…lo más terrible se aprende enseguida
y lo hermoso nos cuesta la vida…
Silvio Rodríguez
En los últimos años, el Perú ha atravesado una profunda crisis institucional, política y social. Desde 2016, el país ha tenido seis presidentes y múltiples gabinetes ministeriales, en medio de escándalos de corrupción, enfrentamientos entre poderes del Estado y un creciente desencanto ciudadano con el sistema democrático. La inestabilidad política ha debilitado el crecimiento económico sostenido que caracterizó a las décadas anteriores, y ha puesto en evidencia la desconexión entre las élites políticas y económicas con las demandas de los sectores populares.
A ello se suma el impacto de la pandemia del COVID-19, que evidenció la fragilidad del sistema de salud pública, la precariedad laboral de millones de peruanos y la desprotección social de los sectores más vulnerables. Según el INEI, la pobreza monetaria en el Perú alcanzó el 27.5% en 2023, afectando a más de 9 millones de personas (INEI, 2024). Por su parte, la informalidad laboral bordea el 70% (BCRP, 2023) y el acceso a servicios básicos como salud, educación o seguridad social sigue siendo desigual y excluyente.
En ese contexto, la propuesta del partido Voces del Pueblo, actualmente en alianza con Nuevo Perú, con el nombre de VENCEREMOS, aparece como una alternativa que recoge el clamor popular por una transformación estructural del Estado peruano, enfocada en la justicia social, la inclusión y la soberanía nacional. Lejos de ser un discurso meramente ideológico, sus planteamientos responden a una lectura crítica pero realista de las deficiencias del modelo actual y proponen salidas viables, aunque audaces, en materia constitucional, económica y social.
II. Hacia una nueva Constitución con justicia social
Una de las propuestas centrales de Voces del Pueblo es la convocatoria a una Asamblea Constituyente Plurinacional que elabore una nueva Constitución Política, superando el marco vigente de 1993. Esta demanda no es nueva. Diversos sectores sociales, académicos y políticos han cuestionado el origen autoritario de la Carta Magna actual —impulsada durante el régimen de Alberto Fujimori— y su marcado sesgo neoliberal.
Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP, octubre 2022), el 65% de los peruanos está a favor de una nueva Constitución. Los principales motivos: la necesidad de garantizar derechos sociales básicos, establecer un rol más activo del Estado en la economía, y limitar los abusos de grandes empresas.
La comparación entre las Constituciones de 1979 y 1993, incluida en el propio plan de gobierno, refuerza esta necesidad. Mientras que la de 1979 reconocía al Estado como garante de la seguridad social, la estabilidad laboral y propietario de los recursos naturales, la actual Constitución prioriza la inversión privada y establece el principio de “estabilidad jurídica” para los grandes capitales, incluso en detrimento del interés nacional (art. 62). Reformar esta arquitectura legal es esencial para construir un modelo de desarrollo más equitativo, democrático y sostenible.
III. Superar el modelo económico neoliberal: un nuevo horizonte productivo
El segundo eje estructural del plan es el reemplazo del modelo económico neoliberal —basado en la extracción primaria de recursos y la apertura irrestricta de mercados— por un modelo económico popular e inclusivo, que tenga como motor a las micro y pequeñas empresas (MYPEs) y a la producción nacional.
En las últimas décadas, el crecimiento del PBI no se tradujo en bienestar social. De hecho, la alta concentración de la riqueza y la debilidad del aparato productivo nacional han hecho del Perú uno de los países más desiguales de América Latina. Según Oxfam (2022), el 1% más rico de la población posee más del 30% de la riqueza nacional.
Voces del Pueblo propone una reindustrialización del país a través de:
- Inversión pública en corredores productivos, parques industriales y agricultura familiar.
- Crédito barato mediante la conversión de COFIDE en banca de primer piso.
- Compras públicas a las MYPEs vía PERÚ COMPRAS, garantizando mercado interno.
- Incentivos tributarios para empresas que generen valor agregado nacional.
