Edwin Irizarry Mora (Mayagüez, Puerto Rico, 1961-) es economista y planificador. Ha sido un destacado docente e investigador adscrito a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. También ha impartido docencia en la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En el recinto universitario de Mayagüez completó su grado de Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad y Economía, mientras que en el recinto de Río Piedras realizó su Maestría en Planificación Económica. Completó su doctorado en Estudios del Desarrollo en la Universidad de Sussex, Reino Unido. Es autor de varios libros y ensayos de investigación, entre los que destaca su libro sobre La economía de Puerto Rico (2001, 2011). Fue candidato, entre otras posiciones, al puesto de Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por el Partido Independentista Puertorriqueño en las elecciones del 2008. Actualmente, es investigador afiliado de la Universidad de Oxford, Reino Unido, donde realiza una investigación sobre la economía política de la emigración de Puerto Rico. Irizarry Mora ha contestado todas nuestras preguntas. Todas sus respuestas son para ser compartidas con todos vosotros.
– Wilkins Román Samot (WRS, en adelante) – El proyecto de orden ejecutiva afirma que la independencia de Puerto Rico beneficiaría tanto a Estados Unidos como a Puerto Rico. ¿Cómo el fin de la dependencia de Puerto Rico de los fondos de Estados Unidos y permitir que los puertorriqueños determinen su propio futuro fortalece los principios democráticos en ambas naciones?
– Edwin Irizarry Mora (EIM, en adelante) – En primer lugar, deseo dejar claro que, como miembro del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), me reafirmo en el mecanismo de la Asamblea Constitucional de Status que ha propuesto y propone el PIP como la forma democrática de atender el problema de la situación colonial de Puerto Rico. En ese sentido, mis respuestas a las preguntas de esta entrevista representan mi opinión personal y se dirigen puntualmente a las premisas de cada pregunta.
Dicho lo anterior, paso a responder la pregunta: romperle el espinazo a la dependencia constituye el paso primordial para crear las condiciones para el desarrollo de un país independiente, que pueda sostener un modelo político y económico por sí mismo. Eso se conoce como desarrollo autosostenido, y ha sido la aspiración histórica del independentismo puertorriqueño, incluyendo a los/as distinguidos/as compañeros/as que redactan la propuesta “orden ejecutiva”. En ese sentido, culminaría un régimen antidemocrático en su sentido más amplio, y comenzaría a regir el destino del país un régimen fundamentado en principios democráticos, que beneficiaría tanto a Puerto Rico como a Estados Unidos. Terminaría, de esa manera, el régimen colonial vigente desde hace casi 127 años. La propuesta “orden ejecutiva” tiene la virtud de que motiva un debate fundamental para el futuro político y económico del país.
– WRS – El borrador de orden ejecutiva que se ha propuesto para la firma al Presidente estadounidense reconocería a la República de Puerto Rico como una nación independiente y soberana. ¿Cómo empodera este reconocimiento al pueblo puertorriqueño para ejercer la autodeterminación y construir una sociedad más democrática y libre de control externo?
– EIM – Si Puerto Rico adviene a su plena soberanía e independencia nacional, mediante el mecanismo procesal que se utilice, que permita la participación de todos los sectores ideológicos del país, se daría el primer paso para el proceso de auto determinación y, ciertamente, para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática. Esto presupone la culminación del control externo sobre Puerto Rico, es decir, del régimen colonial. Por primera vez en su historia el país comenzaría a participar en la comunidad internacional como una nación soberana, lo que implicaría que tendríamos todos los poderes inherentes a esa condición. Tal empoderamiento es la base para la participación justa e igualitaria que emplean todos los países soberanos en sus relaciones comerciales, diplomáticas y culturales con el resto del mundo.
– WRS – La propuesta de orden ejecutiva propone la creación de una Comisión de Transición Ejecutiva (CTE) que parece tendría un poder significativo durante la transición. ¿Qué medidas se deben implementar para asegurar que la CTE opere de manera transparente y responsable, respetando los procesos democráticos y la voluntad del pueblo puertorriqueño durante este período temporal de cesión y ejercicio del poder constituyente originario de Estados Unidos a Puerto Rico?
