Las propuestas sobre inmigración del Gobierno español están en la línea de las medidas europeas más reaccionarias, según este abogado y miembro de la ODS-Patio Maravillas, de Madrid.
El que la UE desarrolle una legislación común sobre procedimientos de expulsión, internamiento de extranjeros y devoluciones, mientras se obvian cuestiones como la cooperación con los países de origen, la integración y promoción social y el derecho familiar de las personas inmigrantes, refleja un rumbo político y normativo claro. El fenómeno migratorio se aborda con mecanismos represivos.
Esto queda claro en el borrador de prepuestas del Pacto europeo sobre la Inmigración para la próxima presidencia francesa de la UE, el 1 de julio, que negocian los gobiernos de Sarkozy y Zapatero : control de fronteras, selección del inmigrante (contratos en origen, contratos de integración y eliminación por ley de los procesos de regularización colectivos) y por último, endurecimiento y agilización de los procedimientos de expulsión. El inmigrante y su familia son considerados mano de obra. Los flujos migratorios se regulan según las necesidades de la economía. Cuando no se necesitan trabajadores se les expulsa.
Aunque las propuestas reales del Gobierno español respecto a la legislación de extranjería aún se desconocen, los avances y declaraciones apuntan hacia un endurecimiento en esta legislatura.
Pocos días después de emitirse un informe del Parlamento Europeo que denunciaba las malas condiciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España, el Ministro del Interior Rubalcaba anunció la ampliación del plazo de internamiento de 40 a 60 días, sin tener en cuenta los numerosos testimonios de internos y familiares que denunciaban en los medios de comunicación las malas condiciones y los malos tratos en estos centros.
El nuevo ministro de Trabajo, Corbacho, ya ha anticipado que la modificación de la ley de extranjería pasará por el consenso entre los dos grandes partidos. Esto indica un distanciamiento de su antecesor Caldera, para acercarse a las posturas del PP. Las mismas que en la campaña electoral el PSOE calificó de xenófobas. También ha anunciado que en julio se aprobará un plan de retorno voluntario, que servirá para facilitar la marcha de los inmigrantes en paro. El plan propone la posibilidad de cobrar en un pago único la prestación por desempleo a cambio de que el inmigrante vuelva a su país. Tras asegurar que no se trata de una medida de discriminación positiva que beneficie al inmigrante, animó a los empresarios a contratar a parados españoles. Además propuso incentivos que hicieran atractivos a los españoles trabajos como el de los temporeros. Numerosas organizaciones sociales temen que la figura del arraigo social, el procedimiento por el cual las personas en situación irregular pueden acceder a la residencia legal tras contar con un contrato de trabajo y tres años de residencia en España, pueda sufrir algún endurecimiento. Esto, que ha sido planteado por el PP y Coalición Canaria, supondría un aumento de personas en situación irregular.
Aunque Caldera apuntaba al desarrollo de mecanismos que permitiesen trabajar a los familiares (cónyuge e hijos) reagrupados por el trabajador inmigrante, el nuevo ministro no ha vuelto a mencionarlo, de modo que se seguirá limitando la diversificación de los ingresos económicos de su unidad familiar.
Por último, el aumento del paro en sectores como la construcción está dificultando la renovación del permiso de trabajo, ya que requiere una cotización a la Seguridad Social (SS) de un mínimo de seis meses al año. Las medidas anunciadas en la anterior legislatura de ayuda a los trabajadores de estos sectores, no se han desarrollado. El inmigrante que no logra la cotización mínima a la SS, no consigue la renovación del permiso de trabajo y como consecuencia de esto pierde su permiso de residencia. Él y su familia quedan en situación irregular, susceptibles de ser expulsados. Esta es una de las vías por la cual el gobierno regulará la inmi gración durante la crisis económica.