Estas propuestas se alinean con experiencias exitosas en países como Brasil, Corea del Sur o Alemania, donde el Estado cumple un rol protagónico en la promoción del desarrollo industrial y tecnológico. Además, están respaldadas por estudios del BID y la CEPAL que reconocen que la política industrial inteligente es clave para superar la trampa del ingreso medio y garantizar un crecimiento inclusivo (CEPAL, 2020).
IV. Educación pública, universal y transformadora: una prioridad nacional
El plan de gobierno de Voces del Pueblo sitúa a la educación en el centro de la transformación social, afirmando que esta debe ser “universal, pública y gratuita en todos sus niveles”, y que el presupuesto destinado al sector debe alcanzar “como mínimo el 6% del PBI […] con el progresivo incremento hasta el 10%”. Esta propuesta es coherente con los estándares de la UNESCO, que recomienda un piso de 6% del PBI como inversión mínima para garantizar una educación de calidad.
La realidad educativa peruana evidencia la necesidad de esta reforma. En 2023, el presupuesto para educación apenas llegó al 4.6% del PBI (MEF, 2023), lo que se traduce en bajos sueldos para los docentes, infraestructura deficiente y bajos niveles de aprendizaje en zonas rurales. Según la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), solo el 14.7% de los escolares de 2° grado en zonas rurales logró un nivel satisfactorio en comprensión lectora en 2022.
Además, el plan propone una reforma curricular que incorpore saberes prácticos, con cursos como “derecho básico, economía y finanzas familiares, tributación, contabilidad básica, valores morales-ética y responsabilidad social”, lo cual responde a la necesidad de conectar la escuela con la vida productiva, la ciudadanía y la construcción de pensamiento crítico. Esta propuesta coincide con las recomendaciones del Banco Mundial, que en su informe “Aprender para hacer realidad la promesa de la educación” (2018), insiste en la necesidad de formar estudiantes capaces de resolver problemas reales y adaptarse a un mundo cambiante.
Asimismo, se plantea una descentralización real del sistema educativo, articulando al CEPLAN, la PCM, el MEF, el MINEDU y los gobiernos regionales para lograr una educación adaptada a las realidades locales y con ejecución presupuestaria eficaz (“implementación de políticas públicas educativas descentralizadas […], priorizando la gratuidad y calidad de la educación con pensamiento crítico y valores morales”).
V. Un sistema de salud único, universal y gratuito
La pandemia de COVID-19 dejó al descubierto el colapso del sistema de salud peruano. La falta de camas UCI, oxígeno medicinal, personal médico e infraestructura hospitalaria generó miles de muertes evitables. En este contexto, la propuesta de Voces del Pueblo de construir un “sistema de salud único, universal, público y gratuito” no solo es legítima, sino urgente.
El plan propone elevar el presupuesto del sector salud al “10% del PBI” y al “20% del presupuesto total” (p. 26), superando el actual 3.3% del PBI invertido en 2022 (MINSA, 2023). Esta meta se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera que ningún país puede ofrecer una cobertura universal sin invertir al menos el 6% del PBI en salud.
Otro punto clave es la unificación del SIS y EsSalud para crear un sistema verdaderamente integrado. Esto permitiría —como lo señala el documento— “que los afiliados al SIS puedan atenderse en los hospitales de EsSalud […] y viceversa, lo que contribuiría a una distribución más equitativa de los servicios, reduciría la duplicidad de funciones y acortaría los tiempos de espera.
La propuesta también aborda la descentralización y fortalecimiento de redes regionales, como los IREN (Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas), que permitirían a los pacientes oncológicos ser atendidos sin tener que trasladarse a Lima, humanizando la atención y descongestionando el INEN central (“construcción de IREN´s descentralizados por región natural”, p. 29).
Además, se promueve la gestión por resultados, auditoría permanente y profesionalización del capital humano en salud. Esto responde a la necesidad de eficiencia y transparencia en un sector donde la corrupción y la desorganización han costado vidas.
VI. Soberanía alimentaria y lucha contra la pobreza: del asistencialismo al desarrollo rural integral
Uno de los grandes aportes del plan de gobierno de Voces del Pueblo es su visión integral del desarrollo rural y la alimentación, a partir de la defensa de la “agricultura familiar, la pequeña y mediana agricultura y producción agropecuaria en general” como eje de la soberanía alimentaria (p. 35). Esta visión no es meramente simbólica: según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), más del 83% de los alimentos que consumimos los peruanos provienen de la agricultura familiar.