– EIM – Si la CTE actúa de la manera que aparece en la propuesta, no hay por qué dudar de que el proceso que coordinaría desde el primer día sería transparente. Por supuesto, esto presupondría que se han escogido las personas idóneas para dirigir ese proceso y, además, que se creen los mecanismos de fiscalización y auditoría que garanticen que todo lo que se propuso se va desarrollando tal y como se articuló desde el principio en la “orden ejecutiva”.
– WRS – El borrador también propone que Estados Unidos cree un fondo de reparación y transición de 20 años para apoyar el camino hacia la independencia de Puerto Rico. ¿Cómo debería manejarse la asignación y gestión de este fondo para asegurar que se utilice de manera eficiente y equitativa, promoviendo un desarrollo económico sostenible y fortaleciendo las instituciones democráticas en Puerto Rico?
– EIM – Desde que el PIP participó en el proceso de discusión del proyecto del senador estadounidense J Bennett Johnston (P del S 712), entre los años 1989-91 (HR 4765 en la Cámara, radicado por Ron de Lugo) se estableció un periodo de transición hacia una economía de país independiente, en aquella ocasión de 10 años. En el PIP siempre hemos sostenido que las asignaciones en bloque durante el periodo de transición a la independencia garantizarán que Puerto Rico pueda sentar las bases para una economía que se sostenga por sí misma (un proceso de desarrollo autosostenido) y que, por ende, elimine todo vestigio colonial y contribuya al proceso de desarrollo democrático e institucional. Debo añadir que, de aprobarse un periodo de 20 años para la transición propuesta, y con la cifra de $36,000 millones de dólares anuales, no cabría la menor duda de que el país tendría la base fiscal/financiera suficiente para la transición a una economía próspera. Por supuesto, esa inmensa cantidad de fondos tendría que canalizarse de manera racional, científica y tomando en cuenta la complejidad que revela el cuadro socioeconómico del país. Sería un fondo que contribuiría sustancialmente a erradicar la pobreza y la desigualdad, y para promover la creación de empleos y la generación de producción e ingresos, ambos requisitos indispensables para aumentar la capacidad productiva de Puerto Rico en el mediano y largo plazo.
– WRS – El borrador propone que Estados Unidos convoque a Puerto Rico a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución para Puerto Rico. ¿Cómo deben Estados Unidos y el propio Puerto Rico garantizar el proceso de selección de delegados a dicha asamblea de modo que refleje una representación amplia de la población puertorriqueña y un verdadero proceso democrático y participativo en la elaboración de la constitución que regiría el destino de Puerto Rico?
– EIM –El proceso de elaboración de las reglas que rijan una asamblea de status, como la proponemos en el PIP, consta de dos pasos fundamentales: el primero, utilizar el mecanismo de la asamblea para que el pueblo de Puerto Rico exprese sus preferencias entre alternativas no territoriales y no coloniales. Una vez culminado el proceso de ese primer paso, el segundo paso consistiría, precisamente, en la redacción de la constitución de la República de Puerto Rico, asumiendo que la independencia resultó favorecida por nuestro pueblo. En ambos pasos será fundamental que exista participación amplia de todos los sectores ideológicos, lo que garantizará que las personas (los delegados) que se elijan representen las distintas visiones de nuestro pueblo sobre este tema.
– WRS – ¿Cómo debería garantizar la CTE propuesta en el borrador de la orden ejecutiva la existencia de separación de poderes durante la redacción y aprobación de la nueva constitución?
– EIM – Si la CTE utiliza como marco de referencia la experiencia y la tradición democrática más que centenaria que ha caracterizado a Puerto Rico durante su historia moderna, no debería haber problema alguno con el reconocimiento de la separación de poderes. En otras palabras, la garantía del respeto a la separación de poderes, tanto en el escenario del proceso de transición a la independencia, como en los procesos posteriores, provendría del hecho irrefutable de que hemos sido, y somos, un país con una larga tradición de participación democrática, que tuvo su génesis mucho antes de la llegada de las tropas estadounidenses en 1898.
