insultaron y les sacaron fotos con celulares»; también «les agarraron los televisores, los tiraron, los rompieron» al tiempo que «la directora les decía que ella iba a ser su madre dentro del centro y que les iba hacer lamber el piso» -esta es la otra funcionaria que terminó destituida el año pasado. Tres familias hicieron una denuncia en conjunto diciendo que sus hijos «estuvieron dos horas desnudos haciendo lagartijas un día de lluvia en el patio», que «les pegaban estando esposados» y que «los días de visita los presionaban para que no le contaran nada a nadie». Ante tanto horror, el que denunció que a su hijo lo habían obligado a limpiar el piso con un cepillo de dientes fue escuchado sin atisbo de asombro.

De 2014 a 2017 se abrieron 52 denuncias por malos tratos en los hogares del Inisa, según la respuesta a un pedido de acceso a la información pública. También se abrieron cinco expedientes por situaciones en las que, presuntamente, los trabajadores facilitaron la fuga de los reclusos. En este período fueron solo cinco los funcionarios destituidos: tres en 2015 y dos -los jerarcas del Ser- en 2017.

Los trabajadores del Inisa tienen un alto porcentaje de ausentismo -por encima del 10%- y la gran mayoría -casi el 90%- no tiene el liceo terminado.

En los expedientes de los casos de maltrato hay nombres que se repiten. También hay una lucha interna entre diferentes grupos, que se evidencia en denuncias cruzadas (algunas ciertas). Son más de 3.000 hojas de piñas, patadas, torturas con picanas, puñaladas, corrupción, violación y muerte.

Porro y celulares, vendo

«Cuando soltaron a uno de los menores no había ningún familiar que lo pudiera venir a buscar a Montevideo. Él vivía en Young, y yo me encargué de hacer el traslado. En el camino me contó que había un coordinador que les vendía celulares por $ 1.000 y marihuana por $ 500 a los internos».

Mariana es psicóloga y ya hacía ocho años que trabajaba en el Inisa cuando hizo esta denuncia. Al funcionario lo apodaban «el Chino», y tenía un legajo más limpio que el agua; pero, dentro del Inisa, esto a veces no quiere decir mucho.

La locación de la historia era el centro Cemec, ubicado sobre General Flores. Mariana habló primero con el director, que cajoneó el caso; luego decidió golpear una puerta de arriba, la del área jurídica del sistema de reclusión penal para adolescentes. Así fue que desfilaron para declarar directores, cuidadores y menores.

«No tengo conocimientos, el Chino era más bueno que el pan, tremendo tarado, a mí no me hacía nada porque le partía la cabeza. Al que lo vi maltratar es a Gerardo, ese en el (centro) Ser les pegaba a los gurises, se ponía un guante para pegar, una vez nos sacó al patio a todos desnudos… todavía trabaja acá», dijo uno.

«Piolaso el Chino, le echaron la culpa de que había entrado un fono, yo no sé si fue él… lo que sí sé es que en las licencias cada uno que salía se volvía con algo», sostuvo otro.

«Hay una cuidadora, María, que nos puso puntas en la piezas, nos pasaba porro y nos contaba cuándo se iban a hacer las requisas. Esa era corrupta, después le dijeron que le iban a dar un cargo y se dio vuelta», señaló un tercer testigo.

El director dijo que no había ampliado la investigación tras las denuncias de Mariana porque el joven que le había contado lo que sucedía estaba loco. Según la historia clínica, este tenía «graves problemas psíquicos», consumía sustancias psicoactivas desde los nueve años y había intentado suicidarse tres veces, a los 8, a los 10 y a los 16. También se señalaba que refería «constantes deseos de cortarse», era «irritable», «manipulador», parecía «psicópata». Al momento de salir del centro ya había estado en otros tres hogares del Inisa: Piedras, Ariel y Cimarrones.

La investigación no pudo probar si era verdad o no lo de la marihuana y los celulares. Al director se lo observó por no haber elevado un informe tras la denuncia de Mariana. El subdirector, que debió ir a declarar, tiempo después estuvo tres meses privado de libertad por una golpiza a jóvenes en el hogar Ceprili, la cual se hizo pública a través de un video que fue difundido por varios medios. Ya está libre, y aunque ya no trabaja en centros de reclusión, sigue siendo funcionario del INAU.

