Este artículo es un resumen de los conversatorios con estudiantes de las carreras de sociología y desarrollo local de la UNAH al cumplirse un año del gobierno del partido LIBRE.
La presidenta constitucional de la República de Honduras se dirigió a la nación para presentar un informe de las principales acciones tomadas en 2022, primer año de gobierno. Estas acciones refieren a cumplimiento de promesas de campaña propuestas en el documento denominado Plan de Gobierno (2022-2026), que en realidad es su oferta política a la colectividad nacional que cumplirá una vez que asuma el poder. El utilizar este documento como plan de Gobierno puede afectar el cumplimento de las promesas, ya que no hay estimados de los recursos requeridos para ello, igual una programación consensuada con instituciones públicas y demás actores sobre lineamientos de política pública, objetivos, metas e indicadores a cumplir con los recursos disponibles y aquellos a contratar a partir de 2023 [2].
La Secretaria de Planificación Estratégica (SPE), ya cuenta con un Plan Estratégico de Gobierno (PEG), derivado del anterior, con objetivos, metas e indicadores de resultado e impacto que da soporte al presupuesto plurianual de inversiones de la República, y puede subsanar estos problemas y debería valorarse como tal para oficializarlo como instrumento de planificación institucional por la Presidenta.
Hay varias promesas de campaña que fueron cumplidas: a) derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs); b) derogación de la Ley de Empleo por Hora; c) derogación de la Ley de Secretos; d) subsidio a los combustibles; e) subsidio a la energía eléctrica para los más pobres; f) prohibición de la minería de cielo abierto; g) eliminación de los fideicomisos; h) rescate de la Empresa de Energía Eléctrica; i) iniciación del proceso para rescindir el contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH) y de la Concesionaria Vial (COVI); j) reactivar el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), k) firma de la carta de entendimiento con Naciones Unidas para la llegada de una Comisión contra la Corrupción e Impunidad a Honduras (CICIH); l) derogación de la Ley Marco del Sistema de Protección Social; ll) aumentos de los presupuestos de salud y educación; otros.
Es recomendable concluir este proceso en 2023 en aquellos casos donde está pendiente la aprobación de reglamentos por el Congreso y ratificación de la decisión tomada [3], negociaciones para asumir la administración de las empresas de servicios públicos y velar porque los mayores recursos tengan el impacto esperado. En caso de los subsidios y aumento del monto del crédito para los campesinos evitar la “filtración”, o sea que los beneficios los reciban medianos y grandes productores y aquellos que pueden pagar.
A estas acciones se suman la reactivación y aumento del monto del bono tecnológico a campesinos micro y minifundistas productores netos de alimentos básicos, aprobación del bono para las personas mayores de edad, reactivación del programa Red Solidaria para población en pobreza extrema, el apoyo a las Mi pymes y un programa masivo de protección de los recursos forestales.
En el tema económico, destaca el aumento del presupuesto para aumentar los montos de recursos destinados a salud, educación, infraestructura y seguridad, garantizando el pago de las deudas adquiridas en gobiernos anteriores, especialmente el servicio de la deuda externa. En 2022 el monto del presupuesto aprobado ascendió a 308,223 millones de lempiras, de los cuales 23,384 millones son inversión pública que representan el 7.5% del monto total y el 3.4% del PIB (preliminar), lo cual se considera bajo, aunque hubo un aumento si se compara con 2021. Se aprobó un presupuesto de 392,519 millones de lempiras para 2023, con un aumento del monto de la inversión social.
Una variable critica del presupuesto, es el endeudamiento externo. Entre finales de 2009 y 2021, el monto de la deuda pública del país representó el 347%, o sea que aumentó en 12,171.2 millones de dólares, y el servicio de la misma en un 167% pasando de 602.9 a 1,611.1 millones de dólares, un 56.7%/PIB.[4]. En 2022, el servicio de la deuda externa del sector publico alcanzó los 772.3 millones de dólares, reflejando un aumento de 196.3 millones si se compara con 2021, donde la deuda con acreedores multilaterales es la más grande.[5]
La presidenta ha planteado la necesidad de una condonación de la deuda externa, sobre todo de aquella ilegitima que sirvió para financiar proyectos de dudosa reputación y cuyos recursos fueron a parar a bolsillos de funcionarios, diputados, empresarios y banqueros corruptos. Hoy que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está siguiendo muy de cerca el comportamiento de la economía hondureña y las políticas económicas aprobadas, se necesita un mayor interés por revisar estos montos de endeudamiento externo.