– WRS – El borrador aborda cuestiones de ciudadanía durante y después de la transición. ¿Cómo contribuirá la protección de los derechos de ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños y el reconocimiento de la doble ciudadanía a una sociedad más inclusiva y democrática tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos?
– EIM –Este es un tema apasionante y, al mismo tiempo, de extrema importancia para la mayoría de nuestra población adulta. Y no es de extrañar, dado el hecho de que 127 años de colonialismo bajo la bandera de Estados Unidos han creado un entorno de mitos y también de miedos colectivos que no serán fáciles de erradicar. En efecto, y amparándome en explicaciones sobre el tema que expertos como el Profesor de Derecho Constitucional, Carlos Iván Gorrín Peralta, creo que se ha avanzado mucho en la discusión de la doble ciudadanía y en el asunto íntimamente relacionado de la posibilidad de la “pérdida” de la ciudadanía de Estados Unidos, de Puerto Rico convertirse en país soberano. En ese sentido, tengo la seguridad de que con los avances que se observan a nivel internacional sobre este aspecto, en el futuro previsible será mucho más fácil explicar a nuestra gente, especialmente a quienes no creen en nuestra independencia nacional, que la doble ciudadanía es una realidad concreta hace muchos años en muchos países, es decir, que Puerto Rico no sería una excepción, y que tanto en Estados Unidos como en la comunidad internacional habría un reconocimiento de todas las posibilidades que han sido reconocidas en otros contextos nacionales.
– WRS – El borrador prevé un tratado entre Estados Unidos y un Puerto Rico independiente respecto a la política exterior y la defensa. ¿Cómo puede estructurarse este tratado para asegurar que se respete plenamente la soberanía de Puerto Rico y su derecho a la autodeterminación, al mismo tiempo que se fomenta una asociación democrática y mutuamente beneficiosa?
– EIM – A pesar de que bajo la administración Trump las reglas de juego sobre los asuntos relacionados con seguridad y defensa a nivel internacional han cambiado radical y unilateralmente, este es un tema sobre el cual prevalecen consensos que, por lo menos hasta el presente, se respetan. La ubicación geográfica de Puerto Rico y su rol en el comercio internacional, por no hablar de la presencia de una enorme inversión de capital privado estadounidense en distintos sectores de nuestra economía, son factores (no los únicos) que favorecen la firma de ese tratado para beneficio de ambos países, en un contexto de soberanía plena. Curiosamente, es preciso advertir que la única potencia que agrede, invade y derroca gobiernos en esta región, por lo menos durante más del pasado siglo y cuarto, es Estados Unidos. En ese sentido, la posibilidad de amenaza de intervención en Puerto Rico de otra potencia extranjera es y ha sido siempre muy remota, y precisamente es a los Estados Unidos a quien, por razones obvias, le conviene mantener esa realidad inalterada.
– WRS – Este borrador enfatiza los beneficios económicos. Más allá de los aspectos financieros, ¿cuáles son las ventajas más significativas de la independencia para Puerto Rico en términos de fortalecer sus instituciones democráticas, promover la justicia social y abordar problemas como la corrupción, la ineficiencia gubernamental y la desigualdad social?
– EIM –Esa es una gran pregunta. El vínculo entre la situación colonial y los esquemas de corrupción, la ausencia de justicia social, la ineficiencia en la gestión gubernamental y la desigualdad social, es y ha sido más que evidente en el caso de Puerto Rico. Lejos de mayor desarrollo institucional, lo que ha estado ocurriendo en el país de manera acelerada durante las pasadas tres décadas, ha sido, como dice el Profesor de Economía, Francisco Catalá Oliveras, el desmantelamiento institucional, como consecuencia directa de la visión neoliberal que ha imperado y que impera. Evidentemente, en la medida en que las personas a cargo de la administración pública en el contexto de la República de Puerto Rico, estén comprometidas con el servicio civil, con un plan abarcador de redesarrollo nacional y con la puesta en marcha de políticas (en todos los aspectos de nuestra vida colectiva) que respondan a los intereses y aspiraciones de las grandes mayorías de nuestro pueblo, lograremos sentar las bases para una sociedad nueva, basada en la solidaridad, en la cooperación, en la justicia y en la inclusión, en la acepción más amplia de estos conceptos.