Piñas en la comisaría

«Me metieron en una pieza. Era como un baño abandonado. Me sacaron el gorro, lo tiraron al piso. Me pusieron las esposas por detrás y me dejaron ahí como media hora. Después entró un policía y me dijo: ¿Sabés por qué estás acá? Porque estás acusado de una rapiña, tenemos fotos y filmación… dale que tus compañeros ya me lo contaron. No mientas. Yo le dije que eso no era verdad. Me dijo que le estaba tomando el pelo, que más de 30 personas me habían reconocido, que un amigo mío había entrado con el arma, que yo había agarrado la caja y que nos habíamos dado a la fuga en un Chevrolet gris. Entraron dos más, empezaron a insistir. Después entró otro a pegarme. Cuando me iba a dar una piña en la cara otro policía le dijo que yo tenía este hueso fracturado (se señala el pómulo derecho). Después me torció la cara y me pegó dos piñas en la mandíbula del otro lado. Se fue, volvió a los 15 minutos, me agarró de las orejas, apoyó su frente sobre la mía y me preguntó: ¿Vos me enfrentarías si me cruzaras en la calle? Le dije que no y me pegó otras dos piñas en la boca del estómago. Antes de volver al hogar me llevaron a una clínica, un médico me apoyó uno de esos cosos para escuchar el corazón, y dijo que estaba bien».

Este joven tenía 16 años cuando fue llamado a declarar por la golpiza que le propinaron a él y a otros dos internos, que fueron llevados sin el acompañamiento de ningún funcionario del Inisa -como lo establece el protocolo- desde el Centro CIT a la Dirección de Investigaciones de Ciudad de la Costa, por solicitud de la Jefatura de Policía de Canelones. «Yo estaba en el hogar pero no me acuerdo qué estaba haciendo que no vi cuando se fueron», declaró el subdirector cuando fue citado por la Justicia. La directora, en tanto, dijo que estaba haciendo una tarea administrativa en el momento en que se los llevaron.

Cuando volvieron, todos sin haber reconocido ningún tipo de delito, contaron que habían sido golpeados. Otro de los jóvenes dijo: «Me pegaron un cachetazo en la oreja, una piña en el cachete derecho y un rodillazo en los testículos. Me decían que me tenía que hacer cargo de una rapiña, y yo no me iba a hacer cargo de una rapiña que no hice». El tercero señaló: «Me pusieron contra la pared, me dijeron que hablara, que me hiciera autor de la rapiña si no me iban a dar cuatro o cinco años y me iban a sentar (decía y se señalaba la entrepierna). También me dijo basura».

«Lo tomamos como una cosa más», soltó la directora cuando la llamaron a declarar. Ella y el subdirector fueron sancionados con 15 días de suspensión.

Ausentismo del 13,5%; tan solo el 11,5% terminó el liceo

¿Cómo son los trabajadores que tienen la responsabilidad de cuidar y luego reinsertar a los menores infractores en la sociedad? El Inisa tiene 807 funcionarios y de 760 cuenta con datos sobre su formación. Según lo respondido a El País en un pedido de acceso a la información, solo el 11,5% terminó el liceo. Hay 73 trabajadores, casi el 10%, que solo terminaron la primaria, y tres tienen la primaria incompleta. Por otro lado, en cuanto a las certificaciones, según los datos recabados desde 2015 a 2017, el Inisa tiene un promedio de más de 100 trabajadores certificados por día. El ausentismo es del 13,5%. En total en 2016 fueron 10.195 días acumulados de trabajo perdidos por los funcionarios. En 2017, hasta noviembre, iban 9.105. Esto incluye solo a aquellos que se certificaron por estrés. El Inisa ha tenido casos de funcionarios que se certificaron, pero se descubrió que en realidad estaban trabajando en otro lado. El informe establece que en septiembre de 2016 inspectores descubrieron a un funcionario desempeñando tareas en una feria vecinal. Se le hizo un sumario con retención de la mitad de su sueldo. El año pasado, en tanto, el programa Así nos va, de radio Carve, dio a conocer que un subdirector del Inisa se desempeñaba como chofer de Uber en horario de trabajo.

Yo no voy a cocinar

«Un día, estando yo en la cocina, veo a un funcionario que le daba piñazos en las costillas y en el estómago a un chiquilín. Después le daba vuelta el brazo para atrás. Había sangre en el suelo. Yo le gritaba: Saúl, por favor, soltalo. Le pregunté qué había pasado, que por qué había reaccionado así. Me contestó, Aída, viste cómo son las cosas, este violó a un niño de nueve años».

Aída era la cocinera del Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación (Ciedd) del Inisa. Cuando le preguntaron qué la motivaba a hacer la denuncia dijo que este funcionario, que tenía un cargo superior al de ella, después que lo vio pegándole a ese joven le otorgó una mala calificación y ordenó su traslado «sin motivos».