Para la Ministra de Finanzas, Rixi Moncada, el tema del financiamiento del presupuesto es un problema que amerita reformas estructurales en el sistema tributario hondureño, donde los que más tienen deben pagar o tributar más. Implica la vigencia de una Ley de Justicia Tributaria que próximamente la presidenta enviará al Congreso de la República. La preocupación de la funcionaria es que si proyectas estas cifras sin “cambios estructurales”, la situación empeorará a futuro, volviendo un sistema tributario altamente regresivo.
La principal justificación de la Ministra es que el 20% más rico concentra el 98.6% de exoneraciones en Honduras, amparado en 40 leyes que se han venido acumulando desde hace tiempo, comparado con un 80% más pobre de la población que solo recibe el 1.4% de exoneraciones [6]. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) demanda un diálogo con el Gobierno y cuestiona que el informe de la presidenta Xiomara Castro a la nación no dio cifras. Incluso, hablan que el sector privado siempre ha pagado más y pide eliminen todas las exoneraciones fiscales que, según cifras del Gobierno, suman más de 60 mil millones de lempiras anuales, pero las empresas según dirigentes de esta organización gremial reciben menos del 30%.
Una política monetaria con menos sesgo recesivo que la ejecutada por el Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH)antes del Covid-19, con controles de agregados monetarios y aumentos en la Tasa de Política Monetaria (TPM) para una inflación baja. El Gobierno de la República mantuvo la TPM en 3.00% (27-11-2020), cuando en otros países se ajustó una o varias veces sin cambios visibles en la reducción de la inflación. De acuerdo al Banco Central, cerca o más del 50% de la inflación es importada, por lo que una ajuste en la TPM puede causar un impacto negativo al contraerse la demanda agregada, ya que son shocks externos mayormente que la causan y la especulación de precios, no un mayor gasto interno poco controlado.
Un ajuste de la TPM en Honduras pudo darse si la inflación se situará en un rango de 11% a 13%, pero no se dio, y la expectativas es que sea de 6% en 2023.La tasa de inflación en 2022 fue de 9.8%, cuando los pronósticos eran de una tasa mayor de un digito cercana al 13%, explicado por la medidas selectivas tomadas por el Banco Central en el control de la liquidez, menor depreciación cambiaria, subsidios otorgados por el Gobierno a la energía y combustibles, apoyo al sector agrícola y flujo positivo de divisas por aumento de las remesas.
Las cifras muestran que la economía hondureña creció 4.1% en 2022, por encima del promedio del crecimiento centroamericano de 3.5%, cuando se estimaba a mediados del año que el crecimiento no sería mayor del 3% por problemas de la guerra Rusia-Ucrania, el aumento de los costos de los fletes de transporte y los efectos de la crisis de los EEUU, principal socio comercial.
El Gobierno mantuvo la estabilidad de la tasa de cambio, con una depreciación de 25 Ctv. de lempira por dólar en 2022, que favoreció para que la inflación no se disparara, pero también para evitar mayores presiones por ajustes de salarios [7] y demanda de divisas para importar insumos y bienes de capital necesarios para producir, por ser una economía altamente dependiente de las importaciones. Esta política es muy importante para el país, más allá de las presiones de los exportadores y especuladores que esperan una depreciación acelerada del lempira y un mayor control sobre las divisas manejadas por el Banco Central.
Se ha cuestionado por los partidos de oposición, diputados y personeros del sector privado, la baja ejecución del presupuesto en 2022, estimado en un 68%%, pero sobre todo de la inversión pública menor de 28% % del monto aprobado. Un argumento del Gobierno es que el ordenamiento institucional implicó una reestructuración del sector público, y diseño de instrumentos de planificación y gestión presupuestaria a las prioridades de asignación de recursos establecidas en el Plan Bicentenario. A ello se agrega las nuevas orientaciones presupuestarias para racionalizar el uso de las exoneraciones y eliminación de los fideicomisos; varios de los ministros nombrados tuvieron que “pon orden en casa”, identificando los programas y proyectos en ejecución, uso de los recursos, pagos pendientes y su liquidación.
