Refugiados económicos o de guerra, víctimas del mismo sistema
Quince años después de su nacimiento, los movimientos de los «Sin Papeles» de Suiza continúan exigiendo la regularización inmediata y masiva de todas las personas que hoy no cuentan con un estatus legal y que viven y trabajan en el país. Su número, según diversas fuentes, oscilaría entre 90’000 y 300’000, incluidos miles de niños y adolescentes, muchos de los cuales nacieron ya como «ilegales» y continúan a ser discriminados.
A pesar de la movilización constante de importantes actores sociales y de innumerables campañas promovidas estos últimos tres lustros, las leyes suizas no contemplan la posibilidad de una normalización masiva de los «Sin Papeles». Sigue imperando la reglamentación de casos excepcionales («casos de rigor»). La que permite solo el tratamiento individual de situaciones especiales, con el argumento de «angustia probada».
Dicha reglamentación ha permitido la regularización el año pasado de 176 personas en el Cantón de Ginebra, una centena en el Cantón de Vaud, pero apenas de una persona en cada uno de los importantes cantones de Zúrich, Basilea o Berna.
Cifras insignificantes para un país con una población de más de 8 millones de habitantes, según la evaluación de Laetitia Carreras, una de las responsables del Centro de Contacto Suizos-Inmigrantes de Ginebra. Carreras señala que en uno de cada 17 hogares de Zúrich se emplea una persona sin permiso de residencia legal para ocuparse de la limpieza, de la atención de los menores o de personas dependientes.
En Ginebra, principal sede europea de las instituciones de Naciones Unidas -incluidas las que se dedican a la defensa de los derechos humanos-, paradójicamente, entre 20’000 y 25’000 familias protagonizan igual situación. Números que demuestran, ante la magnitud de este fenómeno, que «una respuesta global oficial es necesaria» enfatiza Carreras.
Momento de balance
Un centenar de representantes de diferentes horizontes, entre ellos de las asociaciones Sin Papeles; del mundo político helvético; del sector científico -encargado de elaborar varios estudios sobre el tema-, de comunidades latinoamericanas, se dieron cita el primer fin de semana de febrero en la capital, Berna.
La «Jornada de Reflexión sobre la Regularización de los Sin Papeles», convocada por las principales organizaciones de defensa de las personas en esta situación, reivindicó, en su declaración final, la necesidad de una «Regularización ya».
«Aunque parezca políticamente ilusorio en el contexto actual, esta cuestión no podrá continuar a ser ocultada en Suiza, sea en la perspectiva de los intereses económicos o de la dignidad de los seres humanos». En lo cotidiano, estas personas están presentes en todas partes, aunque se les pretenda hacer invisibles, enfatizaron los organizadores de la Jornada.
«Cada uno-a, independientemente de son estatus, tiene el derecho a la protección de sus derechos humanos». Con ese argumento contundente, Pia Oberoi, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Ginebra, introdujo la reflexión en Berna. Recordando las obligaciones que tiene el Estado suizo y enfatizando que la mejor protección que se les puede ofrecer a las personas sin un estatus de residencia, es la regularización legal.
En los últimos años, desde inicios del 2000 y hasta esta nueva crisis migratoria que acaba de explotar, 3 millones 500 mil personas han sido regularizadas en Europa, siendo Italia, España y Grecia los países que han dado pasos más significativos en esa dirección.
Regularización indispensable
El balance de los quince años de movilización social, muestra que se han dado pasos y avances importantes. «En particular haciendo visible esta problemática en la sociedad y facilitando que las personas sin estatus legal conozcan mejor sus derechos», subraya Laetitia Carreras.
Campañas nacionales como «Ningún niño es ilegal» (entre 2008 y 2011) y «Ninguna empleada doméstica es ilegal» (2013-2014), e internacionales, como «La Marcha Europea de los Sin Papeles y Migrantes» (en 2012), potencializaron ese avance de conciencia ciudadana.
Sin embargo, a nivel de derechos fundamentales, hoy como hace tres lustros, la «situación sigue siendo insostenible», agrega. Y por ello, «la regulación es indispensable», subraya la militante de la Plataforma de los Sin Papeles.
Refugiados económicos o de guerra, víctimas del mismo drama
La nueva realidad de la migración a nivel internacional, «me produce una gran indignación» subraya la militante boliviana Silvia Mariño, antigua empleada doméstica sin estatus legal y una de las promotoras de la Campaña que intentó legalizar a las trabajadoras empleadas domésticas de Suiza la que contó con fuertes apoyos de algunas de las principales centrales sindicales nacionales.
Especialmente, subraya, cuando los países ricos dicen que hay que cerrar las fronteras y buscan establecer una diferencia entre refugiados de guerra e inmigrantes económicos, agrega. «¡Tienen la memoria corta! No quieren aceptar que tanto las guerras que han promovido como la política económica globalizadora, que aumenta la miseria en las naciones frágiles del Sur, constituyen dos caras de la misma moneda».
No se puede olvidar que el drama central que se deriva de la situación que viven las trabajadoras y los trabajadores sin estatus legal, «son nuestros hijos», subraya Mariño.
«Son nuestros niños que nacieron y crecieron aquí pero no son reconocidos como ciudadanos dado que su situación depende de la de sus padres», enfatiza la dirigente asociativa en una reciente entrevista brindada a este corresponsal para swissinfo.ch.
Los hijos e hijas de los sin-papeles hacen hoy parte del mercado laboral aun con menos derechos que sus padres. «Son jóvenes sin experiencia, ni permiso, ni derechos», subraya. Sin olvidar también a «nuestros hijos que se quedaron en nuestros países de origen esperando el momento, que no nunca llega, de volver a encontrarse con sus padres», concluye.
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