Pero en el Inisa a veces las cosas no son como parecen, o como se denuncian. Todo había comenzado un viernes, cuando el joven, que según Aída denunciaba había sido golpeado por Saúl, fue trasladado desde otro hogar. Lo hizo con puntazos en el abdomen, los que le habían propinado otros menores presos. El sábado, en horario de visita, el joven empezó a pelearse a las piñas con sus compañeros de cuarto, mientras golpeaba las rejas y gritaba que quería que lo sacaran de la celda. Lo sacaron, le pusieron grilletes y lo llevaron con Saúl, que se sentó delante de él, le puso la mano sobre el hombro y le dijo, según contó luego, cuando lo llevaron a declarar:

-Mijo, ¿cómo vas a hacer eso?

-A mí no me metas nada, pelado de mierda, que yo ya me di contra todo en el otro centro, y ahora me di también acá… -contestó el joven, mientras sacaba la mano de Saúl de su hombro.

Este, entonces, decidió reducirlo. «Le hice una sujeción en el hombro derecho, una llave. Ahí lo logré tirar al suelo, me le puse arriba y lo esposé. En ese momento salió Aída y me dijo: ¡Le estás pegando al chiquilín!. Le pedí que se fuera y llamé para pedir que trasladaran al joven, porque me había distorsionado todo el centro», contó Saúl, que además aclaró que el menor no había violado a un niño, que él nunca había dicho eso, y que estaba en el sistema porque «había tenido varios problemas por las drogas, lo habían agarrado con pasta base en un módulo del CMC», otro de los hogares del Inisa.

Lo que siguió contando el funcionario, y que luego fue constatado por otros trabajadores del Ciedd, es que Aída había tenido varios problemas por no querer desempeñar sus tareas. «El primer día que llegó a trabajar la puse, por indicaciones de la directora del centro, en la cocina. Le pregunté si sabía cocinar algo y me dijo que no, que era cuidadora de hospital. Le pregunté si sabía hacer un tuco o un guiso, me dijo que no, que no sabía cocinar. Le di indicaciones a los compañeros a ver si la podían guiar. Quemaba el café con leche. Un día había venido una acelga, le pedí si la podía lavar, me dijo que no, que se había cortado el dedo. Viene la directora, me pregunta qué pasa, le cuento, va a la cocina y la ve a Aída sentada sin hacer nada. Le dice que lave la acelga, ella se niega; le dice que entonces se vaya a la sociedad a pedir un certificado médico, ella también se niega. Cuando hubo que calificarla todos coincidimos en que la nota debía ser baja».

La investigación concluyó sin sanciones para Saúl. Tampoco para Aída.

Grilletes y golpizas

Uno pidió para volver al baño, se abrió la reja y ahí se produjo el malón. Gritaban ¡motín!. Los dos funcionarios que estaban hicieron fuerza con la reja, pero no pudieron y se cayeron para atrás. Vinieron otros dos, empujaron, lograron cerrar, pero tres menores ya estaban del lado de afuera. Uno de ellos agarró un televisor y amenazó con tirárselo a una compañera por la cabeza. Al rato logramos agarrarlos y reducirlos. Ahí los sacamos a los tres al patio, uno de ellos se desacató y ahí empezó todo.

Así contó el subdirector del centro Cit-cidd, del Inisa, cómo habían comenzado los hechos que lo tenían a él como sospechoso de pegarles a los menores que habían intentado fugarse con un bomberito.

-¿Las marcas que tienen los jóvenes son de la manguera?

-Sí.

-¿Dónde estaba esta manguera?

-En el patio.

-¿Por qué decidió usar la manguera?

-Porque pensé en no machucarlos.

-Explique eso.

-Si vos golpeás con una manguera no se producen lesiones como con un palo.

-¿Quiere decir que pensó que no iban a quedar marcas?

-Sí, no iban a quedar marcas.

-Siendo cuatro hombres y varias mujeres, ¿era necesario usar la manguera?

-Creo que sí.

-¿Se siente desbordado por el trabajo?

-No estoy desbordado, hago lo que sea necesario por un compañero.

-Aclare cuándo les pegó.

-Cuando los traje para afuera.

-En ese momento ya estaban engrilletados y esposados.

-No, estábamos forcejeando para ponerles las esposas.

Las fotos del expediente muestran a los jóvenes con golpes por la manguera en la cara, en el pecho, en el estómago, en la espalda y en los brazos. Los demás funcionarios que participaron del operativo no declararon contra el que usó la manguera para pegarles a los jóvenes. Estaban en el mismo patio, pero decían no haber visto nada. También, según el testimonio de los menores, puede ser que esto haya sido porque la golpiza se las habría propinado más de uno.

