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El Gobierno griego envía al Congreso una ley para afrontar la crisis humanitaria

Fuentes: Agencias

El Ejecutivo de izquierda de ese país inició el proceso para aprobar su primera ley, una norma para aliviar la situación de unas 300.000 familias pobres que marca un abrupto giro respecto de las políticas de ajuste que gobiernos anteriores implementaron para cumplir con sus acreedores internacionales. El viceministro de Finanzas, Dimitris Mardas, y la […]

El Ejecutivo de izquierda de ese país inició el proceso para aprobar su primera ley, una norma para aliviar la situación de unas 300.000 familias pobres que marca un abrupto giro respecto de las políticas de ajuste que gobiernos anteriores implementaron para cumplir con sus acreedores internacionales.

El viceministro de Finanzas, Dimitris Mardas, y la viceministra de Solidaridad Social, Theano Foti­u, analizaron ayer el borrador de ley que posteriormente fue trasladado a la comisión legislativa, paso previo a su llegada al pleno del Parlamento griego, informó el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

Se espera que este martes se inicie el trámite legislativo propiamente dicho en la Cámara baja, donde el proyecto de ley tendrá que ser debatido y aprobado por los diputados.

En esta primera etapa, la ley pretende combatir lo que se ha denominado crisis humanitaria en Grecia y mejorar la situación de 300.000 hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza. Ofrecerá a los más pobres luz gratuita hasta un máximo de 300 kilowatios hora al mes y fuentes gubernamentales han asegurado que se beneficiarán de la medida «todas aquellas familias que actualmente vivan sin luz».

Además prevé ayudas al pago del alquiler para 30.000 viviendas en arriendo durante un año, que podrán ser prorrogadas en 2016. Cada persona tendrá derecho a una subvención de 70 euros al mes, con un máximo de 220 euros para las familias numerosas. El pago de esta subvención, que estará exenta de impuestos y tasas, se realizará directamente al propietario de la vivienda para evitar cualquier tipo de abuso y, en caso de que el arrendador tenga deudas pendientes con Hacienda, la ayuda irá directamente a cubrirlas.

Finalmente, la ley prevé ofrecer bonos de alimentos para 300.000 personas, que recibirán cupones con los que podrán comprar comida. La cantidad de los cupones dependerá del número de miembros que formen cada familia y, según fuentes gubernamentales, no servirán para comprar en cualquier establecimiento, sino solo en aquellos que hayan decidido colaborar con el Gobierno.

Para elaborar la lista de las 300.000 familias con derecho a cualquiera de estas ayudas se tendrán en cuenta como prueba la declaración de impuestos y los ingresos de otras fuentes que no sean el trabajo. Las personas en paro que no presten declaración a Hacienda deberán firmar un testimonio en el que aseguren que carecen de ingresos y no reciben ningún tipo de subsidio.

Según datos de la Autoridad Helena de Estadística, a mediados de 2014 un 23,1 % de la población griega se encontraba por debajo del umbral de la pobreza y había un 28,8 % de pobreza infantil. Unos dos millones y medio de personas tenían ingresos anuales inferiores a 5.023 euros o se trataba de familias que vivían con menos de 10.547 euros al año.

Más ayudas

Más adelante están previstas otras ayudas a los más pobres entre las que figuran bonos para el uso del transporte público, la eliminación de un impuesto especial sobre el gasóleo calefactor, tratamiento médico gratuito y la reintroducción de la paga de navidad para las pensiones inferiores a los 700 euros.

Todo este paquete está previsto que cueste algo menos de 2.000 millones de euros y se pretende financiar mediante fondos europeos y la mejora de la recaudación fiscal.

La ley para la lucha contra la crisis humanitaria es el primero de cuatro proyectos que el Gobierno quiere empezar a legislar esta semana, si no se producen nuevos retrasos. Las otras tres leyes se refieren a la prohibición de los desahucios de la primera vivienda, la mejora de las posibilidades de pagar a plazos las deudas a Hacienda y a la Seguridad Social, y la reapertura de la radiotelevisión pública ERT, cerrada por el Gobierno anterior en junio de 2013.