Hay evidencia de un aumento del déficit de la administración pública centralizada entre 2019 y 2021 estimado en 5%/PIB, pero el Gobierno, no obstante los aumentos observados en el presupuesto 2022 frente al programado por la administración nacionalista a finales de 2021, enmarcó sus acciones en los parámetros establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal y cláusulas de excepción, estimándose un déficit de la administración central para el cierre de 2022 en 4.4%/PIB.
La brecha comercial es otro problema estructural de la economía hondureña, que amerita soluciones estructurales. En 2020, el déficit comercial bajó por los efectos del Covid-19, que contrajo la actividad productiva al caer el PIB en -9%, pero en 2021 retomo su tendencia a situarse en -8,019 millones de dólares. A noviembre de 2022, el déficit comercial era de -8,221 millones de dólares, por lo que es de esperar que se mantenga o situé a valores mayores en 2023. El “salvador” siguió siendo el monto de recursos que envían los hondureños (as) en el exterior bajo la denominación de remesas familiares que superaron los 8,500 millones de dólares, más del 25% del PIB estimado para 2022.
Las causas que se atribuyen son las mismas: a) poca diversificación de la estructura productiva, b) baja productividad de la fuerza de trabajo y competitividad de las exportaciones; c) escasos fondos para inversión y desarrollo; d) bajos niveles de educación y problemas de salud manifiestos de la población; e) falta de gobernanza publica; f) corrupción; g) inseguridad jurídica y violaciones de derechos de propiedad.
Hay causas poco visibles que tienen relación con el enfoque o modelo de desarrollo seguido, excluyente y empobrecedor, pero también con la institucionalidad democrática. Desde que se adoptaron los programas de ajuste estructural como política de reforma económica y sectorial, estamos en competencia por atraer inversión extranjera para que se invierta en el agro nacional, energía, infraestructura, textiles (léase maquilas) y telecomunicaciones, creando todas la facilidades e incentivos al capital, donde las exoneraciones fiscales y los bajos salarios de mala calidad son las demandas de las empresas externas y socios locales.
En los gobiernos anteriores se sumaron al expediente anterior, la creación de facilidades a la inversión, las ZEDEs, concesiones mineras, protección de derechos de propiedad de tierras rurales sin importar su uso productivo, Alianzas-Público-Privadas, fideicomisos, corrupción y la especulación financiera y cambiaria.
El problema de inseguridad alimentaria y hambre ha tenido también atención por el Gobierno, ya que más de 3 millones de hondureños presentan diversos grados de inseguridad alimentaria y 1.5 millones padecen hambre. Se aumentó el presupuesto de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) en 1,000 millones de lempiras, entregándose 700 millones de lempiras como bono tecnológico para beneficio de 240 mil pequeños productores, sumado a 250 millones de lempiras como bono cafetalero y la entrega de 365 millones en préstamos para siembra agrícola tecnificada y 822 millones en créditos otorgados por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) [8].
Este problema alimentario es de tal magnitud que debe ser una prioridad nacional, desarrollando planes de producción y consumo de alimentos regionales y municipales de combate al hambre, liderados por el Gobierno central con apoyo de otros actores como cooperantes, gobiernos locales, cooperativas y asociaciones de productos de granos básicos, huevos, carnes y hortalizas.
La presidenta Xiomara Castro ha pedido una revisión del RD-CAFTA, esperando que se sumen los demás países de la región Centroamericana y República Dominicana. Es importante que, en el marco de los mecanismos de integración económica regional, se convoque de urgencia al Consejo Agrícola Centroamericano (CAC) para discutir esta petición y sea conjunta. La liberalización de controles arancelarios para productos como el maíz y arroz está afectando a los pequeños productores de la región, sin que existan estrategias de desarrollo alternativo.
Para los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), la Administración Biden le apunta a un aumento de los flujos de inversión extranjera para apoyar la industria maquiladora, no hay un programa regional para el agro de estos países para compensar los efectos e impactos negativos del RD-CAFTA y desarrollo de nuevos proyectos agroindustriales regionales.
