La Comisión Europea tiene previsto proponer a los diferentes gobiernos de la Unión, la acogida de 120.000 personas refugiadas procedentes de Italia, Grecia y Hungría en los próximos dos años. Los tres países a los que correspondería una «cuota» mayor son Alemania (31.443), Francia (24.031) y España (14.931). Con esta propuesta a los gobiernos, la […]
La Comisión Europea tiene previsto proponer a los diferentes gobiernos de la Unión, la acogida de 120.000 personas refugiadas procedentes de Italia, Grecia y Hungría en los próximos dos años. Los tres países a los que correspondería una «cuota» mayor son Alemania (31.443), Francia (24.031) y España (14.931). Con esta propuesta a los gobiernos, la Comisión amplía una anterior del pasado mes de mayo, que consistía en la «reubicación» de 40.000 personas refugiadas que se hallaban en Italia y Grecia. Estas cifras son las que se manejan para hacer frente a la llamada «crisis de los refugiados», que en las últimas fechas se ha manifestado en los medios con imágenes de estaciones y trenes hacinados, o la de un niño sirio-kurdo ahogado en una playa al oeste de Turquía.
El alud de cifras, partidas presupuestarias, «cuotas» y «repartos» en los que se enzarzan los ministros de la Unión Europea, la inmediatez con la que se abordan los hechos, oscurece la profundidad de lo que está ocurriendo: las cifras de refugiados en el mundo son las mayores desde el final de la segunda guerra mundial. También pone en evidencia los números raquíticos que se manejan en Europa. Según el informe de ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los refugiados) «Mundo en guerra», unos 13,9 millones de personas se convirtieron en nuevos desplazados por los conflictos o las persecuciones en 2014.
Además, ese año se produjo el número de desplazamientos más elevado desde que se tienen registros, 59,5 millones de personas en todo el mundo (8,3 millones más que el año anterior). El número de personas obligadas a abandonar sus casas diariamente por los conflictos o las persecuciones (42.500 diarias) se ha cuadruplicado en cuatro años. Frente al denominado «drama europeo», los principales países de acogida son, según el informe de ACNUR, Turquía (1,59 millones), Pakistán (1,51 millones) e Irán (982.000). Además, las «regiones en desarrollo» acogían en 2014 al 86% de los refugiados del mundo.
El libro «El último holocausto europeo», de la periodista especializada en Derechos Humanos Susana Hidalgo, contribuye a la comprensión de los hechos en profundidad, más allá del ruido y la inmediatez. Porque la cuestión de los refugiados no sólo afecta a la Unión Europea ni es un fenómeno de hace un mes. «Las aguas que rodean Europa se han convertido en una inmensa lápida para los inmigrantes sin nombre», recuerda la periodista en el texto de la colección «A Fondo» de Akal.
Según el Observatorio Internacional para las Migraciones (OIM), entre enero y agosto de 2015 murieron 2.300 personas intentando atravesar el mar Mediterráneo, la mayoría en el Canal de Sicilia. Pero «también hay inmigrantes que han muerto asfixiados en contenedores llegados a Turquía, en trenes de aterrizaje en París o ahogados en maleteros minúsculos tratando de pasar escondidos la frontera ceutí», apunta Hidalgo. En Lampedusa (octubre de 2013) murieron 366 personas, en muchos casos niños y mujeres embarazadas que viajaban en una embarcación en busca de asilo y refugio. Además de esta tragedia, pocas voces recuerdan lo que ocurrió con un barco que en 2011 partió de Libia a Lampedusa: 61 personas murieron después de que un portaaviones de la OTAN denegara en aguas italianas auxilio a la barcaza.
En respuesta a la inmigración, Grecia levantó en 2012 una barrera en la frontera con Turquía (el hecho llevó a que las personas inmigrantes emprendieran rutas más peligrosas, como la del mar Egeo). Bulgaria construyó en la frontera turca otra valla, con el objetivo de frenar la llegada de inmigrantes sirios que huían de la guerra. Susana Hidalgo apunta también las situaciones a las que se enfrentan los inmigrantes que acceden al lugar de destino, por ejemplo Italia. El Observatorio Internacional para las Migraciones señaló en su día la explotación en el sector de la agricultura (recolección de fresas) y la construcción. Por este motivo en Calabria se produjo el arresto de empresarios locales. Asimismo, entre discursos amables y políticamente correctos, pocas conciencias se acuerdan de que en 2010, señala la autora de «El último holocausto europeo», «al gobierno francés no le tembló el pulso al proponerse expulsar a todos los gitanos no franceses que estuviesen en situación irregular». Entre enero y julio de 2015, fueron atacados 200 albergues para refugiados en Alemania, mientras que en todo el año 2014 se produjeron 170.
