En marzo del año 2011 se inició la guerra de Siria. Según las cifras de Amnistía Internacional, cerca de 220.000 personas han perdido la vida y 12,8 millones requieren asistencia humanitaria urgente dentro del país. La organización de derechos humanos añade que el 95% de los más de 4 millones de refugiados sirios se distribuyen […]
En marzo del año 2011 se inició la guerra de Siria. Según las cifras de Amnistía Internacional, cerca de 220.000 personas han perdido la vida y 12,8 millones requieren asistencia humanitaria urgente dentro del país. La organización de derechos humanos añade que el 95% de los más de 4 millones de refugiados sirios se distribuyen entre sólo cinco países: Turquía (1,9 millones), Líbano (1,2 millones, lo que representa el 10% de la población), Jordania (650.000), Iraq (250.000) y Egipto (132.000). La población siria intenta huir del país desde el inicio del conflicto (más de la mitad de la población se halla en situación de desplazamiento) y muchos de ellos llenan campos de refugiados. Pero es en los últimos meses cuando la Unión Europea empieza a preocuparse por la denominada «crisis» de los refugiados y la «presión» migratoria. La fotografía de un niño de tres años, ahogado en una playa al oeste de Turquía, o las estaciones repletas de refugiados han herido la sensibilidad del viejo continente.
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha informado de que, entre enero y agosto de 2015, murieron 2.432 personas que intentaban acceder a Europa por mar, una cifra algo superior a la del mismo periodo de 2014 (2.081 personas muertas). Los cálculos responden a «estimaciones mínimas». Sin embargo, «parece que para la Unión Europea no existía (lo que se considera) un problema hasta hace poco», apunta el abogado y coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el País Valenciano, Jaume Durà. Puede que la opinión pública, debidamente inducida, perciba una «invasión», pero la gran mayoría de los refugiados del mundo no se hallan en la Unión Europea, sino en países «en vías de desarrollo». De hecho, según ACNUR, el 80% se hallan en países como Pakistán, Irán, Kenia, Afganistán o Uganda. Además, explica Durà, «ya se encargan los gobiernos europeos de cerrar las fronteras, de impedir que lleguen las personas migrantes; cada vez que el sistema Frontex bloquea los pasos fronterizos, dejamos a estas personas en manos de las mafias».
El único modo de solicitar asilo es llegar al territorio o a la frontera del país de acogida. Pero las barreras que la Unión Europea levanta a la llegada de personas migrantes impide en muchos casos que los perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas o de orientación sexual puedan ejercer su derecho a pedir protección internacional. «Podrían arbitrarse medidas inmediatas y sin ningún coste para que se pudiera solicitar asilo sin necesidad de jugarse la vida en el mar», explica el abogado de CEAR. Por ejemplo, «que la solicitud pudiera realizarse en embajadas y consulados de terceros países o que se otorgaran visados humanitarios».
Ante lo que el «imaginario» colectivo europeo entiende como desplazamientos «masivos», la UE ha diseñado un sistema de «cuotas» o «reparto» de la población refugiada. La Comisión Europea pidió en septiembre de 2015 a los países miembros que acogieran a 120.000 refugiados llegados de Italia y Grecia, que se agregarían a otros 40.000 propuestos en mayo. «La cifra es totalmente insuficiente», apunta Jaume Durà. Según Frontex (agencia europea encargada de gestionar las fronteras y controlar los flujos migratorios), 500.000 personas han llegado desde el pasado enero a las fronteras exteriores de la UE, la mayoría de origen sirio, afgano y eritreo.
La estrategia de la Unión Europea plantea muchas interrogantes, por ejemplo, que se planteen las «cuotas» de reubicación sólo para personas refugiadas procedentes de Siria, Iraq y Eritrea. «¿Qué ocurrirá con los refugiados de países como Palestina, Somalia o Uganda?», se pregunta el abogado. Otra de las medidas propuestas es que los países que se hallan en la frontera exterior de la UE, como Italia y Grecia, establezcan centros de registro, identificación y toma de huellas de las personas refugiadas, para que puedan ser reubicadas en los países de la Unión Europea en función de las «cuotas». Además, se plantea una lista de «países seguros», de los que no se aceptarían peticiones de asilo por razones políticas (se considera que respetan unos mínimos democráticos).