Se estima que los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2023, ascendieron a 758 millones de dólares, un aumento de 8.2% en comparación con el año anterior [9]; no obstante, sigue siendo bajo, y una gran parte es reinversión de utilidades, especialmente la localizada en el sector manufacturero-maquilador. Hay que ampliar la cooperación externa con países de Sur América y asiáticos, China especialmente, sin importar el tipo de cooperación (entre países o empresas). Hay acciones en marcha que deben fortalecerse, como el aprovechamiento de las instancias y foros de integración y participación regional de los países latinoamericanos y los acercamientos con China.
El Gobierno de la República le ha apostado a una política de desarrollo social que contribuya en conjunto con otras políticas agroalimentarias, comerciales y financieras, a reducir los niveles de pobreza del 73.6 % de la población en 2022 y la pobreza extrema en 53.7%. (INE: 2022). Dentro de esta política se incluye un componente referido a las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a personas en situación de pobreza extrema, lo cual no ha tenido los resultados esperados y más bien han contribuido a aumentar el endeudamiento externo. El enfoque validado por la presidenta como responsable de la ejecución del programa Red Solidaria en el Gobierno de Zelaya Rosales, es más amplio al apoyar a las familias con la dotación de activos productivos como el crédito y capital semilla para la ejecución de pequeños proyectos, conformando una nueva red solidaria de atención integral.
Un problema que se ha venido acumulando es la concentración y mal uso de la propiedad rural, que ha vuelto a la vida las recuperaciones de tierras por los campesinos, ya que la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) de marzo de 1992 y leyes conexas congelaron esas acciones de entrega de tierras a los campesinos por el Instituto Nacional Agrario (INA). Es un problema recurrente que amerita políticas diferenciadas en ausencia de una nueva Ley Agraria con enfoque de derechos humanos que el Congreso Nacional engavetó desde hace 20 años.
Hay una demanda creciente de este recurso por mujeres campesinas que la necesitan para producir alimentos y cubrir las necesidades alimentarias de sus hijos, independientemente del instrumento que se use (reforma agraria, fondos de tierras, programas de acceso a la tierra vía mercado, impuestos a la tierras ociosos y mal utilizadas, entrega masiva de tierras nacionales, etc.), por lo que es urgente una solución al problema ya que se puede masificar. Los empresarios hablan de 17,000 hectáreas de tierras invadidas, y 2,400 millones de dólares no invertidos por la inseguridad jurídica en el campo, a lo cual se suma el robo de la fruta por grupos irregulares no campesinos.
El Gobierno de la República asumió la dirección y control del sector energético, cuando la tendencia era hacía la privatización total, descapitalización de la empresa de energía y el endeudamiento recurrente para cubrir déficits acumulados. Se declaró la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) como patrimonio nacional y el servicio de energía como bien público. Hay un proceso en marcha de renegociación de contratos de energía, eliminación de pérdidas técnicas y no técnicas, construcción de nuevas represas y la vigencia de un precio más competitivo de energía al poner en operación las plantas y ENEE en su capacidad máxima con precios más baratos por kwh generado.
En el sector ambiental, destaca una mayor participación de los militares en el control del bosque, que deberían ser supervisados por organizaciones de sociedad civil, la protección de las cuencas y micro cuencas y la reforestación a nivel nacional. No obstante, el sector forestal es uno de los más importantes en la generación de empleos de buena calidad, lo que supone la vigencia de una estrategia que permita valorizar más los productos y bienes y servicios forestales, incorporando un mayor valor agregado y aumentando los controles de comercialización y exportaciones de madera. Hay que prepararse para enfrentar los impactos negativos del cambio climático traducidos en pérdidas de cultivos, bienes materiales y vidas humanas.
Los problemas de empleo son manifiestos. Aunque la tasa de desempleo se mantuvo menor de 9%, el subempleo que observaba cifras alarmantes antes del Covid-19, se disparó con éste y alcanzó un porcentaje de 63.1% de la población viviendo en esta condición. (INE: 2022). Para el sector privado, estos porcentajes, sin considerar la calidad del empleo generado, aumentaron en 2022 por la derogación de la Ley de Empleo por Hora, las recuperaciones de tierras por los campesinos, extorsiones y crisis internacional que afecta negativamente al país.
