El Estado guatemalteco, sin duda, es uno de los principales dispositivos que contribuyen a reproducir el racismo y la opresión contra los pueblos indígenas.

Una de las razones por las cuales se justifica hablar de un Estado capturado en Guatemala está dada en el reconocimiento del poder histórico que han mantenido las llamadas cúpulas empresariales.

Las estructuras y redes corruptas siguen haciendo de las suyas en Guatemala. Estas estructuras y redes, como es de conocimiento público, están articuladas por empresarios, políticos y criminales de exclusiva dedicación.

Un hecho destaca en la actual coyuntura política: el Estado está siendo controlado por un bloque de poder que en buena medida lo configura como un aparato mafioso.

Una flagrante violación de derechos humanos constituyó la acción represiva del Gobierno guatemalteco contra miles de hondureños que en caravana emprendieron el largo viaje hacia Estados Unidos.

El 15 de agosto ocurrió un hecho recurrente en la historia de Guatemala. En la comunidad Cubilgüitz (Cobán, Alta Verapaz) se perpetró un violento desalojo de 40 familias campesinas de origen q’eqchi’.

En el marco de una crisis que profundiza las condiciones de vulnerabilidad social del pueblo guatemalteco, el gobierno de Alejandro Giammattei ha cumplido la mitad de su primer año de gobierno dando muestras de autoritarismo e incapacidad gubernamental.

Guatemala inicia la fase de mitigación del covid-19 siendo un país con históricas y profundas desigualdades y vulnerabilidades producidas por un modelo económico y un Estado profundamente incapaces de solventar la problemática nacional. Estos son factores que sin duda explicarán el impacto de la pandemia.