La propuesta de implementar una “segunda reforma agraria” tiene como eje central la transferencia de tecnología, el fortalecimiento del crédito agrario (Agrobanco y FONDO AGROPERÚ), la industrialización del campo y el acceso justo a mercados. Este enfoque coincide con la propuesta de la FAO sobre el “desarrollo territorial inclusivo”, que promueve cadenas de valor articuladas con pequeños productores y acceso equitativo a servicios.
Además, el plan busca proteger a los consumidores de la especulación y concertación de precios: se plantea una “supervisión y fiscalización de precios” con apoyo de INDECOPI, el Ministerio Público y el Poder Judicial, haciendo cumplir la Ley 31040 sobre acaparamiento y especulación.
En el campo de la lucha contra la pobreza, la propuesta va más allá de los programas sociales clásicos. Plantea una articulación entre el CEPLAN, la PCM, el MIDIS y los tres niveles de gobierno para fortalecer las “Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza” y mejorar la focalización del gasto social. También se propone usar las compras públicas como mecanismo de desarrollo local, abasteciéndose de las MYPEs agropecuarias para programas como Qali Warma, Comedores Populares y Ollas Comunes.
Esta integración entre políticas sociales, producción local y compras estatales representa un cambio estratégico: no se trata solo de asistencia temporal, sino de convertir a los sectores más excluidos en protagonistas del desarrollo económico y alimentario del país.
VII. Reforma del sistema de pensiones: hacia una jubilación digna
El actual sistema de pensiones en el Perú es uno de los más cuestionados de América Latina. El sistema privado de AFPs ha sido criticado por sus bajas pensiones, altas comisiones y escasa transparencia, mientras que la ONP ofrece pensiones mínimas y está financieramente restringida. Según datos de la SBS, el 44% de los afiliados a AFP recibirán pensiones por debajo de los S/ 500.
El plan de Voces del Pueblo propone una reforma estructural, basada en tres principios:
- Justicia previsional: “Establecimiento de la pensión mínima […] al nivel de la remuneración mínima vital (RMV)”.
- Libertad de elección: “Eliminar la obligatoriedad de que los trabajadores destinen sus fondos a las AFPs u ONP”.
- Participación ciudadana: “Los afiliados deben tener voz y voto en los directorios de las AFPs”.
Además, se propone que las pérdidas por inversiones de alto riesgo no recaigan únicamente sobre los afiliados, sino que las AFPs asuman el 90% del impacto negativo. También se busca permitir el uso del fondo para educación o compra de vivienda, lo que le da un enfoque más flexible y humano al ahorro previsional.
Estas propuestas coinciden con los debates actuales del Congreso de la República, donde se vienen discutiendo proyectos de reforma integral del sistema pensionario. Asimismo, siguen modelos híbridos como el de Uruguay o Suecia, donde los trabajadores pueden elegir entre fondos públicos o privados, con sistemas de pensiones mínimas garantizadas por el Estado.
VIII. Soberanía energética y recuperación de nuestras riquezas nacionales
En uno de los capítulos más robustos del plan, Voces del Pueblo propone una transformación profunda del modelo energético y extractivo del país, orientado a la soberanía nacional y a la industrialización de nuestros recursos. La base de esta transformación es la eliminación de los “contratos ley” y de los regímenes de estabilidad tributaria que han blindado a grandes corporaciones por décadas (“todas las empresas […] van a tener que pagar sus impuestos y regalías mineras inclusive en la fase de reinversión de sus utilidades”).
Se plantea también una reforma del artículo 62 de la actual Constitución y del marco normativo de la SUNAT y el Tribunal Fiscal para evitar que las grandes empresas evadan o dilaten sus deudas tributarias con procesos judiciales interminables. Esta propuesta busca “incrementar la presión tributaria sostenidamente” (p. 51), lo cual es crucial para financiar los derechos sociales sin endeudar al Estado.