“El gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, señaló que al menos 81 mil empleos se perdieron en Honduras durante el 2022, según datos del Instituto Hondureño de Estadísticas (INE). Herrera desglosó que fueron 58 mil empleos perdidos en el sector privado y 21 mil en el sistema burocrático del país. El informe del Cohep indica que la mayoría de los empleos se perdieron por la derogación de la Ley de Empleo por Hora. Solo el sector privado empleaba a 41 mil personas bajo esta modalidad, no todos se perdieron, pero sí la mayoría, dijo Herrera. El otro causante de la pérdida de empleos es la extorsión, muchas pequeñas y micro empresas han cerrado por este flagelo”[10]. No obstante, cifras manejadas por Pedro Barquero, Ministro de Economía, indican que se generaron 18,000 nuevos empleos formales en 2022, pero que se considera insuficientes.[11]
Uno de los reflejos más inmediatos de este problema, es la creciente fuga de la población de jóvenes a EEUU y Europa, el aumento de la violencia[12], tráfico de drogas y prostitución, sumado a la escasez de mano de obra en las actividades agrícolas, principalmente en épocas de cosecha, caso particular del café. En 2022, más de 94,000 hondureños fueron retornados al país (INM: 2022), sin oportunidades de empleos y acceso a activos productivos para generar sus propias iniciativas de producción y negocios.
Se busca la vigencia de un modelo de desarrollo socialista y democrático, que no destruya las dos principales fuentes de valor de la sociedad: el trabajo y la naturaleza, reivindique derechos económicos y sociales y priorice la satisfacción de las necesidades humanas por sobre la acumulación del capital “per se” cuyo fin primordial es la ganancia. Pero, además, abra espacios de participación a la población en la gestión del Gobierno, amplíe las capacidades de éste en la administración y entrega de bienes y servicios públicos, utilizando como instrumento la planificación a todos los niveles de gobierno. La presidenta de la República ha dicho que este modelo alternativo está en marcha, poniendo la institucionalidad pública al servicio de la población.
El año 2022 ha sido tipificado como un año de transición, donde a la reestructuración del sector público, cambios en lineamientos y criterios para asignar recursos y modificación de estructuras de gasto presupuestario, se suma la promulgación de leyes, decretos y conformación de programas y proyectos para desmotar parte de estructura de manejo administrativo y financiero del Gobierno de JOH.
Una estructura altamente corrupta, tipificada por la Ministra de Finanzas, Rixi Moncada, como una red de corrupción pública-privada que opera a través de los juzgados que condenan al Gobierno a pagar 2,600 millones de lempiras ´por demandas anteriores de dudosa procedencia, lo que compromete el funcionamiento de la administración pública, por lo que el Gobierno ha dicho que no “pagará”. La Corte Suprema actual se escuda en que la Procuraduría General de la República no presentó una apelación a tiempo, pero no dice nada de los jueces que conocieron del caso y porque una demanda contra el Estado tenía todavía vigencia después de más de 30 años [13].
Para 2023, se espera que se avance también en el cumplimiento de objetivos y metas programadas en la matriz de planificación estratégica de gobierno, donde lo más relevante son los impactos en reducción de la pobreza, inseguridad alimentaria, desempleo, vulnerabilidad ambiental, violencia y rezagos en salud, educación, agua potable y protección social. Esta matriz de planificación contenida en el PEG 2022-2006, debe hacerse visible por el Gobierno. Sirve como instrumento a la SEFIN para asignar recursos de presupuesto a los objetivos y metas de mediano plazo, pero también a la cooperación externa en apoyo a programas y proyectos de inversión en sectores claves como energía, ambiente, infraestructura, agrícola y telecomunicaciones [14].