– WRS – ¿De qué maneras avanzaría el cumplimiento de este proyecto en los derechos humanos en Puerto Rico y cómo permitiría el fin del status colonial avanzar a Puerto Rico en su autodeterminación y autogobierno?
– EIM –La autodeterminación de los pueblos constituye el primer paso para la garantía del resto de los derechos humanos. Partiendo del escenario socio-político que permita que nuestra población se exprese sin restricciones sobre el futuro del país, no debemos tener la menor duda de que sentaríamos las bases para un nuevo modelo basado en los principios de la soberanía y en las enormes ventajas de la independencia, así como de la participación en los ejercicios que definen la interdependencia a nivel global. El fin del status colonial es absolutamente necesario para que podamos presentarnos ante el resto del mundo con la dignidad y la responsabilidad que caracterizan a los países soberanos. Por supuesto, va a depender de nosotros el cómo empleemos eficazmente las herramientas de esa soberanía, para que el escenario de la independencia nacional se traduzca en un mejoramiento absoluto de las condiciones de vida de nuestra población, especialmente de los sectores más vulnerables.
– WRS – Si los estadistas y estadolibristas tienen propuestas alternativas a la independencia, como la estadidad jíbara y para los pobres o el gobierno propio mejorado para Puerto Rico, ¿por qué no consideran desarrollar un borrador alternativo de orden ejecutiva que avance sus ideas y que pueda ser firmado por el Presidente de Estados Unidos?
– EIM – No creo que ninguno de esos dos sectores tenga la intención (ni personas vinculadas a ellos) de presentar una propuesta de esa naturaleza, aunque no descarto que alguna persona frustrada por la imposibilidad de la estadidad, se aventure a algo como eso. No perdamos de vista que, en los círculos de poder en Estados Unidos, la consideración de una propuesta realista de estadidad para Puerto Rico está cada vez más lejos, y más cuando dirigentes históricos del PNP intentaron en otras épocas presentarle a los congresistas y miembros del ejecutivo federal, la posibilidad de que Puerto Rico conserve sus rasgos culturales, idioma, etc. Por otra parte, independientemente del mecanismo o los mecanismos que el liderato del PNP, así como el liderato del PPD, le propongan, tanto el pueblo de Puerto Rico como al Congreso y a Casa Blanca, tendrán que presentar un cuadro que refleje la realidad socioeconómica del país, es decir, no inventarse mundos “color de rosa”, porque las autoridades estadounidenses conocen dicha realidad. Estamos en tiempos en que toda propuesta de transformación del status político de Puerto Rico va a ser examinada rigurosamente, lo que impedirá que tanto el PNP como el PPD le “venga con cuentos” a quienes ostentan el poder colonial.
– WRS – ¿Qué obstáculos consideras que enfrentan los estadistas y estadolibristas ahora si presentan sus propuestas de estadidad jíbara y para los pobres o de gobierno propio mejorado a Washington, D.C., ya sea en el Congreso o en la Casa Blanca de Estados Unidos?
– EIM – Creo que parte de la respuesta la ofrecí al contestar la pregunta anterior, pero me gustaría añadir lo siguiente: en el análisis de los costos que conlleva mantener el status colonial de Puerto Rico en el futuro previsible (es decir, continuar con el ELA) y en el todavía más complejo análisis de anexar a Puerto Rico, las autoridades del poder ejecutivo y del poder legislativo de Estados Unidos siempre van a partir de una premisa fundamental: no van a tomar determinaciones que vayan en contra de los intereses de los Estados Unidos, tanto desde la perspectiva de su gobierno, como de los intereses de su sector privado. La historia demuestra que esto siempre ha sido de esa manera. Los acontecimientos recientes en el contexto del poder judicial estadounidense también resultan ser arrolladores, particularmente en el caso de los estadolibristas, y su discurso de que el ELA es la mejor opción para el país. Para los proponentes de la estadidad las posibilidades son aún más remotas.