La UE, que en los discursos oficiales proclama valores democráticos y respeto por los derechos humanos, coexiste con lo que en el capítulo segundo del libro Susana Hidalgo llama «El negocio de la fortaleza europea». Frontex es la agencia europea encargada de gestionar las fronteras y el control de los flujos migratorios, también, explica la periodista, «de que haya beneficios para las empresas privadas». El director del Máster Universitario de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alicante, Carlos Gómez Gil, cita algunos ejemplos: empresas como Indra, Thales, Eads, Selex; grandes proyectos europeos de Investigación+Desarrollo como Perseus, Seabilla, Talos y Operamar, o compañías aéreas españolas como Air Europa o Swiftair (dedicadas a los vuelos de deportación de inmigrantes). La periodista rescata un dato demoledor: entre 2007 y 2013 la Unión Europea gastó entre 2007 y 2013 casi 2.000 millones de euros en la protección de sus fronteras, y sólo 700 millones en la mejora de la situación de las personas refugiadas. También se les paga a los países de origen -Libia, Argelia, Marruecos, Ucrania o Turquía-, que cuentan con sus centros de detención, para contener la salida de personas migrantes.
El diario El País recogía el 4 de septiembre de 2015 las declaraciones del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, David Cameron. «España va a tener una postura constructiva y positiva; a todas las personas que tengan derecho a asilo se les va a atender, y colaboraremos en ello con la Unión Europea». «Es un deber moral», concluyó Rajoy. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se refirió en Irán a una «tragedia de dimensiones tremendas que resulta inasumible para cualquier persona decente; España asumirá la máxima cuota (de refugiados) que pueda».
Sin embargo, el Informe 2015 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), señala que el número de personas que lograron solicitar asilo en España en 2014 fue «muy reducido», 5.947 personas, lo que supone el 0,95% del total de los 28 países que integran la UE. Desde la aprobación de la primera ley de asilo en 1984, agrega CEAR, sólo 180.580 personas accedieron a este procedimiento en el estado español, menos que en Alemania únicamente en 2014 (202.645 personas).
La retórica política y los discursos altisonantes se compadecen mal con los hechos. Se configuran huecos en la memoria que el libro de Susana Hidalgo contribuye a rellenar. Así, la periodista recuerda a un inmigrante senegalés, Sonko, que murió ahogado en septiembre de 2007 «porque agentes de la Guardia Civil de Ceuta pincharon el salvavidas con el que intentaba entrar en España; Sonko no sabía nadar, intentó subirse a la lancha de la Guardia Civil, pero los agentes se lo impidieron y le empujaron al mar; los hechos fueron condenados por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas». La abogada Patricia Fernández Vicens destaca en el libro que España «tiene muchísimas condenas de tribunales internacionales por no investigar hechos ocurridos en rescates». Otro caso que ya parece lejano es el de los 15 inmigrantes muertos en la playa de El Tarajal (febrero de 2013), cuando intentaron atravesar nadando la frontera entre Marruecos y Ceuta. La Guardia Civil disparó pelotas de goma y botes de humo, lo que les obligó a retroceder hacia el mar. El libro aborda asimismo las «devoluciones en caliente», a las que califica de «pornografía jurídica». Consisten en expulsar sin el respeto de las garantías jurídicas básicas, a los inmigrantes que traspasan la frontera entre Marruecos y España. Realidades que hoy se olvidan entre discursos que transitan entre el pragmatismo y el humanitarismo.
En julio de 1996 el gobierno de Aznar expulsó a 103 personas inmigrantes en un vuelo que partió de Melilla, y previo pago a los países destinatarios, recaló en Mali, Camerún, Senegal y Guinea Bissau. Los inmigrantes viajaron esposados, encapuchados y drogados con haloperidol. «Teníamos un problema y lo hemos solucionado», zanjó Aznar. Pero «la persecución al inmigrante se ha dado tanto con los gobiernos del PP como con el PSOE», resume Susana Hidalgo. La periodista recuerda que el 25 de enero de 2010, con Alfredo Pérez Rubalcaba a cargo de Interior, el ministerio repartió por las comisarías una circular para que la policía detuviera a los inmigrantes que no pudieran identificarse. Además se apuntaba a los barrios con alta concentración de extranjeros y se establecían «cupos».
Lo que se define como «crisis» y «problema», cuando no se caracteriza como «avalancha» o «invasión», también tiene que ver con el lenguaje y, por lo tanto, con los medios de comunicación. El periodista italiano Gabriele del Grande extrae una conclusión de la tragedia de Lampedusa: «Pocas veces se da voz en los medios de comunicación a los propios afectados». En muchos casos la palabra de los inmigrantes es sustituida por la de los expertos. En el último capítulo del libro («El lenguaje nunca es inocente»), Hidalgo pone como ejemplo el titular que El País resaltaba en la portada del 16 de febrero de 2014: «30.000 inmigrantes aguardan en Marruecos para saltar a Ceuta y Melilla». La periodista especializada en Derechos Humanos, que ha trabajado en diarios como El País y Público, desmonta el titular: «Una noticia totalmente absurda y sin fundamento para cualquiera que haya visitado el monte Gurugú, Nador o incluso Tánger». «Lo curioso es que el mismo periódico ya había titulado en octubre de 2005 una información exactamente igual, basándose en ese momento en ese momento en un informe de la Unión Europea», remata.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.