«Me tiraron al piso y me pegaron con la manguera y con un palo de policía… Primero me hicieron arrodillar con las manos en la nuca y me pegaron en la espalda, y después me amarrocaron y me pegaron arrodillado», dijo uno que denunció como autores a todos los hombres que trabajaron en el operativo y a «una mujer de lentes».

«Primero me esposaron, después me pegaron en el piso, y después me pararon y me pusieron mirando contra la pared… Uno me apretó en el piso, me pisó la cabeza y también una mano… Los vi que con la misma manguerita les pegaban a todos», dijo otro, que sin embargo sostuvo que no podía reconocer los rostros de los funcionarios porque estaba boca abajo.

Pese a esto el único sancionado fue el que utilizó el bomberito. Se consideró que había incurrido en una falta «grave», al tiempo que se valoró que el «contexto violento» no había sido generado por él sino por los menores y que no tenía antecedentes. Se lo suspendió cuatro meses, los que ya cumplió. También sigue trabajando en el Inisa.


Más de 3.000 páginas de maltrato a menores

Los casos presentados en esta nota se sucedieron entre 2013 y 2017. El País pudo leer los expedientes a través de un pedido de acceso a la información. Cada investigación dentro del Inisa lleva en promedio dos años. En el caso de maltrato en el Ser, que se terminó de dirimir a fines del año pasado, llevó cuatro años. El País pudo acceder solo a los expedientes de los casos que ya fueron cerrados. El Inisa entregó solo 8 expedientes, que se tradujeron en más de 3.000 páginas, pero contestó que, solo desde 2014, se habían abierto 52 investigaciones por maltrato.


Fulco y la guerra a un sistema corrompido

La violencia en las prisiones para menores es algo que se viene denunciando desde hace años. Sin embargo, tomaron mayor notoriedad a partir de mayo de 2015 cuando Gabriela Fulco tomó las riendas del Inisa. Desde agosto de ese año la jerarca se mueve con guardaespaldas, ya que recibió amenazas luego de que se diera a conocer un video en el que se muestra cómo trabajadores del centro Ceprili reducían violentamente a dos jóvenes. El sindicato acusa a Fulco de haber difundido el video. Este caso terminó con 26 trabajadores procesados, 17 de ellos con prisión, entre los que se incluyó al director del centro. Joselo López, el líder del sindicato, fue uno de los procesados sin prisión. Desde que asumió, hasta fines de 2017, Fulco hizo una gran cantidad de investigaciones a los trabajadores por denuncias de maltrato. En 2014 se abrieron solo cuatro. Y desde 2015 hasta el año pasado hay 48 nuevos expedientes. También hay cinco investigaciones por funcionarios que presuntamente habrían habilitado las fugas de los menores (un caso es de 2016 y cuatro son de 2017). Fulco también advirtió de un porcentaje demasiado alto de ausentismo (ver a continuación), al tiempo que se han conocido casos en que funcionarios no iban a los hogares, se certificaban y trabajaban en otra cosa. Fulco pretende que se dote al organismo de funcionarios más capacitados.


Ausentismo del 13,5%; tan solo el 11,5% terminó el liceo

¿Cómo son los trabajadores que tienen la responsabilidad de cuidar y luego reinsertar a los menores infractores en la sociedad? El Inisa tiene 807 funcionarios y de 760 cuenta con datos sobre su formación. Según lo respondido a El País en un pedido de acceso a la información, solo el 11,5% terminó el liceo. Hay 73 trabajadores, casi el 10%, que solo terminaron la primaria, y tres tienen la primaria incompleta. Por otro lado, en cuanto a las certificaciones, según los datos recabados desde 2015 a 2017, el Inisa tiene un promedio de más de 100 trabajadores certificados por día. El ausentismo es del 13,5%. En total en 2016 fueron 10.195 días acumulados de trabajo perdidos por los funcionarios. En 2017, hasta noviembre, iban 9.105. Esto incluye solo a aquellos que se certificaron por estrés. El Inisa ha tenido casos de funcionarios que se certificaron, pero se descubrió que en realidad estaban trabajando en otro lado. El informe establece que en septiembre de 2016 inspectores descubrieron a un funcionario desempeñando tareas en una feria vecinal. Se le hizo un sumario con retención de la mitad de su sueldo. El año pasado, en tanto, el programa Así nos va, de radio Carve, dio a conocer que un subdirector del Inisa se desempeñaba como chofer de Uber en horario de trabajo.

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