De acuerdo artículo 5 de las disposiciones generales de presupuesto de ingresos y egresos de la República para 2023, “La Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica, llevará a cabo el monitoreo de la planificación estratégica, a través de informes sobre el nivel de avance de los resultados de mediano y largo plazo, definidos en los instrumentos de planificación estratégica, así como de aquellas políticas públicas que sean priorizadas por esta Secretaría de Estado. A tal efecto, elaborará un informe anual sobre el avance de los resultados globales y los indicadores establecidos en el Plan Estratégico de Gobierno 2022-2026, el cual remitirá a la Presidencia de la República y publicará en su página web” [15].
En este marco de logros y condicionantes económicas, financieras y políticas, el Gobierno debe priorizar sus intervenciones en abatir la inflación, para parafrasear a Alejandro Foxley, exministro de Hacienda de Chile [16], con una meta estimada entre 5% y 6% para 2023, que se considera aceptable por la vigencia de una política monetaria menos ortodoxa que aquella que dice que la inflación solo se controla reduciendo el gasto agregado y aumentando el costo del dinero con una TPM mayor, siguiendo a otros países de la región. Implica, además de las medidas tomadas en 2022, apoyar más al sector productor de alimentos y un control mayor de la intermediación comercial, integrando cadenas por rubros y apoyando a los productores (as) para que puedan vender el producto al consumidor final.
El rubro de alimentos es uno de los más sensibles al aumento de precios, por lo que las políticas y acciones tomadas por el Banco Central deben se complementadas con la ejecución de un programa masivo de pequeños proyectos comunitarios alimentarios liderado por la Secretaria de Desarrollo Social y Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG).
Hay que poner más recursos en la generación de empleos de mejor calidad, tratando de bajar ese porcentaje de población en situación de subempleo, recibiendo menos del salario mínimo, trabajando más de las hojas permitidas y sin protección social. A ello se suma el aumento de niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años que trabajan y no reciben paga, pasando de 400,000 en 2019 a 900,000 en 2021 [17]. Amerita el diseño de políticas públicas multisectoriales que ataquen diversas causas económicas y sociales.
El aumento del monto de inversión pública para 2023 no será suficiente, se ocupa captar mayores montos de Inversión Extranjera, donde sectores como el agropecuario y ambiental-energético son los que más demandan, contrario a la práctica normal de focalizar la inversión en textiles e infraestructura. En 2022, Honduras se situó en cuarto lugar a nivel de los países centroamericanos en captación de IED, solo superando a El Salvador [18].
Se ha venido insistiendo en la ejecución de planes regionales y municipales para combatir la inseguridad alimentaria y el hambre, donde la FAO ha mostrado interés con estrategias de desarrollo de la economía familiar campesina. Son intervenciones más efectivas que aquellas estrategias nacionales de seguridad alimentaria y nutricional sin programas y proyectos de inversión conjuntos, donde se involucren también a los actores locales. La SAG debe reactivar el Consejo de Desarrollo Agrícola (CODA) e invitar a las agencias de cooperación externa que trabajan con el agro, organizaciones de productores y gobiernos locales.
Finalmente, la aprobación de la Ley Orgánica de Planificación que instala oficialmente el Sistema de Planificación Social, Económica y Ambiental no debe esperar. Es una nueva lucha del Ejecutivo en el Congreso Nacional, ya que la mayoría de los diputados de la oposición política, incluyendo un grupo de los pertenecientes al partido “Salvador” de Honduras lo miran como la legalización del proceso para la conformación del poder popular y convocatoria a la población para una nueva Constituyente que cambie la Constitución de la República vigentes desde 1982.
“Uno de los desafíos más serios del proceso de desarrollo futuro será , precisamente, incorporar en calidad de ciudadanos, a la gran masa de marginados y excluidos que existe actualmente. La capacidad de presionar sobre el Estado, la capacidad de formular y expresar demandas sociales, no es una capacidad que pueda darse por supuesta. La participación, en definitiva, también es un proceso que exige condiciones institucionales a través de las cuales se pueda cumplir el aprendizaje para su ejercicio” [19]. Implica el fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de planificación a todos los niveles de gobierno (comunitario, municipal, departamental, regional, nacional) y de las instancias de participación ciudadana incorporadas a esa institucionalidad.
Honduras y la presidenta Xiomara Castro apuestan a la instalación de la CICIH en este año, acompañado de una Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General conformada por los mejores profesionales del ramo, lo que puede ayudar a disminuir los niveles de corrupción, la transparencia en las acciones publicas y su relaciones con actores privados y el acceso a la justicia.