Asimismo, se promueve el fortalecimiento de Petroperú y PERÚPETRO con mayor integración vertical (exploración, refinación, comercialización) y se impulsa la masificación del gas natural como eje de una nueva matriz energética, reemplazando gradualmente el uso del petróleo (p. 59–61). Esta propuesta no solo responde a la seguridad energética nacional, sino que puede tener un impacto directo en la reducción de la inflación, pues según el INEI, el precio de los combustibles ha sido uno de los principales motores del alza del costo de vida en los últimos años.
Por último, se propone una transición hacia energías renovables como la solar, eólica e hidroeléctrica de pequeña escala, especialmente en zonas rurales. Esta visión se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 7, 12 y 13) y con los compromisos del Perú en la lucha contra el cambio climático.
IX. Conclusiones
El plan de gobierno del Partido Político Popular Voces del Pueblo no es un simple catálogo de promesas, sino un documento fundacional que recoge el hartazgo y las esperanzas de millones de peruanos que durante décadas han vivido marginados de las decisiones que definen el rumbo del país. Frente a una república capturada por intereses privados, sumida en la corrupción, la desigualdad estructural y la informalidad crónica, estas propuestas emergen como una hoja de ruta para una transformación democrática y popular.
En vez de mantener el statu quo que perpetúa la desigualdad, Voces del Pueblo plantea un nuevo pacto social, cimentado en una nueva Constitución, en una economía productiva nacional, y en un Estado al servicio de las grandes mayorías. Reivindicar derechos sociales fundamentales como la educación, la salud, la pensión digna o la alimentación no es populismo, sino justicia postergada.
Además, proponen con valentía recuperar las riquezas nacionales, renegociar los contratos con las grandes empresas que explotan nuestros recursos y cambiar la matriz energética del país para depender menos del petróleo importado y más del gas natural nacional. Todo esto con una mirada moderna, descentralizada y orientada al desarrollo sostenible.
La importancia de este plan no radica solo en su contenido, sino en el momento histórico en el que se presenta: el Perú atraviesa una crisis múltiple —de representación, de legitimidad, de confianza y de expectativas—. Por eso, abrir el debate sobre una nueva forma de gobernar, con participación popular, enfoque territorial, y sentido de soberanía nacional, no es solo legítimo, sino necesario.
Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de examinar estas propuestas con rigurosidad, y también con apertura. Porque solo así podremos construir, entre todos, un país donde la riqueza no sea el privilegio de unos pocos, sino el derecho compartido de todas y todos. Voces del Pueblo nos ofrece un horizonte alternativo. Ignorarlo sería perder la oportunidad de pensar un Perú distinto. Escucharlo puede ser el primer paso hacia una república verdaderamente democrática, inclusiva y soberana.
Entendiendo los versos de apertura de este análisis, del cantautor cubano, se hace inevitable reconocer que construir un país justo, soberano y solidario no será fácil. Habrá resistencias, habrá pérdidas, y habrá que desaprender lo impuesto. Porque lo terrible —la pobreza normalizada, la corrupción institucionalizada, la exclusión sistemática— ha sido asimilado por generaciones como parte del paisaje político peruano.
Y, sin embargo, lo hermoso —una patria para todos, con dignidad, pan y voz— nos exige más: exige coraje para romper inercias, memoria para no repetir errores y esperanza para imaginar lo nuevo. Eso es precisamente lo que propone el plan de gobierno de Voces del Pueblo: una ruptura con el pasado de injusticias y una apuesta clara por un nuevo contrato social basado en la equidad, la soberanía y la inclusión.
Este no es un documento más. Es una propuesta audaz que interpela al país en su hora más vulnerable, que se atreve a plantear una nueva Constitución, una economía al servicio de la gente, y un Estado que reconozca la dignidad de sus pueblos originarios, sus trabajadores, sus campesinos y sus jóvenes. Nos habla, en suma, de un Perú distinto que empieza no con promesas, sino con decisión.
Ignorar esta propuesta sería continuar por un camino que ya conocemos: el de la desigualdad estructural y la indiferencia oficial. Escucharla, en cambio, es el primer paso para transformar el país desde sus cimientos. Porque lo hermoso cuesta la vida, sí, pero no hay destino más digno que el de luchar por alcanzarlo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.