Con independencia de los números y los requisitos técnico-políticos, en Europa conviven una praxis y unos discursos aparentemente contradictorios, pero que no lo son tanto. Al gobierno de Hungría se le critica que levante vallas en la frontera con Croacia y Serbia, o las previstas en los límites con Rumanía. Pero CEAR ha denunciado que en la frontera de Ceuta y Melilla se producen «devoluciones sumarias e ilegales» a Marruecos, por parte del estado español, que «ponen en riesgo el derecho al asilo». Por otro lado, el pasado mes de agosto ACNUR señaló que en la ciudad francesa de Calais y otras zonas de la costa norte del país galo se hallaban unos 3.000 migrantes y refugiados. La agencia de Naciones Unidas para los refugiados informó del aumento en el número de muertes (al menos una decena entre junio y agosto) entre las personas que intentaron cruzar el Canal de la Mancha desde Francia hasta el Reino Unido.
Las reticencias del gobierno español a la acogida de refugiados choca con la tozudez de los hechos. Distintos ministros han recurrido a excusas como el «efecto llamada», las altas tasas de paro o la infiltración de yihadistas. Según el último informe de CEAR, el número de solicitudes de asilo en España durante 2014 fue «muy reducido», un total de 5.497 personas, lo que representa el 0,95% de los 28 países de la UE. A pesar de estos número raquíticos, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior acumulaba a finales de junio 12.055 expedientes de solicitudes de asilo sin resolver (2.250 correspondientes a menores de edad), la mayoría procedentes de Siria, Ucrania y Mali. «Es un sistema caduco, inoperante y que se halla en situación de colapso», afirma Jaume Durà. «Las citas para pedir asilo se están dando en las oficinas (desbordadas) a cuatro meses vista en Madrid, entre dos y tres meses en Valencia, y entre ocho y diez meses en Alicante». Las ONG han criticado la falta de presupuesto, personal y medios, en un país -España- que maneja cifras exiguas en comparación con otros países, incluso de la UE: el Ministerio del Interior alemán ha reconocido que en 2015 prevé 800.000 peticiones de asilo.
Un ejemplo de la demora del sistema en el estado español es el de Hasaf Memo, activista y refugiado kurdo de Siria que reside en Valencia. Solicitó el asilo en 2012 y la concesión se resolvió en 2015. Pero el problema no es sólo el montón de expedientes que se acumulan en las Oficinas de Asilo y Refugio. El magro interés, político y presupuestario, se extiende a las plazas de acogida. El gobierno español aprobó el 11 de septiembre una partida de 13 millones de euros para que CEAR, Cruz Roja y ACCEM crearan 500 nuevas plazas para acoger a personas refugiadas, que se añadirían a las cerca de mil ya existentes.
Riad Lakkis, médico y especialista en Oriente Medio y el Mundo Árabe, recuerda que los estados están obligados a asistir a las personas refugiadas «vengan las que vengan» y a darles asilo. «No son favores lo que el llamado mundo libre hace a esta gente que ha tenido que huir de la guerra y las masacres», ha destacado en un acto organizado en Ca Revolta (Valencia) sobre la guerra de Siria y las personas refugiadas. Resalta asimismo la «enorme» generosidad de la población española, pero no se trata de solidaridad, «sino de una obligación», que deriva de los convenios suscritos por los estados: el Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra (1951) o el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de Nueva York (1966).
Los datos de Amnistía Internacional apuntan que, desde el comienzo de la crisis siria se han ofrecido 104.410 plazas de reasentamiento, lo que equivale al 2,6% de la población total de refugiados sirios en Jordania, Líbano, Iraq, Egipto y Turquía. Por otro lado, el llamado humanitario de Naciones Unidas para los refugiados sirios ha recibido sólo el 40% de financiación. El informe de la organización de derechos humanos relaciona la falta de financiación con el hecho de que los refugiados sirios más vulnerables de Líbano reciban 13,50 dólares mensuales, o que más del 80% de los refugiados sirios que viven en Jordania lo hagan por debajo del umbral de la pobreza
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