Tegucigalpa, Ciudad Universitaria, 13 de febrero de 2023
Notas:
[2] Además de ello, las evaluaciones que se hagan del cumplimiento de las ofertas de campaña pueden ser parciales y prestarse a malas interpretaciones, ver como ejemplo ¡Aquí están las promesas de la Presidenta Xiomara Castro que ha cumplido durante un año de gobierno! Hondudiario.com, 29 de enero de 2023. Tegucigalpa, Honduras.
[3] Un caso particular en la demanda interpuesta por el grupo de la ZEDEs Próspera ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), solicitando arbitraje contra la República de Honduras al sentirse perjudicados por la derogación de la Ley ZEDEs.
[4] Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la República, la Gaceta N. 155-2022 del 12 de enero de 2023, Tegucigalpa, Honduras.
[5] Ver Informe de la Deuda Externa del Sector Publico a diciembre de 2022.. BCH, enero de 2023.
[6] Ver comparecencia de la Ministra Rixi Moncada en el programa de televisión “Frente a Frente de Canal 5 de Honduras, el 31 de enero de 2023.
[7] Recién el Gobierno de la República ha llegado a un acuerdo con el sector privado y trabajadores para fijar el aumento del salario mínimo en 9.8%, o sea el porcentaje de aumento de la inflación en 2022.
[8] Ver informe Especial Primer Año de Gobierno de la República, periódico Poder Popular, 31 de enero de 2023, Tegucigalpa, Honduras.
[9] Informe Especial Primer Año Op cit, pág. 88.
[10] Ver declaraciones de Santiago Herrera en honduario.com, 23 de enero de 2023.
[11] Comparecencia Pública de Pedro Barquero, Ministro de Economía, al programa televisivo Frente a Frente de Canal 5, el 7 de febrero de 2023.
[12] Honduras sigue teniendo una tasa de homicidios alta por 100, 000 habitantes, de 35.8% en 2022, la más alta de la región centroamericana y una de las más altas de Latinoamérica, no obstante las acciones realizadas por el Gobierno en 2022. Ver InSight Crime.org
[13] Este caso como señalan expertos debe ser investigado y analizado a profundidad, ya que la demanda había sido desistida en Juzgados de EEUU, pero el Gobierno de Honduras indemnizó al socio nacional no así al socio externo que tiene la mayor parte. Esta investigación incluye a Magistrados, Procuradores y exministros de Finanzas, Abogados del FHIS, y puede arrojar luz sobre el caso, pero la sentencia es firme y Honduras debe llegar a un acuerdo con el socio.
[14] Es importante no cometer el error, tal como se hizo en el pasado, de sustituir esta programación de mediano plazo con aquella de corto plazo y que realizan las instituciones para darle soporte al presupuesto anual, caso de los planes estratégicos institucionales; son complementarios no excluyentes.
[15] Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023. Tegucigalpa, Honduras.
[16] Ver Alejandro Foxley “Economía Política de la Transición “. Colección Economía y Gestión, Ediciones Dolmes. Santiago de Chile, 1993.
[17] Ver Dinero.hn (periódico económico), 9 de febrero de 2023, Tegucigalpa, Honduras, DC.
[18] Recién el Gobierno de EEUU anunció el desembolso de 950 millones de dólares adicionales para atacar las causas de la migración en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras, Guatemala), focalizado en textiles, prendas de vestir y servicios financieros. Se estima el monto de la ayuda económica total en unos 4,200 millones de dólares, donde es evidente el apoyo y participación de empresas privadas motivadas por el Gobierno de Joe Biden. Los gobiernos deberían garantizar que esta ayuda se concretice, y no pase lo mismo cuando Donald Trump que mucha de la ayuda prometida no llegó.
[19] Ver Gonzalo Martner Coordinador “Diseños para el Cambio” (modelos socioculturales).. Editorial Nueva Sociedad. UNITAR/PROFAL. Venezuela, 1987, pág. 123.
Javier Suazo. Economista hondureño especializado en políticas económicas y relaciones internacionales, con estudios doctorales en ciencias economías.
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