– WRS – ¿Qué propusieron al respecto demócratas y republicanos en sus respectivas plataformas respecto al status de Puerto Rico que pueda guardar relación con el borrador de orden ejecutiva propuesto para la firma del Presidente de Estados Unidos?
– EIM – La referencia histórica pertinente es el proceso que se desarrolló entre los años 1989 y 1991 tanto en el Senado de Estados Unidos (P del S 712) de la autoría de J Bennett Johnston, como en la Cámara (HR 4765) de la autoría de Ron de Lugo. A pesar de que durante los pasados 34 años el tema ha sido traído ocasionalmente a la discusión en el contexto del poder legislativo federal, considero que la expresión más genuina y seria de las posturas de demócratas y republicanos con relación al tema del status político de Puerto Rico, ocurrió a fines de la década de 1980 y principios de la década de 1990. Las razones por las cuales el tema no “revivió” durante casi tres décadas y media son muy complejas, pero esencialmente tienen que ver con lo que ha planteado reiteradamente el Profesor de Derecho Internacional y Presidente del PIP, Rubén Berríos Martínez: al gobierno de Estados Unidos hay que forzarlo a considerar el tema de Puerto Rico, porque si no se pone la presión necesaria a demócratas y republicanos, estos no lo considerarán como un tema de importancia desde el punto de vista de los intereses de su país. Demás está añadir que, en el pasado proceso electoral, ninguno de los dos partidos nacionales principales de Estados Unidos le dio importancia al tema del status político de Puerto Rico en sus programas de gobierno.
– WRS – ¿Cómo consideras que se relaciona y conforma esta propuesta de orden ejecutiva al Plan 2025 y su ejecución por medio de órdenes ejecutivas por parte del Presidente de Estados Unidos? ¿Por qué puede el Presidente de Estados Unidos reducir al mínimo establecido por ley La voz de América en todo el mundo por orden ejecutiva, pero no podría reducir su poder ejecutivo de igual manera en Puerto Rico?
– EIM – Sin ser un especialista en el tema y, por ende, con el riesgo de equivocarme, tengo la impresión de que el resto de los sectores que tienen el poder para participar de una determinación de esa naturaleza (y de ponerla en marcha), en el contexto del ordenamiento constitucional de ese país, no le van a permitir al presidente de Estados Unidos encaminar una orden ejecutiva con tales propósitos.
– WRS – ¿Cómo consideras que se conforma o podría conformar esta propuesta de orden ejecutiva a un gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico que se reduzca al mínimo establecido en la Ley de relaciones federales vigente desde 1952? ¿Ya no ha comenzado a hacerlo por medio de órdenes ejecutivas para el beneplácito del gobierno propio de Puerto Rico?
– EIM – No tengo una respuesta precisa a esta pregunta, porque creo que aquí se plantea un elemento de especulación muy grande. Lo que sí creo pertinente mencionar es que, si en el verano de 2016, el entonces presidente de Estados Unidos, Barak Obama, firmó un proyecto de ley que creó la Junta de Control Fiscal (bajo la ley PROMESA), y que desde la ejecución de dicha ley se ha puesto a Puerto Rico en la situación absurda –el colmo del colonialismo—de que el país ni siquiera puede aprobar su propio presupuesto, entonces no debería sorprendernos ninguna determinación adicional, por antidemocrática que sea, del gobierno de Estados Unidos, sobre los asuntos de Puerto Rico.
– WRS – ¿Algo más que quieras decir sobre el borrador de orden ejecutiva propuesto para su firma al Presidente de Estados Unidos, el status y el derecho a la descolonización de Puerto Rico?
– EIM – Creo que la publicación de esa propuesta o borrador de “orden ejecutiva” ha motivado un debate mediante el cual podemos tener la oportunidad de expresar las distintas visiones sobre los mecanismos a nuestro alcance para resolver el problema colonial de Puerto Rico. En ese sentido, no sólo agradezco la oportunidad de expresarme sobre este tema, sino que es preciso darle la bienvenida a ese debate, que debe enmarcarse dentro de un proceso amplio de educación a nuestro pueblo.
Wilkins Román Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realizó estudios avanzados en Antropología Social y Derecho Constitucional.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.